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Honduras: Las 10 denuncias del 2010

Los casos van desde el negocio fraudulento de licores, el concesionamiento arbitrario de la represa José Cecilio del Valle, el festín de permisos de operación de taxis y buses
15.12.10 - Actualizado: 15.12.10 10:00pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

A pesar que los actos de corrupción y los actos contra la ética laceran los intereses de la sociedad, los hondureños hasta cierto punto se muestran indiferentes y complacientes con esta descomposición.

No así el El Heraldo, que durante 2010 investigó varias denuncias de acciones ilícitas y contra la moral, logrando involucrar a los organismos operadores de justicia para que ellos confirmaran las acciones ilegales y tomaran las medidas correspondientes.

Los casos van desde el negocio fraudulento de licores, el concesionamiento arbitrario de la represa José Cecilio del Valle, el festín de permisos de operación de taxis y buses, la politización del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y compras ficticias en la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco), hasta la lujosa remodelación de la oficina del titular de la Secretaría de Industria y Comercio, así como los lujosos vehículos para el ex presidente Manuel Zelaya.

Como resultados de estas denuncias, las tiendas libres fueron cerradas, el concesionamiento fue detenido, a la directora del Proheco le dictaron auto de prisión y se le suspendió del cargo y el ministro de Industria y Comercio fue separado de su cargo.

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Aduanazo: fraude millonario

El comercio fraudulento de whisky, ron, vodka y tequilas en las diferentes Tiendas Libres (Duty Free) ubicadas en las aduanas del país dejaba incuantificables pérdidas económicas al fisco.

Estas bebidas que ingresaban por las tiendas libres, la mayor parte eran vendidas sin ningún control a ciudadanos nacionales. Las Duty Free operaban sin regulación en las aduanas terrestres y marítimas, así como en restaurantes y hoteles, contraviniendo la ley que las regula.

Un análisis y monitoreo de la firma Internacional Wine & Spirit Institute (IWSR) realizado en el 2009 establece que en Honduras se venden 14,000 cajas de Johnnie Walker Black Label al año, sin embargo, la empresa que tiene la representación para distribuir ese producto en el país solo importa 2,600 cajas, mientras las restantes 11,400 son ingresadas por las tiendas libres.

Además entran 8,500 cajas de Johnnie Walker RedLabel, pero la distribuidora solo vende 700 cajas, las restantes 7,800 son importadas por las Duty Free. Honduras también importa 20,000 cajas anuales de otras bebidas como vodkas, tequilas y ron, de las que casi el 85% son comercializadas por las tiendas libres.

Solo por las 19,000 cajas de Johnnie Walker Black y Red que las tiendas libres introducen, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) deja de recaudar entre 60 y 70 millones de lempiras. Asimismo, por las 20,000 cajas de otros whisky y otras bebidas, el fisco pierde entre 90 y 100 millones anuales.

Separan a ministro por dádivas

Utilizando dinero que le dio la empresa privada, Óscar Escalante, entonces ministro de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) remodeló su oficina instalándole todos los lujos.

A comienzo de la administración de Porfirio Lobo Sosa, varios funcionarios, entre ellos los ministros, firmaron un compromiso de sujetarse a las normas éticas del buen servidor público. Este Código de Ética establece que los funcionarios no deben aceptar regalías de ningún tipo.

El siete de noviembre, EL HERALDO expuso ante la opinión pública la pomposa remodelación de la oficina del ministro de la SIC. Los lujosos materiales importados, así como el trabajo de quienes ejecutaron la obra se pagó con 730 mil lempiras que le dio el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Sin embargo, esa cantidad de recursos no fue suficiente para cubrir los gastos, resultando un exceso que supera más del medio millón de lempiras que nadie se responsabiliza a pagar.

