"Mel" intentó convencer a la iglesia para apoyar la cuarta urna

Las iglesias en Honduras, desde hace algún tiempo, las élites políticas han necesitado y acudido a las iglesias y las altas jerarquías religiosas para lograr gobernabilidad en momentos de crisis, para obtener credibilidad ante ciertas políticas, para impulsar reformas políticas institucionales e, inclusive, los gobiernos han involucrado a la jerarquías religiosas en actos y funciones del Estado.

Hasta hace una década la preeminencia la tenía la Iglesia Católica, pero las iglesias evangélicas han avanzado en los espacios y en las relaciones entre la iglesia, el Estado y los gobiernos, reafirmándose en grupos de poder y de influencia social. Actualmente la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica se han convertido en actores sociopolíticos relevantes y, en el caso de la crisis política de 2009, han tenido una participación relevante antes, durante y después; aunque también han padecido las consecuencias de esta participación.

Las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica con una jerarquía más rígida, no actuaron, ni puede interpretarse, como un grupo homogéneo. Las diferencias, mucho más pronunciadas en la Iglesia Católica que en la Evangélica, evidencian el posicionamiento de la jerarquía regional, el acompañamiento a las actividades socioeconómicas, al compromiso con los avances o retrocesos democráticos y a un nivel cada vez menos abstracto y mítico de la militancia y la vida religiosa.

La Iglesia Evangélica, sin arraigo histórico, pero con un crecimiento cuantitativo incuestionable, tiene jerarquías que han penetrado en la vida política institucional más allá de los actores estrictamente religiosos y de acompañamiento en actos de fe. Al no existir una jerarquía única, no hay un señalamiento al conjunto de sus iglesias, sino a iglesias específicas de las mayores denominaciones, en las que se mantuvo desde una militancia activa favorable a la salida forzada del presidente Zelaya, hasta el silencio frente al conflicto; sin embargo, la dispersión de la congregaciones no ha evitado las fracturas internas, pero han sido menos visibles que en la Iglesia Católica.

La Iglesia Católica

Antes del 28 de junio, al iniciarse el gobierno presidido por José Manuel Zelaya Rosales, en enero de 2006, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) emitió la carta pastoral "Por los caminos de la esperanza", en la que fijó su posición ante el nuevo gobierno y dio a conocer sus opiniones con respecto a los temas que requerían una atención prioritaria, para evitar que su deterioro agravara otras crisis que afectaban crónicamente a Honduras.

La CEH, en junio de 2008, con motivo de un nuevo comunicado, indicaba un cambio en su postura sobre el gobierno de Zelaya Rosales, hacia una actitud más crítica, o sea que la ruta seguida por este ya no se ajustaba al itinerario propuesto por la CEH.

Sin embargo, el énfasis de dicho comunicado no era la totalidad de la actividad gubernamental, sino de los temas específicos de justicia, corrupción y probidad administrativa, que en abril y mayo de ese año habían sido llevados a discusión pública por la larga huelga de hambre protagonizada por un grupo de fiscales y otros ciudadanos en el edificio del Congreso Nacional.

En enero de 2009, la CEH se manifestó sobre los mismos temas, manifestando desesperanza -y cierto grado de frustración- ante el curso que los hechos políticos y sociales habían tomado en los tres años transcurridos desde la asunción del presidente Zelaya en enero de 2006 hasta enero de 2009.

La Iglesia Católica asume postura ante la consulta

El 4 de junio de 2009, la Comisión Nacional Pastoral emitió un comunicado, después de llevar a cabo una asamblea en Siguatepeque, fijando su posición ante la crisis política que amenazaba con desbordarse: "Vemos cómo se hunde cada día más el sistema democrático con la pérdida de credibilidad y confianza de la población en sus instituciones: la Constitución de la República, los partidos políticos, los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, el Tribunal Superior de Cuentas...". De igual manera, contrastaban que en ese momento prevalecía la búsqueda del beneficio personal o de grupos: "Mientras las grandes mayorías siguen viviendo con problemas agudos, fruto de un sistema injusto y sin equidad… Lo más triste de esta realidad es la pasividad, indolencia e indiferencia con que la mayoría de la población mira esta situación, dejando de ser protagonista de su historia".

