Transacciones 'atípicas' por 6.1 millones en ENP

Indicios de operaciones de lavado de activos en la Empresa Nacional Portuaria de Honduras detectó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el informe presentado el jueves anterior, en el que la institución puso al descubierto un millonario despilfarro de dinero.

El documento 070/2010 DCP-SCSD, en el que se revela la malversación de unos 30 millones de lempiras por diferentes acciones, también establece que en la administración del gerente Maynor Pinto en la Portuaria se han hecho operaciones que están tipificadas en la Ley de Lavado de Activos como transacciones atípicas que deben de ser investigadas.

Por ejemplo, se suscribieron contratos de compra de algunos bienes, pero el proveedor también suministraba otros distintos a su actividad comercial, lo que según la ley tiene que ser notificado a la autoridad competente para determinar si no existe origen ilícito en las ganancias de esta compañía.

"Se determinó que diez (10) proveedores tienen un giro comercial distinto a la actividad comercial que realizan; (por) ejemplo, hay una empresa cuya actividad comercial es el acondicionamiento de edificios y lo que le vende a la Empresa Nacional Portuaria son repuestos varios", dice el informe.

Legislación

Dada esta situación, el documento cita el artículo 2 de la Ley de Lavado de Activos en su sección de definición de "transacción atípica", que literalmente dice: "Es aquella operación que no es consistente con el perfil previamente determinado para el cliente, que no guarda relación con la actividad económica y que sale de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado o que pudiera hacer pensar que el cliente está desarrollando otra actividad no conocida por la institución supervisada".

Del 1 de enero al 30 septiembre de 2010, la ENP ha hecho compras de suministros por el orden de los 6.1 millones de lempiras a estos proveedores, detalla la investigación.

"Es importante mencionar que existen empresas que facturan sus ventas o servicios en facturas con numeración proforma y manuscritas soportando las ventas o servicio brindado (ejemplo diagnósticos reparaciones), y no de forma sistematizada, la que asimismo asigna el número de factura", establece el informe para indicar otra anomalía en cuanto al control del gasto.

Con base en estos hallazgos, la recomendación 29 del informe pide al gerente que instruya al jefe de la División de Servicios Generales para que el personal del Departamento de Compras realice revisión y actualice toda la documentación legal que soporta a cada uno de los proveedores de bienes, servicios, obras públicas y consultorías.

Asimismo, se le solicita al jefe de Compras que no haga adquisiciones a intermediarios para que la portuaria obtenga mejores precios con la debida transparencia.

¿Empresas "fantasma"?

Otro descubrimiento que se logró en la investigación es que la portuaria hizo compras a empresas que no están registradas en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

"Según oficio DEI-DARI-04-B-2011 del 14 de febrero de 2011, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) remitió la información solicitada y se determinó que de sesenta y seis (66) proveedores consultados existen veintisiete (27) que le venden bienes y servicios a la empresa y no se encuentran registrados como empresas en la Dirección Ejecutiva de Ingresos", indica el documento.

El reporte dice que las compras hechas a estas compañías, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, están valoradas en unos 17 millones de lempiras.

"Lo antes citado incumple el artículo 57 del Código Tributario, que establece: Las personas naturales o jurídicas susceptibles de ser gravadas con impuestos o tributos presentarán ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de inicio de sus actividades, una declaración jurada sobre el evento", acota el informe.

El Tribunal Superior de Cuentas culpa al personal responsable de los procesos de compra de esta irregularidad porque exige a los cotizantes que cumplan la legislación tributaria.

La investigación del Tribunal no incluyó comprobar si la Empresa Nacional Portuaria recibió los bienes comprados y si no están sobrevalorados, por lo que "debe ser sujeto a una revisión especial" para constatar si no hubo pérdidas económicas en ese sentido.

Con dinero de la ENP también se hizo compra de celulares y pago de factura de consumo de telefonía celular a beneficio del secretario ejecutivo de la estatal.

De igual manera, la portuaria erogó fondos para cancelar servicios de televisión por cable a favor de particulares.

Piñata sin control

El informe del Tribunal de Cuentas descubrió la malversación de casi 30 millones de lempiras en pago de arreglos extrajudiciales, contratación ilegal de personal, paracaidismo y adquisiciones al margen de la ley, entre otras.

Se encontró que asesores y empleados de mediana y baja categoría no asistían a sus puestos de trabajo, así como pago de personal de seguridad de la estatal que en realidad da vigilancia a funcionarios, como el propio gerente Pinto.

El proceso de auditoría abarcó las tres últimas administraciones, es decir, la actual de Porfirio Lobo, la gestión interina de seis meses de Roberto Micheletti y los tres años y medio de Manuel Zelaya.

El gerente actual ha negado que exista mal uso de los recursos por culpa suya.

Según la magistrada del TSC, Daysi de Anchecta, se están elaborando pliegos de responsabilidad por el orden de 18 millones de lempiras para un centenar de funcionarios y exfuncionarios de la empresa.

El Ministerio Público anunció que también hace una investigación de las tres últimas administraciones de la Empresa Nacional Portuaria.

El presidente Lobo nombró una comisión interventora en la ENP luego de conocer, antes de que fuera público, el contenido del informe.

Esta comisión trabajará durante seis meses para reorganizar la administración de la portuaria.

Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad fue instruida por el mandatario para que tomara el control del resguardo de las instalaciones.