Tras acalorado debate, CN aprobaba presupuesto de 2011

El presupuesto del ejercicio fiscal 2011 era aprobado anoche por el Congreso Nacional, en un proceso en el que la mayor discusión se originó por el capítulo de las disposiciones generales, sobre todo aquellas cuyo contenido provocó suspicacias entre los diputados de las bancadas de oposición y del mismo oficialismo. El decreto contiene más de 190 artículos.

El presupuesto del ejercicio fiscal 2011 se mantuvo en la mesa de discusión desde el lunes en que ingresó para ser aprobado en primer debate. Es la primera vez, desde hace varias legislaturas, que el programa de gastos del gobierno es deliberado en horas del día y antes del 31 de diciembre, con motivo de la presencia en el país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos representantes se reunieron ayer, antes de iniciar la sesión, con las comisiones legislativas de presupuesto del CN.

"Batean" disposiciones

La aprobación en tercer debate inició a las ocho de la mañana y continuaba, anoche, al cierre de la presente edición, con el capítulo relacionado con el presupuesto de las instituciones del sector descentralizado. En este paquete, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aparece con el presupuesto más abultado. Son 19,000 millones de lempiras, casi igual al destinado al área de educación.

Durante el debate fueron eliminados varios artículos a pedido de diputados de la oposición y por miembros de la bancada oficialista, la que se dividió al momento de considerar que ciertas disposiciones violentaban la institucionalidad en el manejo de los respectivos presupuestos de algunas secretarías de Estado, sobre todo para defender el presupuesto de Soptravi y del Fondo Vial.

También fue eliminada, por violar la Ley de Contratación, una disposición referida a la compra indiscriminada de cemento en forma directa, así como otras disposiciones en las que el Congreso Nacional se abrogaba la atribución de decidir sobre el manejo de al menos 600 millones de lempiras, incluyendo el denominado Fondo de Desarrollo Departamental (400 millones de lempiras).

Al respecto, el secretario de Finanzas, William Chong Wong, se presentó al hemiciclo para hacer la aclaración en el sentido de que no se estaban creando partidas nuevas ni dando atribuciones de una secretaría a otra, u a otro poder del Estado para dirigir la ejecución de presupuestos que no le corresponden, sino que se estaba concentrando en una sola institución el manejo de programas y proyectos de determinada actividad en la que hay duplicidad.

Y es que causó suspicacia el hecho de que en las disposiciones se autorizaba al Poder Ejecutivo para que por medio de la Secretaría de Finanzas, y mediante el procedimiento de contratación directa, celebre contratos de suministro de cemento y materiales conexos con las empresas productoras de cemento de Honduras, para ser utilizados en la construcción y reparación de obras de infraestructura por las distintas instituciones gubernamentales que tengan como atribución esta actividad.

El diputado Toribio Aguilera dijo que esa disposición violaba la Ley de Contratación del Estado. También pidió que se suprimiera el artículo 119, que autorizaba a la Secretaría de Finanzas para que identificara dentro del presupuesto los recursos para atender programas y proyectos de carácter social para la generación de empleo y desarrollo comunitario, hasta por un monto de 240 millones de lempira, sin especificar a qué órgano del estado le iba a ser atribuido el manejo de esos dineros.

También provocó polémica, incluso entre diputados oficialistas, la disposición que en esencia buscaba quitarle a la Secretaría de Obras Públicas, y Transporte (Soptravi), y dársela al Congreso, la atribución de autorizar los pagos sobre conceptos de construcción y reconstrucción de caminos por mano de obra en todo el país y de construcción y mejoramiento de caminos rurales en zonas indígenas y obras de construcción. Por este concepto, se dijo, la asignación es superior a 190 millones de lempiras.

Al momento del debate se presentó al pleno el titular de Soptravi, Miguel Pastor, que luego de algunos cabildeos con diputados de su partido (32 en total apoyaron su posición) logró que tal disposición fuera eliminada del dictamen, una acción por la que también presionaron los diputados liberales y del Pinu.

Polémica sobre educación

El presupuesto de la Secretaría de Educación acaparó la atención de los diputados, que históricamente han sido los responsables de crear instituciones educativas públicas y plazas para maestros sin la correspondiente estructura presupuestaria.

En el debate quedó al descubierto que mediante ese proceso en los últimos años se han creado más de diez mil plazas en el sistema educativo y que, solo en el presupuesto de 2010, esa Secretaría de Estado se excedió en más de 700 millones de lempiras que no estaban programados.

