Órganos incumplen ley para proteger bosque
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Honduras
Serie 2/3
Los organismos encargados de cuidar los bosques hondureños tienen una enorme cuota de responsabilidad en la masiva depredación de árboles, según el Monitoreo Forestal Independiente (MFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La investigación indica que El Ministerio Público (MP), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), las alcaldÃas y la PolicÃa Nacional no cumplen su función a cabalidad para atacar el corte ilegal de madera.
El MFI ha remitido a estas dependencias 94 informes donde constan distintas irregularidades de tipo penal y administrativo, pero no concluyeron las investigaciones de los casos presentados.
"Los informes de MFI, además de documentar la diversidad de mecanismos utilizados en la tala ilegal, demuestran las debilidades del sistema de prevención y control de la tala ilegal y proporcionan lineamientos para mejorarlos", dice Fausto MejÃa, coordinador del MFI.
Esta situación de no castigo a los depredadores del bosque hace que el corte ilegal se ampare en la impunidad para que no sea detenido, consideró el técnico.
Poca investigación
De los 94 informes elaborados y publicados por el MFI, el 62 por ciento contemplan delitos forestales, pero la FiscalÃa del Ambiente se ha quedado corta en la conclusión de las investigaciones.
"A la FiscalÃa le compete atender 61 de los 94 informes preparados por el MFI porque en ellos hay delitos en los que tiene que proceder y solo ha hecho acciones en 25, lo que representa el 41 por ciento", indica el reporte.
El documento del MFI revela diversas acciones ilegales en el corte de árboles y comercialización de la madera porque se efectuaron sin los respectivos permisos y en zonas prohibidas.
El Instituto de Conservación Forestal tenÃa que resolver 73 informes, pero solo actuó en 53.
A las autoridades forestales del paÃs se les responsabiliza de cometer, entre otras irregularidades, abuso de poder, incumplimiento en las inspecciones de control y supervisiones de campo, irregularidad en la preparación de subastas de madera en pie y anomalÃas en el aprovechamiento y renovación de permisos.
La mayorÃa de delitos se cometen en los departamentos de Yoro y Atlántida, mientras que en Olancho destacan los municipios de Gualaco y Juticalpa.
Evasión de impuestos
El MFI también remitió a la Dirección Ejecutiva de Ingresos una "barbaridad de irregularidades" relacionadas con la evasión de impuestos que constan en 10 reportes. No obstante, la DEI "solo ha hecho acciones en 3, que representa alrededor del 30 por ciento".
Los operadores forestales son aquellos que se dedican a la explotación del bosque en distintas formas, ya sea mediante el corte de madera, movilización del producto, informes de parte de técnicos y otro tipo de servicios y, según en informe "son responsables de cometer al menos diez tipos de irregularidades".
Las anomalÃas consisten en incumplimiento de los trámites administrativos, de la normativa técnica, preparación de informes técnicos con irregularidades, tala ilegal fuera de los limites del área autorizada, defraudación al fisco y tala sin ningún documentos de autorización.
Asimismo, se les sindica de hacer comercio e industrialización de madera ilegal, tala en áreas de protección o cerca de las fuentes de agua, manipulación de organizaciones locales para obtener permisos de aprovechamiento, uso fraudulento e incorrecto de documentos como facturas.
Analizando la industrias maderera, por cada metro cúbico que manejan legalmente las industrias primarias, secundarias, depósitos de madera y todos los que venden madera, prácticamente tres más son ilegales.
Sin especificar la fuente de información, el MFI asegura que en los últimos cinco años se han comercializado en el paÃs 1.6 millones metros cúbicos de madera ilegal.
"Esto significa que circulan a diario 46 camiones tipo rastras con madera aserrada de procedencia ilegal".
Obligación
Los reportes del Monitoreo Forestal Independiente deben ser tomados en cuenta para que se corrijan y castiguen acciones sobre el aprovechamiento ilegal de madera, recuerda MejÃa.
"Los informes del Conadeh tienen carácter obligatorio para las instituciones; el comisionado envió a cada uno de los actores claves una nota solicitándoles el resultado de sus diligencias en cada uno de sus informes, con un cuadro señalándoles el informe que se les habÃa remitido, cuáles eran las recomendaciones".
Al año se pierden 30,000 hectáreas de bosque por corte ilegal, según el MFI, aunque las cifras del ICF son mayores.
La estrategia Nacional para el control de la Tala y Transporte Ilegal de los Productos Forestales (ENCIT) 2010-2022 indica que el área vÃctima de deforestación anual llega a 58,000 hectáreas. Esta estrategia dice también que la impunidad vigoriza la deforestación.
En este informe se pone como ejemplo que en 2006 hubo uno de los mayores operativos militares para la protección de la foresta que se haya registrado y que, en consecuencia, se esperaba que hubiese un "bosque" de denuncias contra los depredadores.
Pero "no existe ninguna denuncia interpuesta a la FiscalÃa del Ambiente por este tipo de delitos".
"Impuesto de guerra"
Según la ENCIT, algunos poblados piden a los depredadores del bosque que paguen una indemnización para reponer los efectos negativos de su actividad.
"En ocasiones a esto se suma el ‘impuesto de guerra’ que cobran algunas comunidades, junta de agua o municipios para la reparación de los daños ocasionados por los camiones que transportan la madera", señala.
Existe falta de coherencia en las polÃticas públicas de protección al bosque.
La falta de organización en los procesos de tenencia de la tierra de vocación forestal es un "incentivo perverso" que incide en la pérdida del bosque.
Las atribuciones de las instituciones de protección forestal chocan, lo que genera también "confrontaciones en el mismo gobierno y hace muy difÃcil la coordinación" de medidas contra la depredación.
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