Se incurre en delito al desobedecer sentencia: fiscal Henry Salgado

La Fiscalía contra la Corrupción inició un proceso de investigación por incumplimiento de la sentencia judicial firme que resuelve que Teleunsa es el operador único de la frecuencia de canal 8.

Se busca determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal por parte de uno o más funcionarios.

Sobre el particular, la Fiscalía recibió una denuncia sobre que el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, incumple la sentencia judicial. Hasta el momento no se ha confirmado algún indicio de desobediencia por parte de Conatel como autoridad nominadora, dijo el fiscal especial contra la Corrupción. Atendiendo la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, Conatel adjudicó la frecuencia de canal 8 a Teleunsa.

Sin embargo, persiste la resistencia en la Presidencia de la República en dejar de operar dicha frecuencia, al grado de desconocer una sentencia judicial y tratar de expropiarla vía decreto.

En caso de no dar la orden, los funcionarios de Conatel incurren en responsabilidad penal, advirtió el fiscal. "Al haber una orden judicial lo que procede es el cumplimiento de la sentencia", recalcó el fiscal. En enero de 2005 Teleunsa solicitó a Conatel dicha frecuencia; a pesar de que se encontraba en trámite, la Presidencia inició ilegalmente el mismo trámite administrativo.

El 15 de mayo de 2007 el Juzgado Contencioso dictó sentencia definitiva referida a que Teleunsa es el operador único de la frecuencia de canal 8.

La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones el 8 de octubre de 2007 y por la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 2008.

El 24 de septiembre de 2009 Conatel emitió la resolución No. AS 389/09, mediante la cual atiende cabalmente esta orden judicial, la que fue notificada a las partes.

"Esto tiene que cumplirse y el que desobedezca esa orden puede incurrir en responsabilidad penal", puntualizó. La Fiscalía contra la Corrupción conduce la investigación por el delito de desobediencia.

Entre las diligencias evacuadas está el tomar la declaración a varios funcionarios, entre ellos al presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. "Estas diligencias ya fueron evacuadas por el Ministerio Público, ya se tomó declaración a todas las personas en el caso de la denuncia", manifestó.

"Lo que estamos esperando es que se cumpla la ejecución de la sentencia", dijo, en relación a Conatel. Sobre lo que aconteció en el Congreso Nacional, dijo que este Poder del Estado tiene potestades de emitir, modificar y derogar leyes. "Pero las acciones que hay contra la ley ya las establece la propia Constitución de la República", indicó Salgado.