Prevén malversación abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento en ENP

En los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento ilícito podrían haber incurrido las autoridades involucradas en el irregular manejo de fondos de la Empresa Nacional Portuaria de Honduras (ENP).

Al menos así lo señaló Marlene Banegas, coordinadora del Ministerio Público en esta ciudad, quien confirmó que los fiscales analizan desde 2010 varias denuncias presentadas en contra de la presente administración de la ENP.

"Es una multiplicidad de denuncias interpuestas en las cuales se mencionan presuntas irregularidades en la Portuaria. Algunas se han evacuado y otras están en proceso de investigación y a la espera del resultado de las auditorías forenses -que tardan más-, porque de estos depende si se identifican realmente irregularidades", dijo.

Según explicó la abogada, el paso a seguir, una vez concluyendo todo con el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es citar para declaración a los supuestos implicados y presentar los respectivos requerimientos fiscales.

Según la titular del MP en San Pedro Sula, el pasado 25 de mayo personal de la Fiscalía contra la Corrupción fue a la ENP y entrevistó al personal encargado de las obras -que supuestamente se ejecutaron sin el procedimiento adecuado-, igual que al personal administrativo y a los encargados de recursos humanos de la ENP se les solicitaron los acuerdos de nombramientos de quienes intervinieron en las licitaciones para ejecutar las obras mencionadas.

Un informe de la Fiscalía revela que en el departamento de auditoría de la ENP los fiscales denotaron irregularidades de pago realizadas por la estatal, como también la licitación fraccionada para reparaciones de unas casas en la colonia Ejecutiva de Cortés.

Las anomalías

Hay que recordar que el informe del Tribunal de Cuentas, mismo del que EL HERALDO informó de manera exclusiva, descubrió la malversación de 28 millones de lempiras en pago de arreglos extrajudiciales, contratación ilegal de personal, paracaidismo y adquisiciones al margen de la ley, entre otras irregularidades.

Se encontró que asesores y empleados de mediana y baja categoría no asistían a sus puestos de trabajo, así como pago de personal de seguridad de la estatal que en realidad da vigilancia a funcionarios como el propio gerente Pinto.

El proceso de auditoría abarcó las tres últimas administraciones, es decir, la actual de Porfirio Lobo, la gestión interina de seis meses de Roberto Micheletti y los tres años y medio de Manuel Zelaya.