"Pepe" Lobo dejará más burocracia en Honduras

La reingeniería del Estado ha sido en Honduras tema de interés público durante los últimos años.

Sin embargo, la reorganización de la administración central ha respondido más a compromisos de campaña que a una verdadera reorganización de las funciones públicas.

Lo anterior se evidencia con la creación de dos nuevas oficinas públicas en la administración del nacionalista Porfirio Lobo Sosa, lo que vendrá a consumir más ingresos de las recaudaciones tributarias, especialmente destinados a la masa salarial.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños fueron creadas a finales del año pasado, a pesar de una serie de cuestionamientos de varios sectores de la sociedad hondureña.

Los señalamientos van desde la duplicidad de funciones hasta la erogación de más recursos para cancelar salarios. Las autoridades alegan que las funciones de estas dependencias son distintas a las que cumplen otras oficinas como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y el Centro de la Cultura Garinagu. En total son 52 instituciones las que integran la administración central.

Derechos humanos

El gobierno Lobo Sosa creó el año pasado la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la que dirige Ana Pineda, y tiene asignado para su funcionamiento 35 millones de lempiras durante 2011. Para 2012 se proyecta que recibirá 41.5 millones, para 2013 otros 41.5 millones y para 2014 otros 41.5 millones.

De 2011 a 2014, esa institución habrá consumido 159.5 millones de lempiras, según las estimaciones oficiales. Pineda dirige sus labores desde Casa de Gobierno, pero próximamente trasladará sus oficinas a un edificio cercano a la sede del Poder Ejecutivo, en el que se efectúan trabajos de remodelación.

De los 35 millones aprobados para este ejercicio, casi el 83% (29 millones de lempiras) son destinados para cubrir la masa salarial, que incluye sueldos y aportes patronales. De esa cantidad, los sueldos básicos, o sea los 12 salarios ordinarios, significarán 22,978,000 lempiras. Por el momento no se conoce el número de funcionarios y empleados que acompañan a Pineda en sus labores.

Etnias

La Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños tiene una asignación presupuestaria de 35 millones de lempiras para este año. Se estima que al finalizar la presente administración habrá recibido un total de 140 millones de lempiras.

El presidente de la República nombró a Luis Green para dirigir esa dependencia. De la cantidad de recursos aprobados, los gastos en salarios sumarán 20 millones, o sea 57.1% del total.

En los 12 salarios ordinarios se erogarán 13 millones de lempiras. La misión de esa institución es brindar un servicio eficiente y pertinente a la solución de los grandes desafíos que han sumergido a los pueblos indígenas y afrohondureños para la transformación y el desarrollo con identidad de sus pueblos, mediante la atención responsable con personal comprometido y debidamente capacitado.

Cuando Porfirio Lobo Sosa juramentó a Green en ese cargo, el 30 de noviembre del año pasado, dijo que estaba cumpliendo uno de sus compromisos de campaña, a fin de que nunca vuelvan a quedar relegadas las etnias de los beneficios de la democracia. La Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños ya funciona en su propia sede.

¿Y la reingeniería?

La cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil hondureña han venido demandando la reingeniería del Estado. El reclamo se fundamenta en el tamaño del aparato burocrático, para lo cual se han elaborado una serie de estudios tendentes a reorganizar la función de varias oficinas públicas.

Contrario a las recomendaciones de fusionar algunas instituciones y cerrar otras, los gobiernos han aprobado la creación de nuevas oficinas, las que se han convertido en fuentes de empleo para los políticos y funcionarios.

De acuerdo con estadísticas del Banco Central de Honduras (BCH) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Producto Interno Bruto correspondiente al año 2010, en términos nominales, sumó 291,036 millones de lempiras, de los que el gobierno y las instituciones desconcentradas contribuyeron con 121,990.2 millones, equivalente a 41.9% del total.

Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ha venido insistiendo en la necesidad de reducir el aparato burocrático, pero su propuesta no ha encontrado respuesta en los últimos gobiernos.

Representantes de organismos de cooperación financiera acreditados en Honduras prefieren no brindar ninguna declaración sobre el tema para evitar malas interpretaciones de las autoridades.

Uno de los funcionarios consultados de uno de los organismos dijo que "no podemos desconocer que han habido avances en el desempeño de la administración pública de Honduras, pero a veces los cambios de nombres de las instituciones no son las acciones correctas para mejorar los indicadores de eficiencia en la prestación de servicios, lo que se necesita son verdaderos procesos de reingeniería que respondan a las necesidades actuales".

Agrega que muchos países han impulsado con buenos resultados procesos de reestructuración institucional, ya que en su organigrama había más de una oficina pública haciendo la misma función.

La Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas fueron creadas sin ningún estudio de la estructura organizativa de la administración pública, de acuerdo con el funcionario de un organismo financiero acreditado en Honduras.

Más burocracia

Pese a las severas crisis fiscales que ha registrado la administración pública en los últimos años, los gobiernos de turno no han adoptado medidas para reducir la burocracia.

Al contrario, la empleomanía denota un incremento. Una publicación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revela que el número de asalariados del sector público ha experimentado un considerable aumento en los últimos años.

De 2001 a 2010, la cantidad de empleados públicos pasó de 166,417 a 194,720 personas, lo que representa un incremento de 28,303 en ese período. Ese número de asalariados incluye personal permanente, por contrato y jornales del gobierno central y de las instituciones desconcentradas.

De los 194,720 empleados públicos reportados al año pasado, 153,898 laboran en el sector urbano y 40,821 en el área rural. Respecto a la masa salarial, la Secretaría de Finanzas proyecta que aumentará de 31,597 a 35,491 millones en el período 2011-2014, o sea 3,894 millones más para cubrir la nómina de los empleados públicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a la administración Lobo Sosa reducir la masa salarial respecto al PIB a 9% en los próximos tres años.