Auditoría descubre monumental corrupción

La multimillonaria deuda flotante o sin respaldo que dejó el gobierno pasado está salpicada de varios actos de corrupción.

Falsificación de firmas en contratos, adquisición de obras al margen de la Ley de Contratación y abusos en las compras son parte de los hallazgos de la "Auditoría forense de la deuda flotante no registrada generada en el gobierno central y las instituciones descentralizadas".

EL HERALDO tuvo acceso a este documento que el ministro de Finanzas, William Chong Wong, entregó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el 5 de junio pasado para que el ente contralor investigue las anomalías.

El informe, elaborado por la firma internacional BDO, analizó las inconsistencias en compras valoradas en 1,800 millones de lempiras de la deuda de 16 mil millones que la presente administración heredó de las gestiones de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti.

Las instituciones que fueron supervisadas son la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi); Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Salud, por ser las que registran mayores gastos sin sustento.

De Soptravi, se auditaron 54 procesos de licitación que presentan diversas irregularidades.

La auditoría fue ordenada por el presidente Porfirio Lobo Sosa mediante acuerdo ejecutivo 009-2011, por el cual autorizó a la Secretaría de Finanzas a "secuestrar" todos los expedientes de las deudas de las instituciones anteriores.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) fue el otro ente que colaboró en el proceso de investigación por petición del gobierno de Honduras.

Falsificación

La investigación encontró presunta falsificación de la firma del exministro de Soptravi, Rosario Bonano, en varios contratos.

Mediante avanzados métodos de inspección se pudo comprobar que muchas firmas en los expedientes de licitación tienen indicios de haber sido falsificados.

Para el caso, se comparó la rúbrica que Bonano hizo en el contrato de licitación privada para la supervisión de la pavimentación de varias colonias del municipio de El Porvenir, Atlántida, valorado en 1.6 millones de lempiras, con otra firma de él en el contrato para otra supervisión de obras en Yoro y se determina que hay cambios significativos en los dos registros.

La conclusión sobre las firmas es que ambas presentan diferencias en la presión de la tinta y velocidad y continuidad de los trazos.

Es decir, que se detectaron "firmas olográficas disímiles", dice el informe.

Más adulteraciones

En una constancia emitida el 17 de octubre 2009 por el gerente de la empresa Katismetis, Norberto Quezada, supervisor de la pavimentación de la colonia Gracias a Dios, en Atlántida, se encuentra la firma de este para dar fe de que Efraín Chacón Aguilar es un ingeniero colegiado.

Pero en otro documento firmado por Quezada el 3 de noviembre, el de certificación de estimación número 2 de la obra, su firma es distinta a la primera.

" Se observan disimilitudes en las firmas que pertenecería a una misma persona, las mismas fueron indicadas mediante aclaración de sello", dice el informe.

Otro caso de posible falsificación se encuentra en documento resumen de modificación de un contrato para la construcción y pavimentación de la carretera Gracias-La Esperanza, sección III-San Miguelito -La Esperanza, que inicialmente fue valorado en 81 millones de lempiras, pero después se incrementó a 149 millones.

Se detectó que la fecha del documento dice 9 de mayo de 2008, pero al hacer el estudio se determina que bajo ese dato está tapado con una tachadura el registro que dice 10 de octubre del mismo año.

Documentos inventados

También se descubrió, mediante las pesquisas de la compañía auditora, que una empresa pudo haber no realizado un trabajo de supervisión de obra, pero que sí presentó un informe del supuesto trabajo que hizo.

La compañía Ingeniería Riedel fue contratada para supervisar obras de protección en el puente La Burra, ubicado sobre el río Agua Amarilla, en Colón por 15.7 millones de lempiras.

El reporte escrito de la supervisión fue hecho recientemente y no durante 2009, que fue la fecha en la que se supone hizo la inspección, determina la auditoría.

"La estructura de los informes presentados por el supervisor no presentan signos de envejecimiento, a pesar del tiempo transcurrido (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2009) de supuesta impresión".

Los reportes de la empresa "se encontraron con una coloración blanquecina, característica y particularidad que se presenta en los soportes de papel de reciente fabricación", sentencia el documento.

Emergencia

Una de las situaciones más alarmantes que se encontraron es que se cometió un abuso en contratos hechos mediante el amparo del decreto de emergencia 029-2008 emitido en el gobierno de Manuel Zelaya para enfrentar la tormenta tropical número 16.

"No se encontró justificación de la adjudicación de este tipo de contratos", señala el informe.

"No se posee un detalle de los motivos que llevaron a realizar la contratación, no permitiendo establecer la relación entre la obra adjudicada y el daño existente".

El decreto de emergencia no pormenorizó las zonas afectadas y el plazo de vigencia (del decreto), "no permitiendo así determinar de manera efectiva un justificado sustentable".

En la administración de Rosario Bonano se hicieron contrataciones de empresas que no tenían la capacidad financiera para realizar las obras para las que fueron contratadas.

La compañía Construcciones e Inversiones Centroamericanas fue contratada para ejecutar la pavimentación de la carretera El Porvenir-La Peña-Francisco Morazán -Comayagua por 107 millones de lempiras.

Pero la auditoría dice que "el monto contratado no guarda relación con la capacidad financiera del proveedor", pues en 2006 cerró con ventas de solo 11.9 millones de lempiras y en 2007 registró ventas por el orden de 17.2 millones de lempiras.

Según el informe, este procedimiento irregular violó el artículo 90 de la Ley de Contratación del Estado, que ordena que este tipo de obras deben ser realizadas por empresas especializadas.

Contratos directos

En la contratación directa para la reconstrucción y remodelación del tramo Coyolito-El Carbón, en San Esteban Olancho, valorado en 16 millones de lempiras no hubo supervisión.

"No se observaron informes de avance de la obra presentado por el consultor y aprobado por el supervisor ni el informe de supervisión final presentado por el consultor", dice el informe.

Lo anteriormente expuesto "no permitió comprobar si el supervisor realizó todas las tareas de supervisión establecidas en el contrato".

Asimismo, Soptravi contrató de forma directa a la empresa Ingenieria Riedel para la supervisión de la construcción en el sector del río Santiago, Atlántida, por 5.9 millones de lempiras, pero optó por la oferta más cara de las dos que hizo este sociedad.

"El oferente presentó dos propuestas económicas por distintos valores, ninguno es totalmente coincidente con la incorporación en el contrato de adjudicación", concluye el documento.

La firma auditora descubrió que el expediente del contrato de supervisión del dragado y canalización del río Negro, en San Esteban Olancho, desapareció de los archivos de Soptravi.

El trabajo de supervisión fue concedido a la compañía Consultora Madec S de RL de CV, pero al no existir el documento en mención no se puede establecer si la labor se hizo y a qué monto.

Deuda

A marzo de 2011, Soptravi tenía compromisos de pago por el orden de 942.1 millones de lempiras, según un informe de la institución.

De esta cifra, 562 millones no están documentados y el resto, 379 millones sí tienen documentación de respaldo.