La vía judicial no es solución inmediata; las partes deben negociar

La vía judicial no es el camino más expedito para solucionar el conflicto de tierras en el Bajo Aguán.

Este es el parecer del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Rivera Avilés, quien apuesta más por el diálogo directo entre las partes, con mediación del gobierno.

El Instituto Nacional Agrario (INA) se ha enfrascado en una crisis legal al pretender apoderarse de tierras en este sector de Honduras, en perjuicio del empresario Miguel Facussé, que alega que los terrenos son de su propiedad.

Producto de la crisis, al menos 20 hondureños, entre guardias y campesinos, han resultado muertos por los enfrentamientos.

"De nuestra parte sentimos mucho los sucesos que se están dando, creo que es necesaria una decisión un poco apartada de los tribunales para dar una solución inmediata o más rápida a este conflicto", expresó Rivera Avilés, mientras participaba ayer en un evento de transparencia en la ciudad industrial.

El magistrado lamentó que este conflicto de alguna manera empaña la imagen del país en el plano internacional y "no permite que haya seguridad en las inversiones".

"Por ello consideramos que se deben tomar medidas en donde haya acuerdos entre las partes en conflicto, de manera directa, sin esperar un largo proceso (judicial), porque es el tiempo lo que en este momento debemos acortar", expresó Rivera Avilés.

No se pronunció en este momento sobre quién tendría la razón, porque en un futuro podría conocer este caso y adoptar una resolución.

"Sin embargo, esperar a que esto se lleve a una solución a través de años de procesos judiciales no es lo que al país le conviene; al país le conviene, en este momento, un arreglo directo entre las partes con la mediación del gobierno", concluyó el presidente de la CSJ.

Investigación

Por su parte, el Ministerio Público (MP) inició investigaciones sobre las muertes ocasionadas por el conflicto de tierras.

La investigación le fue asignada a la Fiscalía de Derechos Humanos, quien ya inició diligencias en ese sector del país para esclarecer la muerte de cinco campesinos, informó Melvin Duarte, portavoz del MP.

Explicó que los guardias de las compañías de seguridad privada tienen las mismas obligaciones y deben actuar bajos los mismos presupuestos establecidos al igual que los cuerpos de seguridad del Estado.

Con respecto al embrollo legal de la posesión de las tierras, el MP inició un análisis orientado a determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad penal.