Detectan irregularidades en firmas en el FHIS

El Fondo Hondureño de Inversión Social ( FHIS) fue una mina de corrupción, revela la auditoría forense practicada por una firma internacional para examinar la deuda flotante recibida del gobierno pasado.

En la documentación de varios procesos de contratación de ciertas obras se observan distintas manipulaciones que ponen en evidencia cómo se malversaron recursos en esa institución.

La "auditoría forense de la deuda flotante no registrada generada en el gobierno central y las instituciones descentralizadas" hizo una radiografía de las contrataciones que realizó el FHIS de 2006 a 2010.

El informe de esta auditoría, practicada por la empresa BDO, fue entregado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Se investigaron 13 procesos de adquisición y en todos hay indicios de delitos y faltas.

Dice el estudio que el proyecto de construcción de canchas multiusos en Olanchito, Yoro, valorado en 559,179.42 lempiras, se hizo sin asegurarse de que se evaluaran todas las cotizaciones.

En esta obra hubo "falta de firmas en el cuadro comparativo de las cotizaciones" de parte del director de Contrataciones, Javier Cabrera, y la jefa de la Dirección Legal, Nancy Martínez.

Esta situación "podría facilitar la adulteración de documentos y expedientes", advierte el informe.

En este mismo expediente de contratación se encontró "la falta de correspondencia de las firmas" del oferente ganador.

El ingeniero Jacobo Alexander Castillo fue contratado para esa obra, pero se identificó que algunas firmas suyas que constan en el expediente presentan varios cambios que hacen suponer que pudieron ser falsificadas.

"Se observó que la firma indicada como perteneciente a Jacobo Castillo en el documento de orden de compra presenta diferencias en la construcción de trazos al ser comparada con la consignada en el documento acta de recepción apertura número COT/FHIS 69-2009".

Firmas

Igual irregularidad en firmas sucedió en la contratación para obras menores que realizó la ingeniera Tania Murillo.

Sucede, dice el informe, que "la firma de Tania Murillo registrada en el acta de recepción y apertura número COT/FIHSS 250-2008 y la orden de compra no son similares".

Esta obra se valoró en 162,305.28 lempiras.

Para la readecuación de la aula tecnológica en la escuela Ramón Amaya Amador, que hizo esta misma persona a un costo de 162,301.70 lempiras, no existió la debida vigilancia de que el trabajo se realizara.

"Puede observarse el empleo de planillas con información insuficiente para un adecuado seguimiento del proyecto", establece el documento.

A renglón seguido se indica que "una revisión de los expedientes donde se registraron las actividades de inspección de supervisión durante la ejecución de la obra pone en evidencia deficiencias en la calidad y cantidad de la información".

En la compra de suministros y equipo del FIHS en Tocoa, Colón, con valor de 433,000 lempiras, se registraron algunas inconsistencias por la falta de firmas en el expediente de contratación.

El acta de apertura de ofertas, de fecha 3 de diciembre de 2009, presenta la falta de firmas del jefe de Licitaciones, Juan Antonio Godoy.

"Esto podría facilitar la adulteración de documentos y expedientes, así como la ausencia de evidencias de los debidas autorizaciones y refrendas", indica el reporte del auditor especial.

Otro caso de inconsistencia de documentos se registró en la ampliación de la escuela Carlos H. Banegas, en Tocoa, Colón, que efectuó el ingeniero Munir Rabah Orozco por 737,173.78 lempiras.

El acta de entrega de la obra no cuenta con fecha de libramiento, lo que "podría facilitar la ejecución de pagos sobre obras que no cuentan con los avances necesarios y el seguimiento de las mismas".

Esta situación también provoca que se haga difícil la aplicación de sanciones o multas en caso de demoras en la entrega de la obra o desvío de recursos.

La auditoría forense detectó, además, que en el proyecto de readecuación de aula técnica en la escuela Miguel Paz Barahona se hicieron cambios en los valores del costo de obra consignados en el expediente respectivo.

"Se observa que en la orden de cambio 01 de fecha 15/07/2009, el monto total por los materiales utilizados presenta correcciones y sobreescrituras manuales modificando el importe final".

Otra anomalía en esta obra es que no se visualizó que la orden de compra tenga la intervención del director de Control de Seguimiento.

El informe establece que en algunos casos se violó el artículo 284 del Código Penal, que se refiere al castigo para quienes falsifiquen documentos.

Ese artículo dice: "Será sancionado con reclusión de tres a nueve años quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio...".

Auditoría

La Secretaría de Finanzas y el Consejo Nacional Anticorrupción coordinaron el proceso de auditoría por instrucciones del presidente Porfirio Lobo Sosa.

El informe de la firma BDO es analizado por el TSC para determinar si las personas mencionadas en la auditoría incurrieron en alguna responsabilidad civil o penal.

La deuda flotante que la administración de Lobo recibió fue de 16,000 millones de lempiras.

El ministro del FHIS en tiempo del expresidente Manuel Zelaya fue César Salgado, quien enfrenta cargos por despilfarro de dinero para el proyecto de la cuarta urna.

La gestión de Salgado dejó una deuda de 85 millones de lempiras a los proveedores, según Carlos Hernán Banegas, exministro del FHIS que lo sustituyó en el período de facto de Roberto Micheletti.

Debido a esta situación, en ese período se paralizaron 300 proyectos de inversión.