Confiscación del canal ocho fue premeditada

La confiscación de la frecuencia de canal 8 a Teleunsa fue metódicamente planificada por el Gobierno de la República, de acuerdo a informes de allegados a la empresa afectada.

Documentación en poder de EL HERALDO revela la trama para dar un zarpazo a la seguridad jurídica y un atentado a la libertad de expresión y la libre empresa.

No obstante existir una sentencia definitiva firme, emitida por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, que concede la legalidad a Teleunsa como operador único de la frecuencia de canal 8 de televisión, el gobierno esperó el momento oportuno para solicitar al Congreso Nacional (CN) la aprobación del decreto de confiscación.

Como aconteció en el gobierno de Manuel Zelaya y el de Roberto Micheletti, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo notificó a la Secretaría General del Ministerio de la Presidencia, el 19 de febrero de 2010, el contenido de la sentencia y resoluciones judiciales contenidas en el expediente 309-06, que otorga la frecuencia de canal 8 a Teleunsa, definiendo el asunto como cosa juzgada.

El pasado 3 de junio la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, contestó a dicha instancia judicial. En su contestación Guillén admite haber recibido la comunicación judicial sobre el particular, en su calidad de ministra de la Presidencia.

"La Secretaría General del Despacho Presidencial a mi cargo, como correspondía legalmente, abrió expediente administrativo número SDP-EA-015-2010 y se emitió la providencia administrativa correspondiente, de fecha 10 de marzo de 2010, teniéndose por recibida y poniendo en conocimiento de la misma, según su claro y específico libramiento, al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Comunicación y Estrategia, disponiendo además remitir, para todos los efectos legales correspondientes, una copia de la relacionada comunicación judicial a la Procuraduría General de la República como Representante Legal del Estado...", cita el segundo numeral del informe de Guillén.

El 1 de marzo de 2010, el Gobierno de la República, a través de Conatel, reconoce la propiedad de Teleunsa de la frecuencia de canal 8 al emitir el aviso de pago No. 46662, en el cual dicha empresa cancela la suma de 330,776 lempiras por concepto de canon y otros impuestos correspondientes. El canon es por el período del 21 de enero al 31 de diciembre de 2010, menos crédito a favor del operador por cobro de los años 2008 y 2009.

El 25 de junio de 2010, dada la comunicación judicial, Conatel emite un informe en el cual comunica que, "como le expresamos en el numeral anterior y en la comunicación judicial de fecha 23 de abril de 2010, hasta que se realice una inspección total a las condiciones técnico-operativas de la licencia autorizada, se dará cumplimiento al marco jurídico relacionado a instruir a las compañías de cable para que transmitan en su programación la señal de canal 8".

Cabe señalar que el informe de Conatel fue firmado por Máximo Jerez, presidente por ley de esa entidad, ya que su titular, Lidia Estela Cardona, se excusó de conocer el caso porque cuando fungió como magistrada de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Teleunsa como operador único de la frecuencia de canal 8.

Con todo el equipo instalado el 31 de agosto de 2010 Teleunsa notifica a Conatel del inicio de operaciones a nivel nacional, según se evidencia en la documentación era lo que esperaba la Presidencia de la República para dar su primer paso de confiscación.

Al día siguiente, el 1 de septiembre, con instrucciones de Porfirio Lobo Sosa, el viceministro de la Presidencia, Rodrigo García, envía al CN el oficio SDP-460-2010, en el cual remite el proyecto de decreto de reserva de uso exclusivo del Estado algunas frecuencias.

Sin tomarse el tiempo prudencial el CN aprobó al día siguiente el decreto para confiscarle a Teleunsa la frecuencia de canal 8.

No hay diálogo

El propietario de Teleunsa, Elías Asfura, se pregunta por qué se esperó a que montara todo el equipo, valorado en más de 100 millones de lempiras, para operar a nivel nacional y contratara a más de 180 empleados para que el gobierno y el CN le confiscaran el canal.

Asfura no entiende cómo un gobierno que pregona el diálogo, que espera que a través de ese medio los obreros y empresarios en nueve meses se arreglen con respecto al salario mínimo, en un día emita un decreto "a mata caballo" en el CN para confiscarle a Teleunsa la frecuencia, omitiendo lo que dictaron los tribunales.

Aseguró que en ningún momento fue llamado por el gobierno o diputados a dialogar, que la única vez que trató el tema con Lobo Sosa fue cuando este le pidió venderle la frecuencia.

El asesor legal de la Presidencia, Humberto Palacios Moya, dijo que el juicio lo perdió Conatel, no el Estado. Aseguró que se dieron muchas irregularidades en el proceso judicial, para favorecer a Teleunsa.

Trató de justificar la emisión del decreto de confiscación para solucionar un conflicto, a pesar de que el juicio ya está fenecido. "El gobierno actual jamás ha querido desobedecer una orden judicial", afirmó. Al respecto, Asfura pidió a los representantes del gobierno "dejar de mentir, la verdad siempre sale a flote".

"Me preocupa que estén mal informando al pueblo, por qué les cuesta decir la verdad", dijo. A su parecer el canal 20 sería de uso del CN y que con el pretexto que es del pueblo el gobierno se quiere apoderar del 8.

El diputado nacionalista Antonio Rivera discrepó con el decreto y anunció que interpondrá ante la cámara una reconsideración, por existir una sentencia definitiva firme que otorga a Teleunsa el derecho de operar la frecuencia.

Decreto hace peligrar la inversión: Empresarios

El sector empresarial está preocupado por el decreto que confisca la frecuencia de canal 8. "Realmente esta noticia nos sorprendió, la hemos tomado con mucha preocupación.

El mensaje no es el mejor, no es el correcto, el principio de respeto a la ley es lo que debe de prevalecer", dijo Óscar Galeano, ex presidente del Cohep. Para el empresario, en la Presidencia se confunde al asegurar que se promueve la inversión y luego se toman este tipo de decisiones. "Nos preocupa porque el mensaje que se manda es totalmente diferente", dijo, al referirse que lo que dicta el Poder Judicial lo otros poderes lo contradicen.

"Es a lo que más temor y pánico puede tenerle un inversionista", indicó Galeano, quien espera una rectificación. El sector empresarial analiza la posibilidad de no asistir lanzamiento del Programa Nacional de Inversiones que hará el gobierno y al que están invitados el empresario mexicano Carlos Slim y el ex presidente de EUA, Bill Clinton. Galeano calificó el decreto como "un craso error en el que no se midieron las consecuencias".