Decreto es un atentado a la Constitución y al Poder Judicial

la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah) condenó la aprobación del decreto que anula una sentencia definitiva firme.

Los funcionarios judiciales se pronunciaron al sentir que desde el Congreso Nacional y la Presidencia se atenta en contra de la independencia del Poder Judicial.

"A todas luces el decreto está en contra de la Constitución de la República, es un atentado a las facultades del Poder Judicial", afirmó el presidente de la Asojmah, Teodoro Bonilla.

"Estamos indignados, preocupados y asustados por la aberración jurídica que se quiere cometer. Es terrible, es entrar en un desafío del Poder Judicial, los gobernantes son los llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como tomaron el juramento", agregó. A juicio de la Asojmah, con el decreto se está dando un mal mensaje a la comunidad nacional e internacional, ya que cualquiera diría que en Honduras no existe seguridad jurídica al no cumplirse las sentencias de la Corte Suprema.

In seguridad

Al no existir seguridad jurídica se ahuyenta la inversión. Además, si un gobernante no cumple sentencias, cualquiera puede argumentar que no está obligado a cumplirlas.

Expuso comprender el temor que deben sentir los medios de comunicación porque en cualquier momento pueden ser confiscados.

Además de invadir la independencia judicial, Bonilla argumento que la Constitución prohibe la confiscación. "En su artículo 105 dice: Se prohibe la confiscación de bienes, la propiedad privada no puede ser limitada en forma alguna, solo cuando la ley establece", cita la carta magna.

En tal sentido la carta magna garantiza la seguridad jurídica en los bienes y derechos, que no puede ser restringida por voluntad política a través de un decreto.

Los funcionarios judiciales exhortaron a los diputados a reflexionar y rectificar el error, ya que la sentencia es cosa juzgada y es una facultad de los tribunales administrar justicia. "El Poder Judicial cumplió su función constitucional.

Cohep pide no ratificar acta

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) afirmó ayer que el decreto del Congreso Nacional que confisca la frecuencia del canal 8 es una afrenta a la decisión judicial, emitida en legal y debida forma y condenó la pretensión de incumplir sentencias judiciales "ya que de manera implícita sugeriría que cualquier ciudadano puede incumplir las leyes y los mandatos judiciales".

En un comunicado, dicen que la decisión del Ejecutivo junto al Congreso Nacional "envía un mensaje negativo a la comunidad empresarial nacional e internacional de que en el país existe un régimen de inseguridad jurídica".

El Cohep considera que los poderes del Estado tienen el derecho de poseer sus propios medios de comunicación, siempre que cumplan las leyes de la República y no vulneren los derechos de las empresas y los particulares que tuvieren un derecho previamente adquirido.

"Hacemos un llamado al pleno del Congreso Nacional para que el martes 7 de septiembre no ratifique el punto del Acta, ya que estarían aprobando una intervención estatal en asuntos que corresponde a los particulares. Hoy es un medio de comunicación, mañana se violentarán las concesiones en materia de radio, prensa escrita o cualquier otra actividad productiva".