A pesar del deslizamiento progresivo de la crisis política hacia una pendiente que conducía directamente a los acontecimientos del 28 de junio, la CEH no se pronunció, sino tardíamente, el 19 de junio, emitiendo un comunicado que en lo fundamental tampoco puede ser considerado como una guía para lograr una solución dialogada de los conflictos. El sustento pastoral del comunicado de la CEH del 19 de junio de 2009, fue una frase del documento de Aparecida, que señala lo siguiente: "Compete también a la Iglesia colaborar en la consolidación de las frágiles democracias, en el positivo proceso de democratización en América Latina y el Caribe, aunque existan actualmente graves retos y amenazas de desvíos autoritarios".

En su comunicado del 19 de junio, los obispos hicieron un recuento de los hechos del momento para poder caracterizar la coyuntura política, mencionando las elecciones internas en los partidos mayoritarios, la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el nombramiento del fiscal general de la República, los rumores de golpe de Estado y los preparativos gubernamentales para efectuar una consulta popular sobre la cuarta urna, que produjo en los obispos una: "Honda preocupación por las divisiones y la polarización de fuerzas que cada día se agudizan en nuestra sociedad".

Es de señalar que previo al 28 de junio la CEH se reunió con el presidente Manuel Zelaya para que expusiera sobre el proyecto de la cuarta urna. Al respecto, en la declaración del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga a la CVR expresó lo siguiente: "Él -Manuel Zelaya Rosales- pidió una reunión con nosotros en la Conferencia Episcopal el día 11 de junio del 2009, lo recibimos, vino con el ministro Flores Lanza y con el ministro Enrique Reina y fueron 4 horas de coloquio, y él convenciéndonos que se trababa de una consulta popular, que no era una decisión sobre la Constituyente, etc., nosotros le planteamos todas las inquietudes que había en el pueblo y le dijimos: "Señor, Presidente, si van a hacer algo, háganlo conforme a la Ley", y al terminar eso, quisiera leérselo aunque tome un poquito de tiempo, hicimos este comunicado: "da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo", cita del Libro de Reyes 3:9., los obispos de la Iglesia Católica de Honduras reunidos en nuestra Asamblea Anual al pueblo de Dios y a la sociedad hondureña en general manifestamos lo siguiente: el decidido empeño para que haya verdadera justicia social como compromiso de toda la ciudadanía, sobre todo de aquellas personas que aspiran a cargos de elección, creemos que en la medida que se vaya desarrollando la capacidad de la conciencia o la responsabilidad ética de dirigentes políticos, de los funcionarios públicos...".

La Iglesia Católica después del 28 de junio

El 4 de julio de 2009, una semana después de la instalación del gobierno de facto, cuando en algunos sectores de la población crecía la expectativa de un retorno inminente del expresidente Zelaya a Honduras, la incidencia de un nuevo comunicado de la CEH en la opinión pública, consistió en que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión convocada para tal efecto por el gobierno de facto. La lectura del comunicado fue llevada a cabo por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, la figura más prominente de la Iglesia Católica hondureña, dándole así mayor trascendencia y un peso inusitado al comunicado de la CEH, que además nunca antes había logrado que los medios de comunicación públicos y privados le transmitieran un pronunciamiento al mismo tiempo y a escala nacional, por una orden expresa del Poder Ejecutivo.

Del comunicado de la CEH del 4 de julio se deduce un posicionamiento político explícito a favor del gobierno de facto, como se manifiesta en las expresiones siguientes: "Ante la situación de los últimos días, nos remitimos a la información que hemos buscado en las instancias competentes del Estado (la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral) y muchas organizaciones de la sociedad civil. Todos y cada uno de los documentos que han llegado a nuestras manos demuestran que las instituciones del Estado democrático hondureño están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídica-legal han sido apegadas a derecho. Los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial están en vigor legal y democrático, de acuerdo con la Constitución de la República de Honduras".

