Destinarán 324 millones de lempiras para mejorar calidad educativa

Las comisiones de presupuesto del Congreso Nacional han identificado hasta ahora la cantidad de 324 millones de lempiras de fondos nacionales para orientarlos al mejoramiento de la calidad educativa.

Estos dineros serán reorientados a proyectos de construcción y reparación de edificios escolares, dotación de equipos y mobiliario escolar, así como a reforzar el presupuesto destinado a otorgar incentivos a maestros y alumnos en el marco de la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública y a la Participación Comunitaria.

El presidente de la Comisión de Presupuesto II, Francisco Rivera, informó que tras una revisión del presupuesto del ejercicio fiscal 2011 se detectó que hay más de 300 millones de lempiras dispersos, los que pueden ser usados para los propósitos del mejoramiento de la educación.

Reglamentación

La ley de fortalecimiento será aplicable hasta dentro de 60 días, que es el tiempo que otorgó el CN al poder Ejecutivo para su respectiva reglamentación.

El decreto, aprobado la noche del martes por el Congreso Nacional, fue turnado ayer al presidente Porfirio Lobo Sosa, para que lo sancione de inmediato y lo mande a publicar en el diario La Gaceta, aseguró el secretario de la cámara, Rigoberto Chang Castillo.

El congresista indicó que la vigencia de esta ley es importante para organizar las estructuras de participación comunitaria que se encargarán de vigilar y hacer que se cumpla el calendario escolar.

Amplían los Comde

Chang Castillo indicó que, mediante reconsideraciones al acta, tanto los Comités Municipales de Desarrollo Educativo (Comde) como los Consejos Escolares fueron ampliados en su representación, de tal manera que ahora podrán ser miembros de los mismos un representante de los maestros jubilados y un delegado de los derechos humanos.

Los Comde estarán integrados por representantes del gobierno (director distrital, departamental o municipal), que los presidirán, representantes de la municipalidad, padres de familia, gremios magisteriales, iglesias, maestros jubilados, organismos no gubernamentales y representantes de derechos humanos.

Por otro lado, en función de fortalecer a estos órganos de participación municipales y comunitarios en su función de auditoría social, control y seguimiento y otras actividades propias de sus atribuciones, el Congreso decidió que se les dote de presupuesto para que puedan implementar acciones en procura de mejorar las condiciones pedagógicas en los respectivos centros educativos.

Presupuestos

Asimismo, la Secretaría de Finanzas quedó facultada para identificar en el renglón de fondos nacionales una partida anual de 11 millones de lempiras para asignarlos a la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa. Los recursos están contenidos en el Programa 16, Proyecto Desarrollo Educativo y Tecnológico y Proyecto Aprende.

Estos programas estaban rezagados en las cuentas de la Secretaría de Finanzas y fueron financiados en parte por el gobierno de Taiwán para colocar los servicios de Internet en 2,500 centros escolares.

Los equipos, como antenas para Internet y computadoras, según explicó el presidente del CN, Juan Hernández, se encuentran en las bodegas de la Secretaría de Educación.

La ley aprobada también procura el fortalecimiento de las direcciones departamentales, municipales y distritales de educación, a efecto de que el personal técnico administrativo que les sea asignado se desempeñe a tiempo completo, reciba su respectiva capacitación y no pueda desempeñar cargos docentes mientras esté contratado para ejercer funciones administrativas.

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas, en coordinación con las autoridades educativas, deberá iniciar la creación de las estructuras presupuestarias y de gestión de los puestos de asistentes técnicos y administrativos.

Quedó completamente claro en el decreto que el personal nombrado para cargos técnico-administrativos no podrá desempeñarse en otras funciones docentes.

La polémica ley

Hay recordar que la aprobación de esta ley estuvo envuelta en la polémica.

El sector de la dirigencia magisterial argumentó que la Ley no era más que la "municipalización" y la "privatización" del sistema educativo del país.

Este fue uno de los puntos que arguyeron durante la ilegal huelga que mantuvieron durante 29 días. Durante este tiempo mantuvieron a los escolares sin recibir clases.

Para concertar la ley, el Congreso Nacional inició un proceso de socialización con diferentes sectores, incluyendo el docente, sin embargo, la dirigencia magisterial se negó a participar en él.

Finalmente, la ley fue aprobada en la cámara legislativa, sin que el sector docente expusiera sus puntos.