Partidos políticos también tienen cuota de responsabilidad en la crisis

Los partidos políticos de Honduras tienen una significativa cuota de responsabilidad en la crisis que orilló a los acontecimientos del 28 de junio.

Así lo establece el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) al criticar que no hubo capacidad de diálogo entre estas instancias.

A continuación el análisis del documento "Para que los hechos no se repitan":

Los partidos políticos

Los sucesos del día 28 de junio de 2009, que tuvieron como efecto la salida forzada del presidente Manuel Zelaya, se origina en lo más inmediato, en la consulta que se pretendió ejecutar desde el Poder Ejecutivo, que impulsaba de manera directa el señor Presidente de la República, pese a que entre los meses de mayo y junio del mismo año diferentes órganos de justicia y el órgano electoral emitieron resoluciones que ordenaban que no se realizara la consulta.

En el mediano y largo plazo, el golpe de Estado de junio de 2009 es el resultado del agotamiento de las relaciones políticas y de poder entre las élites nacionales, de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, fundamentalmente, pero sin excluir el sistema de justicia; y de las profundizaciones de las diferencias socioeconómicas y el desencanto con los resultados de la democracia por parte de amplios sectores de la población excluidos de los beneficios del progreso.

Uno de los déficits claros de las principales instituciones políticas hondureñas es la falta de independencia y autonomía. Todas llevan algún tipo de sello partidista y han de responder ante las cúpulas de los partidos, lo cual interfiere en su desempeño. Basta señalar como ejemplo a la Corte Suprema de Justicia, conformada por 15 miembros, nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una junta nominadora. Pero, en definitiva, plegados al partido que los votó, bien sea el Partido Liberal de Honduras o el Partido Nacional de Honduras.

En el Ministerio Público, el fiscal general y el fiscal general adjunto son nombrados por el Congreso Nacional (pertenecientes al PLH y al PNH también) al igual que la Procuraduría General de la República.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Cuentas igualmente son nombrados por el Congreso y el TSE tiene vínculos muy estrechos con los partidos políticos.

Esta politización y partidización de las instituciones del Estado explica, a juicio de algunos entrevistados, el divorcio entre el expresidente Zelaya y la confrontación constante con otras instituciones durante su mandato. Este control de los partidos grandes de la mayoría de las instituciones provoca desconfianza entre los partidos minoritarios, que no cuentan con representantes en las instituciones. Sin embargo, lejos de querer despolitizar las instituciones, algunos miembros de estos partidos prefieren que haya representantes de todos los partidos. Sobre el TSE, comenta un entrevistado: "En eso tenemos una terrible desventaja, en el tiempo, en el montaje de lo que sea, pues cualquier decisión estructural del proceso, nosotros somos los últimos en enterarnos. Igual, si queremos tener acceso a las instancias donde se está haciendo un recuento de votos, igual si queremos tener acceso a las mesas electorales, o si queremos tener acceso a la supervisión de todo el sistema informático. Entonces, realmente es una situación de desventaja que puede dar lugar incluso a manipulación del proceso electoral y así es complicado realmente tener confianza plena en que los resultados son realmente los más justos, los más correctos".

Algunos entrevistados reconocen que los avances que se han querido asumir para despolitizar los organismos han terminado en un fraude o en un fracaso. Al respecto, dos ejemplos son claros: el TSE y la Corte Suprema. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, antes estaba compuesto por cinco miembros y con las reformas se redujo a 3 magistrados.

Sin embargo: "El Congreso mayoritariamente conformado por los partidos tradicionales, lo que hace es poner un representante del PN, un representante del PL y un representante de la DC, y no cualquier representante, sino gente muy reconocida de militancia en esos partido que han sido candidatos, o que han sido electos".

La propuesta de algunos miembros de los partidos pequeños es aumentar de nuevo el número de magistrados del TSE para que cada partido tenga su propio representante. No obstante, esta solución no resuelve el problema de fondo y además no contempla formas de adaptación a cambios en el sistema político como, por ejemplo, el surgimiento de nuevos partidos que pueden reclamar su propio representante. Ni tampoco solucionaría problemas relacionados con la preferencia que puede tener cada magistrado por algún movimiento concreto dentro del partido al que está vinculado.