El presidente del Cohep, Santiago Ruiz, aceptó que la remodelación se hizo con fondos que donaron unas 62 empresas y no encontró problema en eso. El presidente Porfirio Lobo Sosa tras inspeccionar la opulenta oficina, determinó suspender a Escalante, mientras se determinaba si el funcionario cometió ilegalidad o sus actos reñían con la ética. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que Escalante violentó el Código de Ética y sugirió su separación definitiva. La Fiscalía Contra la Corrupción también investiga las acciones del ex funcionario.

Corrupción en Cocesna

El mal manejo de los recursos que provee la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna) al Estado hondureño quedó en evidencia luego que se conociera el uso de 250 mil dólares en la construcción de la pista de El Aguacate, en Catacamas, Olancho.

Según investigaciones, el presidente ejecutivo de Cocesna, Bayardo Pagoaga, desvió a una cuenta bancaria personal los fondos que ese organismo aprobó para la construcción de la mencionada terminal aérea.

Cocesna erogó 4.8 millones de lempiras para esa obra, pero Pagoaga hizo que la persona contratada para hacer el inmueble, identificada como Amado Flores, depositara esos fondos en una cuenta de cheques mancomunada con Adán Flores, hijo del encargado de edificar la terminal. Pagoaga sacó parte de esos fondos, unos 700,000 lempiras, para hacer una pequeña terminal y el resto se quedó en la cuenta bancaria del funcionario. Por otro lado, una auditoría del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de Integración Centroamericana (CFR-Sica) también reveló la utilización del nombre de Cocesna para la emisión ilegal de las exoneraciones.

Entre las exoneraciones está la introducción de carros sin pagar impuestos. Los automotores tenían que registrarse a nombre de la institución regional, "sin embargo, los vehículos adquiridos no son propiedad de Cocesna, sino de algunos funcionarios", precisó el informe.

La Fiscalía Contra la Corrupción aseguró que investigaría el caso, pero ha la fecha no ha presentado resultados.

Lesiva concesión de represa Nacaome

Luego que en enero EL HERALDO denunciara la turbia concesión por 25 años de la represa José Cecilio del Valle, la negociación fue derogada posteriormente por el mismo Congreso Nacional.

A finales de 2009 el Congreso Nacional entregó la obra a la Compañía Eléctrica Nacaome Sociedad Anónima (Enasa).

Este consorcio italo-hondureño, prometió dar un millón de lempiras anuales al Estado, así como el cinco por ciento de las utilidades obtenidas por la generación de energía eléctrica.

La represa, más conocida como Nacaome, fue construida para la irrigación de los cultivos de la zona sur, así como para la dotación de agua potable, pero luego se le agregó el componente de generación de 30 megavatios de energía eléctrica, y últimamente sobre su espejo de agua se producen tilapia para el comercio interno. La información de la entrega de la represa, cuando el titular del Poder Legislativo era José Alfredo Saavedra, unió a las comunidades del sur, quienes exigieron la derogación de la adjudicación.

El 24 de febrero, el legislativo anuló el contrato luego que una comisión dictaminara que este lesionaba los intereses del Estado, como se constató en los informes realizados por las instituciones contraloras y fiscalizadoras.

En el desarrollo de este caso también se descubrió que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) arbitrariamente imprimió dos gacetas con el mismo número, una donde aparecía la concesión y otra donde no se mencionaba.

RNP, víctima de traficantes

Una vez más EL HERALDO demostró que el tráfico de documentos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) continúa imparable.

La obtención de un documento falso en esta institución no es nada complicado. Los tramitadores pueden sacarle desde una partida de nacimiento falsa, una certificación de matrimonio inexistente o una partida de defunción cuando el cliente aún está vivo.

Hace cuatro años este medio de comunicación demostró lo fácil que es obtener documentación falsa en el RNP. En ese entonces las autoridades dijeron que harían una limpieza del personal que se prestaba a estos actos ilegales.

A principios de este año EL HERALDO, nuevamente demostró que el saneamiento nunca se realizó y que el tráfico de documentos se ejecuta a plena luz del día y ante los ojos de las autoridades.

