Con acuerdo, aspiraciones de zelayistas quedan en los “cuernos de la luna”

Un triunfo para Porfirio Lobo y una derrota para Zelaya.Con esta apreciación resume el analista político, Raúl Pineda Alvarado, los alcances del Acuerdo de Cartagena suscrito ayer por el presidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa y el derrocado Manuel Zelaya Rosales, para dar fin, de una vez, a la crisis política e impulsar la reconciliación de Honduras.

Lobo y Zelaya estamparon sus firmas en un acuerdo que tiene varias finalidades: sacar del escenario internacional al expresidente Zelaya, lavarle la cara a la Organización de Estados Americanos y lograr la plena estabilidad interna de Honduras, según Pineda Alvarado. El ex diputado al Parlamento Centroamericano respondió así a las interrogantes de EL HERALDO:

¿Qué valoración da al Acuerdo de Cartagena? Como documento refleja diversas connotaciones para los diversos actores que participaron en su finalización. A mi criterio, es un ejemplo de la barbarie tercermundista que pone a un presidente electo democráticamente a firmar un compromiso con una persona altamente cuestionada como el señor Zelaya, pero que es un paso a la estabilización plena del país.

¿Qué pone de relieve esta negociación? En el caso de Zelaya, esta negociación lo hace bajar su perfil internacional y vuelve su tema un asunto de naturaleza doméstica, se cierra un capítulo de la novela tras cómica de Manuel Zelaya y se abre otra etapa.

También es el inicio de un conflicto entre los seguidores de Zelaya: de los liberales en definir si continúan militando en ese instituto político o se unen a la aventura zelayista del socialismo del siglo XXI. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), hay que establecer que sirvió de poco que dos países miembros fueron los que hicieron el trabajo que no pudo hacer toda la organización. Al final este acuerdo termina lavándole la cara sucia a la OEA. En el caso del presidente Porfirio Lobo, hay que verlo como un triunfo político personal que le salió exageradamente caro al país. En conclusión, tanto Lobo Sosa como Zelaya Rosales han desvelado la cara de los políticos, que son capaces de negociar cualquier cosa cuando se tiene una visión rural de cómo manejar los asuntos del Estado.

¿Después de este acuerdo, qué le depara al FNRP? Conforme a como está redactado el documento, las aspiraciones de los grupos que siguen a Zelaya quedan en la parte más elevada de los cuernos de la luna.

Para el caso, en el tema de la asamblea nacional constituyente, aunque se haga la consulta se mantiene la vigencia del artículo 374 por el que se mantiene la integridad del Estado, al asegurar que no se pueden eliminar los artículos pétreos. Creo que dentro del seno de la Resistencia se va a genera un conflicto entre los sectores más radicales y los liberales zelayistas. Si Zelaya opta por mantenerse fuera del Partido Liberal no tiene ningún futuro político.

De acuerdo con su experiencia política, ¿cómo visualiza al expresidente Manuel Zelaya en el futuro político de Honduras? Lo visualizo inmerso en los conflictos políticos que le va a generar el llamado Frente Popular y los liberales en resistencia, que estarán involucrados en un forcejeo político entre quedarse en el Partido Liberal como corriente política o construir un nuevo proyecto político y esto va a derivar un debilitamiento del señor Zelaya dentro de la misma Resistencia, en tanto que cualquier decisión que se tome en un grupo radical va a derivar en inconformidad de muchos.

¿Es factible que el FNRP sea reconocido como partido político a través de un decreto del Congreso Nacional? El Congreso puede hacerlo en base a una decisión de carácter extraordinario como lo hizo en 1993 con el partido Unificación Democrática (UD). No sería lo más saludable ni lo más conveniente, sería contrario a la equidad y un precedente no muy ejemplar frente a otras fuerzas políticas que debieran surgir en el futuro y a las cuales se les van a pedir todos los requisitos que exige la ley.

Sin embargo, en un afán de salir del problema y de cubrirse de gloria, ya personeros del Congreso han manifestado su disposición personal de que se emita este decreto convirtiendo a la Resistencia en un partido político, aunque no reúna los requisitos de ley.

A su juicio, ¿tendría futuro el FNRP como partido político? El único ganador, de crearse una nueva fuerza política, en este caso sería el Partido Nacional en tanto que muy pocos miembros de este instituto político emigrarían a esa nueva fuerza política; en cambio el mayor afectado sería el Partido Unificación Democrática y en alguna medida el Partido Liberal. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que estas fuerzas políticas emergentes en Honduras tienen muy poca masa crítica y 30 años de modelos democráticos con tres fuerzas políticas nuevas no han servido para desplazar el bipartidismo.

¿Este Acuerdo de Cartagena da por enterrados los juicios de corrupción contra "Mel" Zelaya y sus funcionarios más cercanos? Definitivamente no. Creo que uno de los grandes problemas del presidente Lobo es haber comprometido al Estado en asuntos que no están a nivel de su competencia. La capacidad de ejercer acción pública por los delitos de que es acusado Zelaya no corresponde al Poder Ejecutivo, ni tampoco la capacidad de juzgarlos, condenarlos o absorberlos. De ahí que los requerimientos fiscales contra Zelaya y su grupo pueden presentarse ahora o después del momento en que el presidente Lobo concluya su mandato. Recuerde que estos delitos los han querido maquillar como delitos políticos cuando en realidad son delitos propios de la delincuencia común.

¿Cree usted que estos juicios pendientes pueden constituirse en los fantasmas que perseguirán a Zelaya? Solo el tiempo puede definir lo que va a pasar con la situación legal del señor Zelaya respecto a lo que ya conoció el Poder Judicial, donde se estiró la ley de una manera vergonzosa que derivó en la convicción de que en Honduras la Corte Suprema de Justicia no es independiente. Tampoco se puede predecir qué va a pasar con otras investigaciones que están en curso.

Creo que esta es una decisión de política procesal que tendrán que tomar tanto el fiscal general como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con base a un principio de legalidad que obligue a las instituciones de justicia a reinvindicarse ante la opinión pública nacional e internacional y demostrarle al presidente Lobo que él no es el dueño de los jueves ni de la justicia en este país.