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Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo público este jueves el informe final tras la investigación que meses atrás se inició por la sospecha de la existencia de irregularidades en la administración de la Empresa Nacional Portuaria de Honduras (ENP).
La investigación especial se realizó del 28 de septiembre de 2010 al 17 de febrero 2011 y mostró la existencia de empleados con antecedentes penales, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, personal "fantasma", duplicidad de funciones y pagos por prestaciones que exceden el número de cesanteados, entre otras irregularidades.
El documento que confirma la corrupción en la portuaria, del que ya EL HERALDO había hecho mención, enumera una serie de acciones por parte de las autoridades de esa entidad, con las que se demuestra el derroche de recursos del Estado.
La publicación con los detalles de la corrupción en la ENP, se da a solo dos días de que el presidente Porfirio Lobo anunciara la intervención de la misma, para lo cual se nombró una comisión especial.
Ya el lunes las autoridades de Seguridad habían tomado el control de la seguridad de la portuaria, unos 150 elementos fueron asignados al lugar.
Entre otros de los hallazgos tras las investigaciones se encuentran:
- Contratación de personal que era pagado por la ENP, que no trabaja en dicha institución
- Erogación de unos 280 mil lempiras para la contratación de asesores de la Gerencia, los cuales no se encontraron en el lugar de trabajo, tampoco se encontró evidencia de los trabajos realizados por los mismos. Para su pago se destinó más de un millón de lempiras.
- Gastos millonarios en seguridad personal para las autoridades de la ENP y para particulares.
- Pagos sin documentación para trabajos de reparaciones
- Sobrevaloración en compra de repuestos para equipo de la empresa
“Este informe tiene pliegos de responsabilidad, las responsabilidades andan arriba de los 15 ó 17 millones”, detalló la magistrada del TSC, Daisy Anchecta.
Enfatizó además que el informe incluye investigaciones durante las administraciones en los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo.
“El trabajo que se hizo es una denuncia presentada y es sobre hechos consecuentes, diez hechos que fueron investigados en tres administraciones”, informó.
La cantidad de recursos derrochados ascendería a unos 30 millones de lempiras, según lo aseveró la funcionaria.
En cuanto a los nombres de los responsables de los actos de corrupción, la magistrada apuntó que por ahora los mismos no pueden ser publicados, pero que el contenido del documento será remitido al Ministerio Público para tomar las acciones contra quien corresponda.
Anchecta adelantó que en unas tres semanas se estarán notificando los pliegos de responsabilidad civil, ya que los funcionarios a quien se les notificará suman unos 30.
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