Auditarán las campañas políticas en Honduras

Los políticos hondureños parecen estar en la mira del Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El financiamiento de sus campañas será normado a partir de 2012.

Al menos así lo estipula el plan que ha puesto en marcha el gobierno de Honduras y al que EL HERALDO ha tenido acceso.

El documento que planifica acciones en contra de la corrupción y que consta de cuatro líneas de acción establece que se debe contribuir con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la implementación de normativas relacionadas con el financiamiento de las campañas políticas.

En las próximas elecciones internas de 2012, los candidatos deberán incluir los estados financieros de forma separada, el origen y uso de los recursos financieros de las campañas políticas. Asimismo, los estados financieros con información requerida por cada uno de los futuros participantes al menos una vez al año.

La normativa abarca tanto a los partidos políticos legalmente inscritos como a las candidaturas independientes.

Para mayo de 2012, se deberán definir y someter a aprobación reformas a la Ley Electoral compatibles con la rendición de cuentas al Congreso Nacional.

El plan contra la corrupción pretende fortalecer los procesos democráticos a través de un censo electoral depurado y actualizado por el TSE y el Registro Nacional de las Personas (RNP) de forma permanente.

Una de las acciones del referido plan ordena a las entidades electorales antes mencionadas publicar los informes de denuncias e impugnaciones resueltas por el TSE en relación a las elecciones primarias y generales entre los meses de septiembre y diciembre de cada año. El referido plan promueve una participación de la mujer en las elecciones primarias y generales.

Planificación

El plan de Transparencia para los años 2011 a 2014 fue aprobado la semana pasada en reunión de Consejo de Ministros. Está conformado por cuatro capítulos y diseñado con 115 acciones con sus respectivas medidas de política, indicadores, responsables y fechas de cumplimiento.

El documento fue elaborado conjuntamente entre el Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción, Instituto de Acceso a la Información Pública, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Oficina de Compras del Estado (Oncae), Oficina Nacional de Investigación de Control Interno (Onadici) y la sociedad civil.

El principal objeto es establecer transparencia en las finanzas públicas y articular esfuerzos entre Estado y la sociedad civil en auditorías sociales y de esta forma disminuir los índices de corrupción en la administración pública.

Comunicaciones

El plan contra la corrupción también contiene un llamado a los medios de comunicación.

Según el documento, se debe "definir e implementar, con apoyo de los diferentes medios de comunicación del país, una estrategia para la difusión de acciones contra la corrupción y de apoyo a la libertad de expresión". Promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la profesión del periodismo y medios de comunicación es otra de las acciones que plantea el gobierno para disminuir los altos índices de corrupción.

De igual forma, manda incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto los requerimientos anuales por concepto de servicios prestados por periodistas y medios de comunicación.

Control de la corrupción

Es el segundo tema importante que contiene el plan de lucha contra la corrupción.

Honduras sigue ocupando el primer lugar en corrupción en la región centroamericana y la tendencia es aumentar si no se toman las medidas para contrarrestar este flagelo.

Según el coordinador del CNA, Oswaldo Canales, el índice de corrupción en el país es de 2.5 por ciento.

En Latinoamérica, Honduras ocupa la posición número cuatro, solo superado por Haití, Paraguay y Venezuela, según un informe difundido este martes por Transparencia Internacional.

Monitoreo

Para disminuir los altos índices de corrupción, el Plan de Transparencia señala que para diciembre de 2011 se deberá crear una comisión integrada por juristas y otros profesionales para dar seguimiento y registro a los procesos sustanciados en los tribunales de justicia que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción.

Asimismo, ordena publicar cada seis meses un informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las instituciones obligadas e incluir en los planes de estudio de la educación formal, no formal y de las universidades públicas y privadas del país los contenidos sobre acceso a la información y transparencia en la gestión pública.

El documento plantea que se publique cada 30 días en el portal de transparencia correspondiente las entidades públicas y privadas que le adeudan al Sanaa, Enee, Hondutel, Ihss, DEI, Inprema e Injupemp.

Protección

Otra de las acciones que contempla el plan está orientada a la creación de programas específicos para proteger a los que deciden testificar prácticas ilegales dentro de la administración pública, así como ampliar el concepto mismo de "corrupción", que para muchos se limita simplemente al aspecto financiero pero que en realidad abarca también el abuso de poder, que podría reducirse con el aumento de la transparencia y rendición de cuentas.

Para suplir estas causas se considera que debe haber en el país un fortalecimiento institucional y moral, aplicación de las leyes, educación en valores y fortalecimiento de iniciativas como las comisiones de transparencia y la práctica de auditorías sociales con participación ciudadana.

Entre otras acciones, el plan establece que cada tres meses se debe informar sobre la Evaluación del Sistema Nacional de Compras y que a más tardar en diciembre de 2011 se deberán elaborar e implementar los manuales de compras y contrataciones y monitorear su aplicación efectiva.