La polémica se produjo en el artículo de las disposiciones generales, que establece que para ayudar al reordenamiento de la Secretaría el titular de la misma asumirá temporalmente, a partir de 2011, la exclusividad de los nombramientos, desplazando de esa función a los directores departamentales y distritales, a quienes se acusó de ser corresponsables del desorden.

Los liberales rechazaron la pretendida exclusividad que tendrá el titular de Educación en los nombramientos por representar un retroceso en la descentralización educativa, ya que todo trámite de personal, ya sea nombramiento o traslado desde cualquier lugar remoto del país, tendrá que ser turnado a Tegucigalpa.

El diputado Teófilo Enamorado indicó que la medida es contraproducente y traerá tortuguismo a la administración de recursos humanos educativos, además de que continuará el desorden y consecuentemente la protesta permanente del gremio magisterial en el próximo año.

El congresista sometió el tema a reconsideración, pero esto no fue aceptado por la bancada oficialista. La comisión de dictamen aclaró que la medida será temporal y que se están respetando los concursos para optar a plazas de maestros, así como el Estatuto del Docente.

Cifras aprobadas

En términos generales, el presupuesto de 2011 quedó distribuido así: el gobierno central 75,675 tendrá millones de lempiras y el sector descentralizado 57,613 millones de lempiras, mostrando una diferencia de más de 9,000 millones de lempiras con respecto a 2010, cuando fue de 124,000 millones de lempiras.

Según los economistas, el aumento de más de 9,000 millones de lempiras al presupuesto de 2011, en comparación con el de 2010, significa un incremento de 1,250 lempiras de carga tributaria anual por cada hondureño. Si se toma en cuenta a los 800,000 pagadores de impuestos, la carga tributaria se incrementará en 12,500 lempiras.

El director de Presupuesto, Roberto Zúniga, explicó que los gastos de 2011 son financiados en un 80 por ciento con recursos captados de los contribuyentes y el resto con dineros de préstamos de las fuentes de financiamiento externo.

Indicó que el plan de gastos del gobierno está en los mismos términos de 2010, salvo aquellas asignaciones donde por ley corresponde aplicar un incremento, como el 6 por ciento a la Universidad Nacional, el 3 por ciento al Poder Judicial y el 8 por ciento a las municipalidades, aparte del crecimiento de la deuda pública.

El servicio de la deuda pública absorberá el 57% del incremento total del presupuesto de 2011, al pasar esta partida presupuestaria de 7.415.8 millones de lempiras en 2010 a 13.191.3 millones en 2011.

Zúniga también explicó que los sueldos y salarios del sector público se calculan en unos 32,000 millones de lempiras, igual que este año. En tanto, subrayó que el incremento del 9.3% en el presupuesto es para pagar préstamos e intereses, las transferencias a las municipalidades y para cubrir el bono 10,000.

Tal como informó EL HERALDO, la partida destinada a la inversión pública quedó en 8,916 millones, de los que la región de Desarrollo del Distrito Central recibe la mayor asignación presupuestaria con 3,291 millones de lempiras, seguida del valle de Sula con 1,510.7 millones y el valle de Comayagua con 1,066 millones. Estos presupuestos incluyen gastos en salud, educación, infraestructura y seguridad, e impulsos de proyectos de agricultura y ganadería.

Las disposiciones

Entre las medidas extremas, el presupuesto de 2011 ordena a los ejecutores del mismo presentar la liquidación trimestralmente a los órganos contralores del Estado, acompañada de un informe de resultados con copias al Congreso Nacional para su correspondiente evaluación.

Los funcionarios de Estado deberán observar las medidas de contención del gasto y lo dispuesto en la ley, so pena de ser sancionados con multas de cinco mil (5,000.00) y hasta veinte mil (20,000.00) lempiras.

Hay disposiciones que no están quitando objetivos sino haciendo el traslado de una secretaria a otra, porque hay muchas que tienen duplicidad de actividad incluso en generación de empleo; si cinco ministerios hacen lo mismo, el presupuesto se dispersa, es por esa razón que se hacen esos traslados.

Todos las instituciones públicas y privadas que reciban transferencias, subsidios y donaciones del Estado están obligadas a liquidar los valores recibidos ante el Tribunal Superior de Cuentas y contar con el respectivo finiquito de este. Asimismo, previo a cualquier desembolso, deberán presentar ante las Comisiones de Presupuesto I y II del Congreso Nacional la documentación que demuestre el origen de estos, su situación legal, sus objetivos y metas, para determinar si se han estado cumpliendo la función para la cual fueron creadas.