Honduras
Los diputados liberales pedirán que el "paquetazo" de seguridad sea sometido a una revisión y que sea objeto de reformas, una vez que el mismo haya sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
El jefe de la bancada liberal, diputado José Alfredo Saavedra, manifestó que así como está la situación de violencia en Honduras "no es conveniente que vengamos a atizar más el fuego con la imposición de medidas que no solo son rechazadas por los empresarios, sino también por otros sectores que resultarán perjudicados".
Saavedra indicó que pedirán al Ejecutivo y a las autoridades del Congreso Nacional que "retornemos a la mesa de diálogo para buscar alternativas para nutrir este fondo de seguridad".
El congresista liberal reiteró que los empresarios, al igual que el resto de sectores de la sociedad hondureña, "coincidimos en que hay que hacerle frente a la inseguridad y también estamos de acuerdo con la tasa de seguridad; en lo que no estamos de acuerdo es en las fuentes de financiamiento", reiteró.
Saavedra sostiene que en este momento hay un ambiente contrario a esta tasa de seguridad, debido a que se habla de que se van a recaudar 1,500 millones cada año para el tema de seguridad, pero no se ha definido claramente en qué se va a invertir los recursos adicionales que generarán las "contribuciones" de las mineras, las máquinas tragamonedas, las transacciones bancarias, las comidas rápidas y la telefonía celular".
Por eso -indicó- es necesario que se proceda a revisar con detenimiento esta Ley que contiene las fuentes de financiamiento de la tasa de seguridad.
Tasa pesada
Por su lado, la vicepresidenta del CN, Nora Gúnera, reconoció que la denominada tasa de Seguridad está "pesadita". La diputada nacionalista justificó diciendo que "todo tiene su precio, más si se trata de proteger al pueblo hondureño". "Yo como hondureña y como diputada reconozco que está un poco ‘pesadita’, pero como digo, todo tiene su precio y por la seguridad es que se va a hacer esto", manifestó.
Son 1,500 millones de lempiras en el año, que serán distribuidos entre las secretarías de Seguridad y de Defensa, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, para fortalecer sus acciones de combate a la criminalidad e impartición de justicia.
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