Reformas son regresivas y disminuyen derechos

La fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, rechazó las reformas constitucionales que promueve el Congreso Nacional, entre ellas ampliar el período de detención de 24 a 48 horas.

"Suscribo la opinión enviada por la Ministra de Justicia y Derechos humanos (Ana Pineda): las reformas son regresivas y disminuyen el contenido esencial de estos derechos, por lo tanto, las mismas son, a mi criterio, incompatibles con el articulo 64 de la Constitución de la República", expresó Ponce a EL HERALDO.

Dicho artículo establece que "no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". Ponce se encuentra en Estados Unidos, desde donde respondió las consultas de EL HERALDO.

"Creo que es importante llamar la atención de la opinión pública de que no se ha probado en ninguna parte que debilitar las garantías judiciales haga más eficaces los cuerpos policiales", expresó.

"Lo que se esconde detrás de estas medidas es la falta de voluntad política de profesionalizar y depurar los cuerpos policiales, de revisar la proporción que hay en la distribución del presupuesto para la investigación y para la prevención", añadió.

Ponce reiteró que la impunidad no se explica por tener un Código Procesal Penal acorde con la Constitución o por la existencia de garantías judiciales.

"La impunidad se explica por la falta de capacidades en los entes encargados de realizar las investigaciones, incluyendo al Ministerio Público, y no se descarta la corrupción en no pocos de los casos", manifestó la fiscal.

"Lamentablemente no es evidente que las decisiones políticas que se estén tomando en el ámbito de la seguridad pública sean informadas y respondan a intereses generales y a la concreción de una agenda pública", puntualizó. Para el caso, expuso que Seguridad requiere una depuración y estrategia efectiva.

"En mi opinión, estas cuestiones ameritan una discusión a fondo y sobre todo responsable por parte de los tomadores de decisiones", dijo.

Será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra al pronunciarse jurisdiccionalmente sobre la constitucionalidad de las reformas.