Otras expresiones insertas en dicho comunicado reflejan una postura similar a la asumida anteriormente por la Comisión Nacional Pastoral, centrada en dar una opinión jurídica para derivar de esta una responsabilidad y una culpabilidad específica, para luego emitir un juicio y una condena sumaria. Así lo demuestran las aseveraciones y juicios siguientes, que constituyen otro elemento esencial en dicho comunicado:

• Conforme a lo contemplado en el artículo 239, de la Constitución de la República: "Quien proponga la reforma de este artículo cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública". Por lo tanto, la persona requerida, cuando fue capturada, ya no se desempeñaba como Presidente de la República.

• Con fecha 26 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, nombró un juez natural que giró la orden de captura contra el ciudadano presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de los delitos de: contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras; lo anterior a raíz del requerimiento fiscal presentado en esa Corte por parte del Ministerio Público".

No obstante, la CEH se mostró también consciente de que las acciones ejecutadas por quienes depusieron al presidente Zelaya tampoco estaban apegadas a derecho, por lo que invoca el artículo constitucional 102 (ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero) y afirma: "Que todos merecemos una explicación de lo acaecido el 28 de junio". Al final, dicho comunicado reitera su alineamiento con la posición sustentada por el gobierno de facto y repite los argumentos jurídicos y políticos que tal gobierno difundía por los medios de comunicación oficiales y los medios privados que abiertamente apoyaban la deposición del presidente Zelaya en la forma en que se hizo. Por eso la CEH exigía públicamente: "Es fundamental respetar el calendario del Tribunal Supremo Electoral que garantice las elecciones del próximo mes de noviembre. A la Organización de Estados Americanos pedimos que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado. También el pueblo hondureño se pregunta por qué no han condenado las amenazas bélicas contra nuestro país. Si el sistema interamericano se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas. A la comunidad internacional le manifestamos el derecho que tenemos de definir nuestro propio destino sin presiones unilaterales de cualquier tipo, buscando soluciones que promuevan el bien de todos.

Rechazamos amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres".

En suma, el comunicado de la CEH, "Edificar desde la crisis", asume un posicionamiento político específico, cuyo contenido favoreció a las fuerzas políticas, económicas y sociales que depusieron y expatriaron al presidente Zelaya. Este comunicado fue suficientemente explícito al respecto, demostrando así el compromiso asumido por los obispos católicos de Honduras ante el desenlace final de la crisis política del año 2009.

A diferencia de los pronunciamientos emitidos por la Asamblea Nacional Pastoral y la Comisión Nacional Pastoral, el comunicado "Edificar desde la crisis", del 4 de julio de 2009, no fue elaborado en el marco de la confusión política y jurídica que prevalecía en Honduras antes del 28 de junio, sino ante un hecho consumado, en un contexto de imposición gubernamental y ante la creciente movilización popular que esta concitó. Solo así se puede comprender, desde una dimensión más objetiva, las respuestas que esta postura de la CEH recibió por parte de las organizaciones populares y de la sociedad civil, que expresaron una condena explícita hacia el posicionamiento político asumido por la jerarquía eclesiástica.

Fue notorio, además, que la condena que emergió de las organizaciones sociales y de los ciudadanos hacia la postura asumida por la jerarquía de la Iglesia Católica recayó en la figura del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, no solo por haber sido él quien leyó, en cadena nacional de radio y televisión, el comunicado de la CEH.

La Iglesia Católica: posturas de las diócesis

La postura asumida por la CEH el 4 de julio, aunque era la instancia de autoridad más importante en la Iglesia Católica, estuvo lejos de expresar la diversidad de opiniones y posturas políticas prevalecientes en dicha Iglesia, como se constata en las condenas explícitas emanadas de otras instancias de la misma Iglesia, tanto antes como después del pronunciamiento de la CEH del 4 de julio, aunque tales posturas no alcanzaron la misma difusión pública que el comunicado oficial "Edificar desde la crisis".

Es el caso, por ejemplo, del pronunciamiento de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, presidida por su obispo, monseñor Luis Alfonso Santos, que el 1 de julio de 2009 divulgó una condena expresa de los acontecimientos del 28 de junio señalando, entre otras cosas, las siguientes: "Como responsables de la conducción de la Iglesia Católica en el Occidente de Honduras, repudiamos la sustancia, la forma y el estilo con que se le ha impuesto al pueblo un nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Si el presidente José Manuel Zelaya Rosales hubiese cometido algún ilícito, tiene derecho a un juicio justo, igual que todo ciudadano hondureño y en general todo ser humano. El Art. 84 de la actual Constitución dice textualmente: nadie puede ser arrestado, sino en virtud del mandato escrito de autoridad competente. El golpe de Estado del 28 de junio ha tenido como consecuencia: reclamos de la ciudadanía en las calles y carreteras, clima de inseguridad y miedo en las familias por limitación de las garantías constitucionales entre ellas:

• El derecho a la libertad de circulación.

