Doce personas murieron durante crisis política en Honduras, revela informe

El informe leído por Eduardo Stein dedica un capítulo a los hallazgos en materia de derechos humanos y medios de comunicación.

A continuación, y por su importancia, el texto íntegro:

La información recabada durante esta investigación muestra que entre el 28 de junio de (2009) y el 27 de enero de (2010) las autoridades estatales de Honduras y sus agentes cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos con el objeto de reprimir la oposición al gobierno instaurado el 28 de junio, en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores.

Los principales derechos violados fueron los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personales, y a la libertad de expresión e información, y sus repercusiones sobre el derecho a la justicia.

Hubo dos tipos de violaciones del derecho a la vida. Por una parte, la Policía y las Fuerzas Armadas dieron muerte a un mínimo de 12 personas utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos.

Se ha constatado que en siete de estas muertes las víctimas ni siquiera participaban en las manifestaciones, por lo que no suponían peligro alguno para la vida de sus ejecutores o de la población en general.

En ningún caso estaba justificada la respuesta con fuerza mortífera que ordenaron, autorizaron y encubrieron los mandos y autoridades superiores de la Policía y Fuerzas Armadas, dado que no era estrictamente necesario para proteger la vida.

No hubo, por tanto, proporcionalidad en los medios utilizados, calificándose por tanto como ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, aproximadamente ocho opositores fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión.

En estos casos no se ha confirmado con certeza la autoría por agentes del Estado o motivación política del asesinato, pero en algunos, se han hallado indicios racionales que sugieren la posibilidad de autoría estatal o motivación política, pero la información no es concluyente y no se puede descartar una autoría o motivación privada.

El uso excesivo de la fuerza ha sido uno de los problemas más graves registrado con posterioridad al golpe de Estado. Tanto el Ejército, en un primer momento, como la Policía, a la cual corresponde la mantención del orden público, incurrieron en acciones que revelan abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participaban en manifestaciones públicas, en su mayoría pacíficas.

La CVR rechaza, condena y declara inadmisible el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas militares y policiales, y valoramos como más inadmisible aún la situación de indefensión en que quedaron los ciudadanos y ciudadanas hondureñas, debido a que las instituciones del Estado responsables de impartir la justicia, de defender los derechos humanos, no asumieron sus funciones y misiones institucionales, desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía, perdiendo así la confianza de la ciudadanía.

Medios de comunicación

Se confirma que los medios de comunicación hondureños vieron, trasmitieron y reflejaron, en diferentes grados, la misma polarización que vivía la sociedad hondureña. Al tomar partido por los bandos en conflicto, los medios no tuvieron la capacidad de guardar la distancia entre el objeto-sujeto de la información y la preferencia política e ideológica de los propietarios de medios, directores de programas y periodistas.

La ciudadanía hondureña fue privada del derecho de ser informada de manera objetiva y tener de esta forma la posibilidad de entender la complejidad de la crisis y decidir su posición con un conocimiento apropiado y veraz de los hechos.

Se recibió, además testimonios de la violencia y destrucción de los bienes públicos y privados que en las manifestaciones convocadas por organizaciones afines al presidente Zelaya se llevaron a cabo.

Esta destrucción se focalizó en medios de comunicación, comercios que explotan franquicias de alimentos y sedes de las iglesias católicas y evangélicas, que se consideraba habían apoyado el golpe de Estado.