Honduras
Una comisión al más alto nivel trabaja en el análisis legal sobre el nuevo conflicto de tierras entre el empresario Miguel Facussé y el Instituto Nacional Agrario (INA) informó ayer la designada y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén.
La instancia es encabezada por el designado presidencial Samuel Reyes, quien dirigió en su momento las negociaciones entre el gobierno y los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) en el sector del Bajo Aguán.
La comisión se encargará de verificar la documentación que existe en torno a la propiedad de la finca El Tumbador, en donde la mañana del lunes un grupo de campesinos se enfrentó a varios guardias de seguridad al intentar invadir la propiedad, dejando un saldo de cinco labradores fallecidos.
"Estamos trabajando justamente en eso, el presidente desde que supo la situación ha dado instrucciones precisas... Hay una comisión trabajando conjuntamente con el INA y el designado Samuel Reyes, que ha sido parte de todo el tratamiento de esta temática", manifestó la presidenta en funciones.
Guillén aseguró que a efecto de mantener el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes, se mantendrá el contingente policial y militar en las zonas aledañas a la finca El Tumbador, en Colón.
La funcionaria indicó que desde el momento en que el presidente Lobo Sosa conoció el lamentable hecho, instruyó a las instituciones encargadas de velar por el orden y la paz que aseguraran la zona a fin de garantizar la vida de cada hondureño.
Sobre la investigación criminal producto de los asesinatos en la finca El Tumbador, Guillén señaló que ese extremo compete al Ministerio Público (MP), órgano que por mandato tiene a su cargo ejercer la acción penal pública y la investigación de los delitos. Por consiguiente, precisó que la Secretaría de Seguridad ha recibido las instrucciones pertinentes a fin de que cooperen con el MP para llegar con éxito al esclarecimiento de la comisión del delito.
El incidente en la finca El Tumbador el pasado lunes sacó a relucir un nuevo conflicto de tierras entre el INA y el propio representante de la Sociedad Exportadora del Atlántico, que asegura tener legítimo derecho sobre unas 570 hectáreas de tierra que se encuentran dentro de un predio de casi 5,700 hectáreas que fueron ocupadas por el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM).
Sobre el incidente, Facussé acusó al titular del INA, César Ham, de haber propiciado el sangriento enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad al aseverar que las tierras que ocupan la finca El Tumbador pertenecen al Estado sin antes dilucidar el caso ante los tribunales competentes.
El empresario calificó de "asesino" a Ham por jugar a la política y andar ilusionando a los campesinos con tierras que no les pertenecen.