• Libertad de asociación y manifestación.

• Inviolabilidad del domicilio.

• Derecho a la propiedad privada.

• Libertad de prensa y difusión de ideas y opiniones.

• Libertad personal, incluso el derecho de no ser detenido administrativamente en sede policial por más de 24 horas.

• Y la detención judicial para inquirir, de 6 días, la cual pasaría a detenciones indefinidas.

Todo lo anterior está contenido en el decreto sobre el estado de excepción que ayer primero de julio se estaba redactando en el Congreso Nacional. Con ello se avecina una masiva violación de los derechos humanos. Al respecto repudiamos en especial:

• La forma violenta en que fue silenciada Radio Progreso y otros medios de comunicación.

• Las detenciones ilegales.

• El destierro de algunos compatriotas.

• Los golpes y heridas sangrantes".

La Diócesis de Santa Rosa de Copán fue más allá y culpabilizó por el derrocamiento del presidente Zelaya a los 124 diputados de los Partidos Liberal y Nacional, considerándolos "responsables del golpe de Estado", a la vez que les recordaba "que no son dueños de Honduras y que nadie puede estar por encima de la ley". Asimismo, les reclamaba que por su negligencia al no haber reglamentado el plebiscito y el referéndum, "como sugerimos los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras en nuestro comunicado del 19 de junio recién pasado, no estaríamos en esta situación". Pero los diputados, enfatizaba el comunicado, "prefirieron ser fieles a los grupos económicamente fuertes, nacionales y transnacionales.

Esperamos que en las próximas elecciones, el pueblo les dé un voto de castigo".

Asimismo, el obispo Luis Alfonso Santos de la Diócesis de Santa Rosa de Copán expresó a la CVR lo siguiente: "Como responsables de la conducción de la Iglesia Católica en el Occidente de Honduras, repudiamos la sustancia, la forma y el estilo con que se le ha impuesto al Pueblo un nuevo Jefe del Poder Ejecutivo. Si el Presidente José Manuel Zelaya Rosales hubiese cometido algún ilícito, tiene derecho a un juicio justo, igual que todo ciudadano hondureño y en general todo ser humano. El Art. 84 de la actual Constitución dice textualmente: "Nadie puede ser arrestado, sino en virtud del mandato escrito de Autoridad Competente". El golpe de Estado del 28 de junio ha tenido como consecuencia: reclamos de la ciudadanía en las calles y carreteras, clima de inseguridad y miedo en las familias por limitación de las garantías constitucionales entre ellas… La Diócesis de Santa Rosa de Copán fue más allá y culpabilizó por el derrocamiento del presidente Zelaya a los 124 diputados de los Partidos Liberal y Nacional, considerándolos "responsables del golpe de Estado", a la vez que les recordaba "que no son dueños de Honduras, y que nadie puede estar por encima de la ley".

Asimismo, les reclamaba que por su negligencia al no haber reglamentado el plebiscito y el referéndum, "como sugerimos los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras en nuestro comunicado del 19 de junio recién pasado, no estaríamos en esta situación".

Pero los diputados, enfatizaba el comunicado, "prefirieron ser fieles a los grupos económicamente fuertes, nacionales y transnacionales. Esperamos que en las próximas elecciones, el Pueblo les dé un voto de castigo…".

