Varias empresas transferirán sus centros de pago a otros países

De ilegal calificó el exsecretario de Finanzas, Arturo Alvarado, las medidas fiscales aprobadas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa para financiar la llamada tasa de seguridad y advirtió que muchas empresas transferirán sus centros de pago a otros países de la región.

EL HERALDO buscó la reacción especializada de Alvarado para dialogar sobre ese tema que tanta polémica ha causado en el pueblo hondureño. Aquí sus impresiones:

¿Qué opina de las medidas fiscales aprobadas para financiar la tasa de seguridad?

Dentro del nuevo conjunto de medidas se tiene la aprobación de un impuesto sobre la renta mínimo de 1% sobre las ventas reportadas por los contribuyentes, independientemente de que hayan tenido pérdidas en el ejercicio fiscal.

Esta es una medida que no es justa y además, a mi criterio, no es legal. Se provoca una distorsión conceptual del Impuesto sobre la Renta, convirtiéndolo en un impuesto sobre ventas para efecto de su cálculo.

Esta medida también se ha hecho con efecto retroactivo al período fiscal 2011, violando las disposiciones del Código Tributario.

Adicionalmente, aunque el Congreso Nacional ha disfrazado estas medidas relacionadas con la seguridad como tasas impositivas, en términos reales representan impuestos adicionales, en violación a la Constitución de la República, que indica que no se pueden establecer impuestos para propósitos específicos.

También se ha castigado a sectores como la minería y la telefonía celular imponiendo cargas adicionales, o sea, creando impuestos casi con nombre y apellido.

Las medidas que se relacionan con el sistema financiero vendrán a provocar serias distorsiones en la economía y en el accionar de los agentes económicos.

A mi criterio, se vendrá un incremento en las transacciones en efectivo, a pesar del clima de inseguridad en que vivimos; varias empresas transferirán sus centros de pagos a otros países de la región; muchos depositantes fraccionarán sus depósitos y, lo peor, al final vendrán a provocar presiones inflacionarias, colocarán al país en desventaja competitiva para atraer inversión extranjera y complicarán aún más la situación de desempleo.

Todos los hondureños estamos conscientes de la necesidad de combatir la delincuencia en el país, pero existe un problema de transparencia y credibilidad en el accionar de los políticos que hace que estas medidas más bien vengan a desalentar la inversión y creen resistencia en los contribuyentes, que consideran que darle más ingresos al gobierno es como tirar sal al mar.

¿Tiene el gobierno otra opción que no sea la aprobación de más reformas fiscales para financiar la tasa de seguridad?

Mi opinión es que, dada la situación del país, lo primero que debió hacer el gobierno es implementar medidas serias de austeridad, buscando una reducción especialmente del gasto corriente y dentro de este, del gasto salarial, que consume casi el 50% del presupuesto del gobierno central.

También es vital que se fortalezca la Dirección Ejecutiva de Ingresos, liberándola de la politización, del compadrazgo y del nepotismo, profesionalizando el empleo con base a méritos y capacidad profesional.

Además, hay que modernizar sus sistemas de supervisión, haciendo uso de estadísticas sectoriales para detectar los evasores del fisco.

Solo así se podrá fortalecer la DEI para que actúe en forma eficiente y eficaz y logre las recaudaciones que el Estado necesita, sin tener que estar afectando a la misma masa de contribuyentes y provocando más bien el incentivo a la evasión.

Es vital aumentar la base de contribuyentes combatiendo la evasión fiscal e incorporando al pago de impuestos muchos negocios informales que generan altos niveles de ventas y de ingresos y que no tributan.

Pero el problema de la DEI y de la evasión no son nada más que un microcosmos de lo que sucede en nuestro país, donde no hay un marco de seguridad jurídica que inspire confianza y no hay combate frontal y real contra la corrupción.

¿Estas reformas fiscales tienen algún efecto en las condiciones de país para atraer inversión?

El problema de Honduras es que nuestra política fiscal es errática y sujeta a los excesos que cometen los diputados y otros políticos con medidas populistas, como parte de sus campañas electoreras, donde crean gastos como los famosos estatutos, subsidios no focalizados, transferencias a ONG que no funcionan y aprueban exoneraciones y exenciones fiscales.

Esto hace que al tomar posesión un nuevo gobierno se encuentre un serio desbalance fiscal que lo obliga a tomar medidas y esta historia se repite y se repite, casi cada cuatro años.

El único gobierno que en los últimos años dejó una buena situación económica y fiscal fue el del presidente (Ricardo) Maduro, pero lastimosamente el gobierno que lo precedió hizo desastres y nos condujo de nuevo a una situación de desbalance macroeconómico.

Está claro que un país que no tenga una política fiscal predecible y competitiva, pierde competitividad para atraer inversión tanto nacional como extranjera, y a la larga esto hace que la economía no crezca y no se generen nuevos empleos.

Ante estas realidades no sirve de nada que se hagan campañas publicitarias como la "Honduras abierta a los negocios", porque al analizar la oferta del país, los inversionistas encuentran otros países que les ofrecen mejores condiciones.

¿Será necesario que el gobierno apruebe nuevas reformas fiscales en el corto o mediano plazo?

Primero habrá que ver qué sucede con las medidas aprobadas, porque entiendo que los empresarios tomarán medidas legales al respecto.

Sin embargo, no creo que como país tengamos espacio para más medidas fiscales, a menos que deseemos provocar una recesión y mayores presiones inflacionarias.

Hay que entender que entre más recursos se trasladan al Estado, habrá menos recursos para inversión, para fortalecimiento del aparato productivo y para la creación de nuevos empleos.

¿Cómo analiza la política fiscal que impulsa el gobierno de Porfirio Lobo Sosa?

El gobierno del Presidente Lobo encontró un serio problema fiscal caracterizado por un déficit del gobierno central, que en 2009 llegó a una magnitud de -6.2% del PIB, y complementariamente un problema de liquidez motivado por compromisos pendientes de pago no presupuestados, que han tenido que ser financiados con recursos domésticos.

Adicionalmente, producto de la crisis financiera y económica global y de nuestra propia crisis política interna, la economía durante el año 2010 apenas comenzó un proceso de recuperación con un crecimiento del PIB real relativamente modesto de 2.8%, después de un crecimiento negativo de -2.9 en 2009.

En este contexto, la política monetaria y fiscal del gobierno se ha orientado a mantener niveles adecuados de liquidez en la economía, una inflación de un dígito y el ordenamiento de las cifras fiscales del gobierno, dentro del marco del acuerdo "stand-by" firmado con el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2010.

Los hondureños estamos claros sobre la necesidad de resolver el serio problema fiscal heredado por el gobierno del presidente Lobo, tanto para evitar los desequilibrios que puede ocasionar en los macroprecios como para crear el clima de estabilidad para promover una mayor inversión pública y privada, necesaria para revitalizar la economía, generar empleo productivo y mayores ingresos fiscales.

Si la economía no crece, no habrá paquete fiscal que pueda mejorar los ingresos, y en esto deben estar claras las autoridades económicas.