Correa considera llamar a elecciones anticipadas

oras antes de que se desataran las protestas policiales y de diversos grupos sociales en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, y otras ciudades ecuatorianas, el presidente Rafael Correa analizaba la posibilidad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas, luego de que su bloque legislativo rechazara parcialmente una ley que regulará el servicio público y les quita beneficios a los policías.

Según informó la ministra de la Política, Doris Solís, el mandatario planeaba ir a la "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que lo faculta para disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales en caso de que los congresistas obstruyan la ejecución del plan de desarrollo, grave crisis política o conmoción interna.

La "muerte cruzada" es una de las posibilidades, nosotros estamos en un proyecto de cambio, necesitamos construir leyes de consenso", dijo la ministra a periodistas al calificar de "inconsecuencia" la actitud asumida en la Asamblea por un sector del oficialista Alianza País.

Ayer, Correa afirmó que el Congreso conspiró para intentar dar un golpe de Estado, poco antes de denunciar que un grupo de uniformados intentara entrar en la habitación del hospital en la que se encontraba.

El problema es que el Congreso conspira (...) engañando (...) tratando de dar un golpe de Estado", dijo Correa en una entrevista con la televisión ecuatoriana desde el hospital, al que fue trasladado tras ser agredido por un cuartel frente a las demandas de los uniformados. Poco después, Correa explicó: "Están tratando de introducirse aquí, a mi habitación, por medio de los techos estos policías en rebelión", dijo el mandatario a la radio pública.

"Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos. Yo solo quiero decirles que mi amor por la patria es infinito y que donde esté siempre amaré a mi familia", agregó.

Decenas de policías tomaron varios regimientos en las tres principales ciudades del país -Quito, Guayaquil y Cuenca-, un día después de que la mayoría oficialista aprobara una ley que regulará el servicio público y les quita beneficios.

Paralelamente, unos 150 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) tomaron la pista del aeropuerto internacional de Quito, a raíz de lo cual fueron suspendidas las operaciones aéreas.