Gobierno pagó 12,848 millones de lempiras por estatutos

La aprobación de regímenes especiales para favorecer a ciertos gremios profesionales provocó que el gobierno perdiera el control de la masa salarial.

En 1997, cuando el gobierno liberal de Carlos Flores Facussé aprobó el Estatuto del Docente, la asignación para cubrir el renglón de sueldos y salarios de la administración central era equivalente a 5.6% del PIB (3,453.4 millones de lempiras).

Trece años después de estar en vigencia ese régimen especial que se aplica en la educación pública y otros más, la factura salarial del gobierno es de 11.1% del PIB (32,235 millones).

"La creciente tendencia de la factura salarial se debe básicamente a los significativos incrementos legislados bajo regímenes de empleo separados, los que se aplican, principalmente, a los maestros y trabajadores del sector salud", concluye el Banco Mundial en un estudio titulado "Informe del Gasto Público".

Esa situación es la que ha obligado al gobierno de Porfirio Lobo Sosa a tomar medidas para contener la partida salarial, para lo cual el Congreso Nacional aprobó una iniciativa de ley para desindexar o separar del ajuste del salario mínimo los estatutos profesionales.

La acción es calificada de oportuna y correcta por el ex secretario de Finanzas, Arturo Alvarado, quien ha venido planteando en los últimos años la necesidad de promulgar una política salarial para todo el sector público.

Agrega que de no tomarse los correctivos oportunos, en el mediano o largo plazo, la totalidad de los ingresos tributarios serán absorbidos por los sueldos y salarios. Además, el funcionario sostiene que los estatutos han creado clases asalariadas privilegiadas en el sector público.

Impacto de los estatutos

Con la aplicación de los regímenes especiales, la masa salarial se disparó en la última década.

Estadísticas de la Secretaría de Finanzas revelan que solo los estatutos del docente, médicos y enfermeras representan un aumento entre 6% y 8% sobre la asignación presupuestaria para cancelar los beneficios adicionales para estos gremios profesionales de los que no gozan otros empleados y funcionarios públicos acogidos a otros sistemas retributivos como la Ley de Servicio Civil.

Entre 2006-2009, cuando la administración de Manuel Zelaya Rosales negoció un acuerdo especial para los maestros y revocó la Ley del Sistema Retributivo, el Estatuto del Docente tuvo un fuerte impacto en las finanzas públicas: en 2007 fue de 1,184.3 millones de lempiras, en 2008 aumentó a 1,195.2 millones y en 2009 se elevó a 1,205.3 millones.

Sin embargo, esa cifra es tres veces mayor a la que ese gobierno liberal otorgó a los empleados protegidos por la Ley de Servicio Civil, quienes recibieron 342, 343 y 362.5 millones de lempiras en los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente.

Pero desde la vigencia de los estatutos (1998-2009), el gobierno desembolsó 12,848 millones de lempiras para cumplir con las cláusulas económicas contenidas en cada régimen especial.

Solo el Estatuto del Docente ha consumido 11,410.1 millones de lempiras, o sea, el 88.8% de los recursos destinados por la administración central.

El Estatuto Médico 1,059.4 millones de lempiras y el resto de regímenes especiales han absorbido 378.1 millones.

William Chong Wong, secretario de Finanzas, dice que la situación financiera del gobierno central no ajusta para cumplir con las cláusulas económicas de los estatutos indexados al salario mínimo. Se estima que el impacto de un ajuste salarial significaría 1,324 millones de lempiras adicionales para los maestros y 700 millones para los docentes universitarios.

Regímenes especiales

Son ocho gremios los que están regidos por leyes especiales de empleo: docentes, médicos, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales, microbiólogos, odontólogos, enfermeras profesionales y docentes universitarios.

Sin embargo, solo el Estatuto del Docente y el Estatuto del Docente Universitario están indexados al salario mínimo, los restantes se ajustan en base a la tasa de inflación o acuerdos negociados.

La administración de Porfirio Lobo Sosa se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a promulgar una nueva política salarial, la que se espera entrará en vigencia a partir del 2012.