Algo semejante sucede con la Corte Suprema, donde se estableció un mecanismo para tratar de que fuera electa sin injerencia de los partidos, pero como un entrevistado lo señala, si se "pregunta a cualquier persona en este país y le va a decir: está conformado por siete miembros de un partido y por ocho miembros del otro… en el Congreso, por defender sus intereses o por defender la posición de su partido, lo que hacen es definir una distribución, tantos para un partido y tantos para el otro".

Sobre este aspecto, el mecanismo de la consulta para impulsar reformas políticas ha sido una vía exitosa y con resultados tangibles en países del hemisferio sur, específicamente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero, la Honduras del año 2009 no era el Perú de 1992, ni la Venezuela de 1998, ni el Ecuador o Bolivia de la segunda mitad de la década pasada; en estos cuatro países la disolución del sistema de partidos fue el común denominador y esta desarticulación fortaleció la figura presidencial.

En Honduras, el bipartidismo no está en crisis, aunque los resultados electorales marcan una tendencia al distanciamiento de los electores hacia los partidos políticos. La llamada directa desde el Poder Ejecutivo a la ciudadanía era, por consiguiente, mucho más fácil e, indudablemente, también mucho más operativa en la persecución de la eficacia política. En Honduras, la oposición al Ejecutivo por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial, también desde los partidos políticos, hizo llevar al extremo la confrontación entre los Poderes del Estado en un marco de notoria politización y partidización de las instituciones.

La crisis política institucional de 1985 evidenció una capacidad de mediación de los sectores políticos y de algunos sectores sociales, como la iglesia, los sindicatos, los empresarios; sin embargo, la crisis del año 2009 evidenció el agotamiento de esa capacidad de negociación, interviniendo al menos tres situaciones:

• El distanciamiento del presidente Zelaya de su propio partido y el rechazo de la consulta conocida como cuarta urna de la dirigencia de, al menos, cuatro de los cinco partidos representados en el Congreso Nacional.

• La polarización y agudización de las contradicciones entre diferentes sectores políticos, sociales y gremiales.

• Los supuestos alcances de la consulta, en un contexto de incertidumbre asociada al proyecto de la ALBA; esta estaría conduciendo a una reforma constitucional que modificaría las relaciones de poder, con lo cual este tema fundamentalmente volvía la mediación sumamente difícil.

En el análisis de lo ocurrido en 2009 llama la atención que no se buscara una solución legal al proceso de destitución de acuerdo al marco de la Constitución y las leyes ante las acciones del presidente, que de acuerdo con las resoluciones de los tribunales de justicia no eran legales. Para el caso: "Se trató de acomodar mucho y él lo interpretaba como señales de debilidad, entonces, él llegaba donde se le dejaba... debimos ser más proactivos y también al final debimos ser más proactivos en la defensa de la institucionalidad".

Acerca de esta situación, otro entrevistado también sostiene que: "Si Zelaya había violado la ley como sostienen algunos en su tesis, ¿por qué no le iniciaron el debido proceso? Si ya la ley lo indica… Si lo hubieran hecho de manera legal hubieran sentado un precedente, tal vez histórico, en cuanto a las actuaciones de un presidente, pero no lo hicieron, prefirieron usar la fuerza".

Lo cierto es que la estabilidad del sistema bipartidista se rompió con la crisis de 2009, el Partido Liberal, que estaba en el poder en 2009, ha sacado los peores resultados electorales en noviembre de 2009 y con ello pagó el costo más alto que su opositor histórico. Sin lugar a dudas, el partido del presidente Zelaya tenía la mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (8 de 15 magistrados), además de la titularidad de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público.

Pero, los partidos políticos hondureños aguantaron el embate de la presión internacional y de las movilizaciones contra el golpe de Estado, que posteriormente se conformó como Frente Nacional de Resistencia Popular, de esta forma lograron continuar con la organización del proceso electoral que había comenzado el año 2008 con la convocatoria a las elecciones internas de noviembre de ese año y culminar el proceso electoral en el marco de las consecuencias sociopolíticas y el aislamiento internacional.