Otra voz diferente, aunque moderada, fue la de la Diócesis de Trujillo, encabezada por su obispo, monseñor Luis Solé. En julio de 2009, dicho obispado elaboró un análisis sobre la crisis política en el que destacó que esta se originó por las sucesivas violaciones a la Constitución y otras leyes en las últimas décadas, por lo cual responsabilizó a la clase política y los grupos de poder económico. Sin embargo, cuando analizó el derrocamiento del presidente Zelaya sostuvo que: "Los acontecimientos del 28 de junio son el resultado de una serie de desencuentros del Poder Ejecutivo en relación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y de las acciones realizadas por el señor José Manuel Zelaya contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. También son consecuencia de que no exista en Honduras el tribunal constitucional que dirima en los enfrentamientos que se puedan dar entre los tres Poderes del Estado". Sin embargo, condenó la expatriación del expresidente Zelaya y: "Las actitudes dictatoriales que se han impuesto a la población: violación de la libertad de prensa y manipulación de los medios de comunicación, corte de la energía eléctrica, restricción de garantías individuales, etc., porque igualmente atentan contra la Constitución de la República y los derechos de los ciudadanos".

Además, la Iglesia de Trujillo consideró oportuno señalar que hubo actitudes específicas que favorecieron el estallido de la crisis, entre otras que: "La mayoría de la población ha dejado de creer en las autoridades por el grado de corrupción con que actúan o que, simplemente, permiten". Asimismo, señaló que a falta de un: "Verdadero liderazgo político, el populismo del señor Zelaya ha tenido un efecto impactante en buena parte del pueblo. Las medidas populistas no siempre son para el beneficio directo del pueblo. En muchos casos hacen que el gobernante, en vez de acercarse al pueblo para favorecerlo, se sirve del pueblo para salir favorecido él".

Entre las lecciones aprendidas en el contexto de la crisis política, el presbiterio ampliado de la Diócesis de Trujillo destacó: "La necesidad y el derecho que tiene el pueblo a participar en la elaboración de las leyes por las que deberá regirse y no solo la obligación de cumplirlas… la creciente conciencia ciudadana es una fuerza que ni los partidos políticos ni los gobernantes habían valorado". De donde pasa a ver en la crisis como: "La oportunidad de ir haciendo realidad el principio de la democracia real y participativa, superando una democracia únicamente electorera, formal y representativa".

Una característica particular de este documento es que, además de elaborar críticas sobre el orden político, también reflexiona sobre las soluciones y expone algunas propuestas para evitar que las crisis sigan agravándose y que hechos como los del 28 de junio de 2009 vuelvan a repetirse en Honduras, entre tales propuestas cabe destacar las siguientes:

• Es urgente elaborar un plan de nación, fruto de un consenso nacional, que incluya un pacto social. Hacia esto deben encaminarse los esfuerzos del gobierno y de todas sus instituciones, así como la sociedad civil organizada. El diálogo que facilite este plan de nación ha de ser transparente y dado a conocer a toda la población.

• Es necesario entrar en un proceso legal donde el pueblo pueda ser consultado acerca de las posibles y necesarias reformas a la Constitución, para que la participación ciudadana sea real en nuestra democracia.

• Será garantía para el futuro de la nación que las instituciones del Estado a quienes les corresponde, investiguen si existen actos de corrupción tanto en el gobierno del señor Zelaya como en los gobiernos anteriores, así como en las instituciones estatales, a fin de deducir responsabilidades.

• Nuestras energías no deberían gastarse en la batalla sobre si vuelve o no como presidente el señor Zelaya, o si se va o no el señor Micheletti, sino en construir otra Honduras, y esto solo lo lograremos si la ciudadanía y la clase política empezamos a compartir una visión de país que sea para el bien de todos y ejerzamos el derecho moral a vetar a tantos dirigentes y políticos corruptos".

Un comunicado posterior de la CEH, emitido el 8 de octubre de 2009, se refirió al diálogo en curso en ese momento entre las partes enfrentadas, sopesando sus posibilidades y argumentando que el diálogo establecido no debía reducirse: "A una técnica de solución de conflictos, sino que tiene una dimensión ética, pues su ejercicio implica actitudes morales y está al servicio de lo que es bueno, justo y verdadero para nuestro pueblo". Además, la CEH reconocía que un acuerdo político: "No es la solución total a los graves problemas que aquejan a Honduras, pero por lo menos situaría al país en las condiciones institucionales aptas para afrontarlos, en el marco de un plan conjunto, con la participación de todos según el criterio de subsidiariedad y con un nuevo estilo de gestión política", teniendo al bien común como el "principal imperativo"; reiterando así lo que ya había expresado en su carta pastoral de marzo de 2006.