“El CN ha cometido una aberración e invadido atribuciones de la Corte”

El diputado German Leitzelar declaró que el Congreso Nacional ha cometido una "aberración jurídica" que deberá subsanarse por la vía de la reconsideración del acta, en caso contrario la parte afectada podrá introducir un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Leitzelar es del criterio que los dos artículos contenidos en el decreto con el que se confisca la frecuencia de canal 8 y se pasa al Estado de Honduras "es ilegal por cuanto viola artículos constitucionales relacionados con la libre emisión del pensamiento, violentan en todo sentido el contexto del estado de derecho y la seguridad jurídica y, además, construyen un proceso de retroactividad de la ley al negar derechos adquiridos a la empresa que judicialmente los obtuvo a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia".

"En este decreto se está limitando el uso de las frecuencias, se está dando un privilegio a los gobiernos no solo para usar una frecuencia determinada sino que, además de esto, se está estableciendo que cualquier persona natural o jurídica puede tener una frecuencia otorgada, pero si al Estado le gusta o la tiene se la puede quitar", explicó Leitzelar.

Por otra parte, explicó que cuando hay conflicto de intereses, estos deben resolverse en el poder Judicial porque la Constitución de la República establece que la aplicación de la ley solo compete a los tribunales en los casos concretos, dictar y ejecutar las sentencias.

En este caso, el Congreso no tiene esas atribuciones. Por lo tanto, al adjudicar por la vía de un decreto la frecuencia de canal ocho al Estado, habiéndose dictado una sentencia a favor de una empresa en particular por los tribunales de justicia, el poder Legislativo está invadiendo las atribuciones de otro poder del Estado.

Si la persona afectada interpone una demanda de nulidad de este decreto ganaría el caso porque no solo se ha violado la Ley de Emisión del Pensamiento sino que en la disposición se está estableciendo un mecanismo de retroactividad para incluso quitar frecuencias de televisión a personas que tienen los derechos adquiridos para su uso y explotación.

Deja en precariedad la seguridad jurídica y estamos expuestos a que mañana haya un cambio de gobierno y que al nuevo presidente le guste un número de un canal y se lo mande a quitar porque dice que conviene a los intereses del Estado, sin que tengan primacía los intereses de los particulares y los intereses de la sociedad.

Vamos a pedir en la reconsideración del acta que se haga esta rectificación porque se está cometiendo un abuso, violentando garantías constituciones, y se está poniendo en riesgo el estado de derecho y se está rompiendo el principio de la retroactividad de la ley, así como la seguridad jurídica cae en un riesgo sin precedentes. Es una aberración jurídica y política y además se corre el riesgo de que se acuda a cortes internacionales.