Inician debate sobre “paquetazo” de seguridad

Con la oposición del empresariado y de una postura a "media tinta" de los liberales, el Congreso Nacional aprobaba anoche el paquete de medidas impositivas para crear lo que en adelante se denominará como Fondo de Protección y Seguridad Ciudadana.

Este Fondo, que funcionará bajo la figura de un fideicomiso en el sistema bancario nacional, iniciaría sus operaciones con un capital de 1,500 millones de lempiras que saldrían de las "contribuciones" de unos 96,000 ahorrantes, de las seis empresas mineras que operan en el país y de gravámenes a las importaciones.

El dinero servirá para fortalecer las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado que llevan a cabo tanto la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía y la Secretaría de Defensa a través de las Fuerzas Armadas.

El debate

Durante el desarrollo de la discusión del tema, que inició a las 9:10 de la noche, los diputados estuvieron rodeados de un "cerco policial", ya que en el hemiciclo se encontraba la cúpula de la Policía, y los secretarios de Seguridad y de Defensa con sus respectivos asesores.

Antes de entrar a discusión los dictámenes al pleno, se produjo una reunión entre las comisiones del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, los líderes de la empresa privada y los jefes de bancada, donde en un estira y encoge cada uno de estos sectores expresó sus posiciones.

La empresa privada estuvo en contra del plazo estipulado para la aplicación de las cargas impositivas (cinco años). Demandó que se rebaja a tres. Este punto generó un marcado debate entre los parlamentarios.

En tanto, los liberales dijeron estar en contra del gravamen a las transacciones bancarias porque -a su juicio- perjudicaba a los mismos que pagan tributos en el país.

Los liberales pidieron que se incorporaran otras fuentes de financiación del Fondo a la ley, una disposición para hacer más viables las liquidaciones de bienes incautados al narcotráfico, proceso por el cual se recaudarían más de lo proyectado para el Fondo de Seguridad, pero que no era necesario que se crearan los cuatro impuestos que aparecen en dicho "paquetazo".

Los liberales dijeron apoyar medidas para aumentar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y las reformas para endurecer las medidas contra los delincuentes.

Otros diputados, de la UD y la Democracia Cristiana, pusieron como una condición que la Policía sea objeto de una depuración. El Pinu, a través de su diputado Mario Rivera, propuso que en la ley se incluyera la exigencia de la reducción de los crímenes.

Frente a este panorama, anoche se inició la discusión y aprobación en tercero y único debate a petición de la congresista Francis Rodríguez, de la denominada Ley Temporal de Seguridad Poblacional, con una votación a favor de 90 diputados.

Las acciones

La principal medida de esta ley es gravar las operaciones financieras en cuentas superiores a los 100 mil lempiras con un 0.3 por ciento. Originalmente se hablaba de un 0.2 por ciento, pero se cambió al elevar el monto de los ahorros. También se produjo un cambio al proyecto que precisaba un monto de ahorros de 60,000 lempiras.

La otra medida es la creación de una contribución especial de protección al medio ambiente, que en un principio gravaba con un 10 por ciento la explotación y comercialización de minerales, pero tras las discusiones con los empresarios en el dictamen, se redujo a un dos por ciento.

El dictamen eliminó la imposición de un uno por ciento a las ganancias de las compañías de telefonía celular y en su lugar se introdujo una disposición que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a dictar la normativa administrativa necesaria que obligue a los operadores de telefonía móvil para que se implemente en el país la portabilidad numérica de la telefonía móvil, la cual debe estar en operación dentro de los siguientes 120 días de aprobada la Ley.

La portabilidad numérica significa que el usuario podrá usar un mismo número con cualquier compañía de teléfono y será responsable de las llamadas que se originen de ese chip.

Se instruye a Conatel para que en el término de treinta días corridos a partir de la vigencia de la ley, emita la normativa para regular la portabilidad numérica estableciendo los valores que deberán cargarse a los operadores de telefonía móvil que sean necesarios para la implementación de esta medida.

Sin embargo, en el dictamen se especifica la creación de una contribución especial de telefonía móvil pro seguridad poblacional, que grava las actividades y servicios prestados por los operadores de telefonía móvil. La base gravable es del uno por ciento del total de los ingresos brutos mensuales de las empresas que se dedican a los servicios de la telefonía móvil.

Armas

Igualmente, se incorporó al dictamen una disposición en el sentido de que sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 30-2000 contentiva de la Ley de Control de Armas de Fuego Municiones Explosivos y Otros Similares, se faculta a la Secretaría de Seguridad para emitir la reglamentación administrativa necesaria para que con carácter excepcional y por única vez en el lapso de los siguientes seis meses de dictada dicha normativa, se pueda regularizar el registro de armas de fuego.

Los propietarios de armas deberán pagar una licencia de registro excepcional cuyo monto será determinado por la Secretaría de Seguridad, exigiendo únicamente la presentación de la tarjeta de identidad del propietario.

De acuerdo con la ley, los recursos recaudados de las contribuciones para fortalecer el combate contra la delincuencia y la criminalidad se enterarán a un fideicomiso cuya administración estará a cargo de representantes del Estado y de la sociedad civil como garantía del buen uso de tales fondos para los fines de la presente ley con un sistema de rendición de cuentas.

El comité técnico estará integrado por un representante que designe el Poder Ejecutivo, uno por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y uno por el Foro Nacional de Convergencia (Fonag).

"Hemos concertado estas medidas en una cantidad de escenarios, hemos tratado de manera consistente de buscar que sea el que más tienen el que tribute, el que apoye esta contribución para la seguridad, sé que muchos de ustedes al igual que miles de hondureños de manera indirecta han sufrido la delincuencia.

Estamos seguros que esto ayudará bastante", dijo el presidente del CN, Juan Hernández, al iniciar el debate. Las alcaldías que ya cobran la tasa de seguridad recibirán los aportes, pero se someterán a los planes de seguridad que al efecto defina la Secretaría de Seguridad.

Las medidas

Retiros.

Todas las transacciones financieras (retiros) en cuentas cuyos saldos sean superiores a los 100 mil lempiras serán gravadas con el 0.2 por ciento.

Cargos mineros.

También se dispone gravar con un 5 por ciento las actividades de exportación de las compañías mineras en el país.

Armas.

Un porcentaje para el registro de armas que determinará la Secretaría de Seguridad una vez aprobada la ley.

Telefonía.

El Congreso Nacional decidió eliminar el cargo por el uso de la portabilidad numérica en el caso de la telefonía celular. Pero se habla de gravar las actividades y servicios prestados por los operadores de telefonía móvil.