No obstante, lo que la crisis evidenció para muchas personas entrevistadas fue que "se perdió la capacidad de negociar". De tal manera que el pacto existente entre la clase política hondureña vigente con claridad durante las últimas tres décadas, quedó seriamente deteriorado en un clima de confrontación, cuyo nivel fue creciendo.

Además, esta crisis evidenció la contraposición de dos proyectos diferentes dentro del partido que históricamente fue mayoritario y que siempre ocupó el centro del arco ideológico del país, el Partido Liberal de Honduras.

El hecho de que después de los sucesos de 2009 concurriera una notable secuela de desatinos institucionales, no aminora las responsabilidades de los partidos políticos hondureños, que pueden situarse en diferentes niveles. Aunque es verdad que los desaciertos institucionales, unidos al no respeto a las leyes, forzaron los acontecimientos y encadenaron sucesivas frustraciones, conviene recordar, en ese sentido, que se había eliminado cualquier posibilidad de juicio político al presidente con la reforma constitucional.

Parece muy obvio que la existencia de un procedimiento adecuado hubiera canalizado los conflictos por la vía legal, como ocurrió en Guatemala en la crisis suscitada por el presidente Serrano Elías en 1993.

Paralelamente, no había un vicepresidente, dado que Elvin Santos había renunciado para ser candidato presidencial, para lo cual se modificó la ley. Además, si Zelaya hubiera sido suspendido de su cargo presidencial siguiendo ese mecanismo, dejaría su cargo de un modo temporal y quien asumiera el cargo lo habría sido de un modo interino, no permanente.

Expulsar del país al expresidente fue una decisión que se ha justificado por la necesidad de evitar mayores conflictos, dada la movilización popular a favor y en contra de la cuarta urna, pero claramente no fue un acto legal y está en la base de la aceptación prácticamente unánime por parte de la comunidad internacional, así como de la comunidad académica, de que se trató de un golpe de Estado, tal como ya lo hemos abordado en el capítulo 7 de este informe.

Ahora bien, la clase política, agrupada fundamentalmente en los dos partidos tradicionales, no puede evadir la responsabilidad de los hechos, no solo por no buscar una salida negociada al conflicto, sino porque fue manifiesta la ausencia de toda voluntad política para pactar y ceder ante el conflicto de las partes: "Así se resuelven los problemas aquí, pactando… por eso me parece absurdo que se busque salida jurídica a los problemas políticos; o sea, ideas políticas y problemas jurídicos, que aquí se dan a cada rato y esa es la causa de la crisis del año pasado… cada vez que algo lo prohibió la Constitución, pactaron".

Lo que era una práctica informal en la política hondureña, y fuente de su señalada estabilidad, se rompió en 2009 al no generarse las condiciones para los acuerdos en el marco de una aguda polarización que hizo aparecer los enterrados estigmas y signos de la guerra fría bajo otro perfil. De esta forma, los partidos tienen una responsabilidad histórica en lo sucedido, dado que actuaron al margen de la legalidad mucho antes del 28 de junio. También porque la crisis venía gestándose desde mucho tiempo atrás y los partidos tuvieron margen de acción que no utilizaron, ya que a corto plazo las cosas parecían irles razonablemente bien, dada la cautividad a la que tenían sometido al electorado: "Tuvieron oportunidades de cambiar sus prácticas de clientelismo y de culto al caudillo, al cacique que a la larga es lo que genera esto. Nunca los partidos han hecho algo con seriedad han atacado el problema".

Ante la crisis, los partidos en el Congreso tuvieron una respuesta bastante homogénea, lo cual los llevó a la corresponsabilidad de lo acontecido; todos, salvo la UD, apoyaron las acciones llevadas a cabo. En este sentido, para la mayoría de los entrevistados —los que se mostraban a favor de la expulsión de Zelaya y los que estaban en contra— los partidos políticos tuvieron una participación directa: "Son corresponsables de todo lo que ocurrió… fraguado, conducido y ejecutado por los líderes de esos partidos".Fue una lucha de poderes, una lucha ideológica, una lucha de intereses económicos y al final ellos se adueñaron del poder militar también y se logró defenestrar a Zelaya, pero yo también pienso que Zelaya cometió algunos errores".