Festín en Transporte

Entre enero de 2009 y enero de 2010 las autoridades de la Dirección General de Transporte repartieron sin control más de 1,614 permisos de explotación de buses y taxis.

La montaña de licencias, se agrandó en la agonía del gobierno interino de Roberto Micheletti. En el escándalo, de nuevo, apareció el nombre de Rosario Bonano, entonces ministro de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).

EL HERALDO tuvo acceso a informes y documentos en los que se muestra que en muchas ocasiones las licencias se dieron sin seguir los procedimientos administrativos legales, o los favorecidos estaban inhabilitados para operar.

Solo en enero de 2010 se entregaron 868 permisos, esta cantidad representó un 50% de las licencias entregadas mediante procedimientos ilegales, en un año.

Políticos asaltan Proheco

Utilizando el decreto legislativo 04-2010, Yuny Goldberg, entonces coordinadora general del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) ordenó cancelar los contratos de centenares de maestros, violentando las reglas del modelo educativo.

En lugar de los mentores despedidos, los coordinadores y supervisores departamentales de Proheco, junto con alcaldes, regidores y diputados colocaron activistas del Partido Nacional. Los maestros y padres de familia, agrupados en las Asociaciones Educativas Comunitarias (Aeco) con personería jurídica, denunciaron los hechos ante el Ministerio Público. La Fiscalía de las Etnias requirió judicialmente a Goldberg y los juzgados le dictaron auto de prisión y la suspendieron del cargo. Ante tal situación el Congreso Nacional aprobó un decreto para evitar que vaya a la cárcel.

Porsche para “Mel” Zelaya

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) recuperó 1,313,778 lempiras por concepto de pago de impuesto por la importación de un vehículo Porsche Cheyene 2010 luego que fuera declarado en abandono.

En un principio se conoció que el vehículo venía consignado a Dariela María Pineda, novia del hijo menor del derrocado presidente Manuel Zelaya, que hoy vive en República Dominicana.

Fue hasta este país, que la empresa Alemautos Panamá, SA pidió a la DEI reexportar el lujoso automotor.

Como la DEI desestimó tal petición, y comenzó los trámites para rematarlo, entonces apareció José Mauricio Rosales Cardoza, diputado suplente por Yoro, como otro consignatario, quien al final pagó los impuestos de introducción del Porsche Cheyene.

Compras ficticias

De los 100 millones de dólares donados por la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba) a la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco) solo hay registro de dos millones.

La acta número 02-2009 dice: "se desconoce el destino final de esos fondos, ya que solo especifica que se recibieron, pero no fueron depositados en ninguna de las cuentas de la Copeco".

De los únicos dos millones de dólares registrados y manejados por Copeco existen evidencias del mal manejo, según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). De acuerdo con documentos de Copeco, una parte del dinero se utilizó en la compra de 1,975 quintales de frijoles, a un costo de 911.63 lempiras cada uno. Pero una inspección realizada en la regional de Comayagua concluye: "se constató que 973 quintales de frijoles existentes fueron donados por el gobierno de Francia" y Copeco los reflejó como gasto.

Despilfarro en Inprema

El saqueo del dinero, bajo la confabulación de la dirigencia magisterial, tiene en pena al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

Actualmente esta entidad presenta un acumulado de 9,735 docentes por jubilarse, sin embargo, no podrá cumplir con esa obligación pues para ello necesita 87,993.48 millones de lempiras, un monto muy superior a sus reservas de 16,000 millones. O sea que tiene un déficit "actuarial" de 71,993.43 millones.

Una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a ese instituto detalla el despilfarro de recursos en empleados improductivos, préstamos para vivienda y construcción de edificios, millonarios pago a profesionales del derecho y en contrataciones de emergencia. Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) corroboró las irregularidades en el Inprema, denunciadas por EL HERALDO.

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