Los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, con excepción de la UD, compartieron la responsabilidad de separar de su cargo al presidente de la república, José Manuel Zelaya. No obstante, en algunos casos, dirigencia y bases partidistas estuvieron divididos. Por ello, algunos entrevistados sitúan las responsabilidades en ciertos candidatos y líderes más que en los partidos. Por ejemplo, se expresan bastantes críticas a quienes participaron en las elecciones rompiendo con la promesa de condicionar la participación en las mismas a la restitución de Zelaya como presidente, para ciertos sectores de UD y PINU, fundamentalmente.

Las declaraciones del excandidato a la presidencia por el partido liberal Elvin Santos a la CVR plantea que no hubo participación de este partido en el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya: "Es absolutamente fuera de contexto el pensar que el partido liberal como partido o mi persona en lo particular o de forma personal hubiese estado involucrado en una circunstancia de remoción de Zelaya, le acabo de reiterar y lo vuelvo a hacer de nuevo que el principal afectado de esa decisión hubiese sido el partido y su servidor, y suficientes instancias con una mente analítica hay en el transcurso previo de los incidentes para demostrar este punto, por lo tanto resulta totalmente fuera de contexto el pensar que el Partido Liberal y que su servidor en ese momento líder del Partido Liberal pudiera haber estado de acuerdo en promover esto, y no es que se levantó y se fue o que no estuvo de acuerdo, sencillamente es que no era aceptable, y nosotros el día viernes en la reunión en la Embajada Americana celebramos con el embajador el hecho de que no se había llevado a cabo, gracias a Dios, el jueves en la noche la intención que ignorábamos que estaba en el Congreso tratando de... entonces lo que le quiero decir con esto es que si en algún momento se alineó una serie de circunstancias no fueron parte de una conspiración del partido y mucho menos de su servidor, que buscaba más bien tratar de que esto pasara y que pudiéramos irnos a elecciones.

Si nosotros teníamos la confianza de poder derrotar la consulta del domingo, ya no importaba que se hiciese, si alguna circunstancia se dio posterior a eso yo la ignoro. Sí le puedo decir algo con toda certeza, cuando yo participé en las reuniones, en varias que hubieron y por ejemplo yo recibí a la Fuerza Armada, esa gente andaba como alma en pena, no sabían qué hacer, entonces me fueron a ver a mí como candidato del partido, entonces me dijeron mire ingeniero, fueron a mi oficina, óigame nosotros no sabemos qué hacer queremos hablar con el Cohep, hoy mismo queremos hablar con el Cohep, queremos hablar con el Partido Nacional, queremos hablar con usted, con todo el mundo porque no sabemos qué hacer, estamos con una orden de que vayamos a ejercitar acciones de nuestro Comandante y tenemos también nuestros asesores diciéndonos que se rompe la ley, entonces esa gente anduvo haciendo no las reuniones que ustedes quieren marcar dentro de las horas antes para buscar…".

La asignación de responsabilidades no es tan clara para quienes creen que los partidos han estado ajenos a la crisis que se venía gestando desde hacía meses atrás y de la que el Partido Liberal de Honduras fue el que sufrió el mayor impacto y consecuencias negativas, dado el nivel de confrontación interna y de posiciones encontradas que existía mucho antes de la crisis: "Los partidos no tienen nada que ver y son más bien espectadores de lo sucedido".

Pero, los partidos políticos, fundamentalmente el Partido Nacional y el Partido Liberal, tienen una larga historia de negociaciones, interpretaciones, reformas y contrarreformas que han impedido la consolidación y fortalecimiento de las instituciones del Estado. Los partidos políticos representados en el Congreso Nacional vienen de una práctica donde las decisiones de casos se enmarcan en un alto nivel de discrecionalidad, donde casi no hay límites para interpretar, decidir, beneficiar o perjudicar. En consecuencia, en el marco de la discrecionalidad ilimitada, con los partidos políticos desde el Congreso Nacional se puede arriesgar el Estado de derecho y la democracia.