Desalojos y capturas para salvar la Biósfera

“Señores, a partir de este momento quedan detenidos. Tienen derecho a una defensa, a no ser maltratados”, dijo el fiscal José Ismael Ordóñez, al leerle los derechos a las primeras cuatro personas capturadas por delitos de “daños agravados al medio ambiente y recursos naturales en perjuicio del Estado de Honduras”.

Con esta primera acción ejecutada el jueves recién pasado, por las autoridades del Estado -lideradas por el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de las Fuerzas Armadas- comenzó en este sector el rescate de la zona núcleo de la Biósfera del Río Plátano.

Tras ser detenidos por elementos policiales y por militares tanto del Décimo como del Décimo Sexto Batallón, Efraín Martínez, Isaí Martínez, Víctor Bonilla y German Adonai Romero sintieron el imperio de la ley en las palabras que pronunciaba firmemente el funcionario del Ministerio Público.

Inmediatamente los capturados fueron llevados a uno de los dos helicópteros de las FF AA que había trasladado al sector al juez ejecutor, teniente coronel McDonal Ferrufino; a Ordóñez, fiscal del medio ambiente; al abogado Ronald Dubón de la Unidad de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, a una representante de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y a dos procuradores, entre otros.

Órdenes
Con respeto a los derechos humanos, pero sin contemplaciones, las autoridades iniciaron la ejecución de las órdenes de desalojo de 14 familias asentadas en la zona núcleo de la Biósfera, así como las órdenes de captura contra 24 personas acusadas de los delitos de deforestación de este sitio declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979.

La falta de supervisión del Estado generó que agricultores y ganaderos, tanto en pequeña como a gran escala, ocupen ilícitamente las tierras de la reserva talando miles de hectáreas de bosque tropical para convertirlos en potreros y otra parte para parcelas de cultivos.

En 1996 la UNESCO por primera vez colocó la Biósfera del Río Plátano en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, y así permaneció hasta el 2007.

Como la invasión de las tierras, la deforestación, la caza y la pesca furtiva han continuado, sin que los gobiernos puedan hacerle frente al problema, en junio de este año, a petición del mismo Estado hondureño, el organismo mundial por segunda vez colocó a la reserva forestal en la lista de patrimonios mundiales en peligro.

Tras las primeras capturas, otros equipos se desplazaron a cuatro viviendas ubicadas cerca del campamento militar, a ejecutar las demás órdenes de arresto, de desalojo y destrucción de viviendas.

“No puedo salirme porque no está mi esposo” ¿y a dónde quiere que nos vayamos? dijo tímidamente Irma Martínez, mientras el abogado Ronald Dubón, en presencia del Juez Ejecutor, le explicaba que por orden judicial debía desalojar la vivienda.

Ante la presencia de las autoridades, cuatro pequeños de sus diez hijos buscaban protección en aquella decaída mujer, de cabello enredado, que un día antes la habíamos encontrado tirada en cama con un dolor de muelas. Como se oponía a salirse mientras no estuviera su cónyuge, Víctor Bonilla, entonces Dubón le informó que él ya estaba capturado.

Al escuchar que ella trataba de poner condiciones para su salida, el Juez Ejecutor intervino diciéndole que no tenía opciones y que le daba un tiempo prudencial para que sacara lo más indispensable porque sería llevada al campamento militar. “Si se sigue resistiendo, entonces usted será capturada por desobediencia”, le amenazó el juez.

Ante la negativa, el mayor de Infantería, José Marcelino Iraheta que dirigía al equipo militar y policial encargado del desalojo y destrucción de la vivienda trataba de concienciarla para que obedeciera, ya que el desalojo era inevitable.

Cuando los soldados obedecieron la orden de comenzar a tirar las puertas, paredes y la hornilla de la casa, los niños reaccionaron con un desconsolado llanto. Esta acción hizo reaccionar a la progenitora que había permanecido inmutable, llorando en silencio.

Al ver que la situación iba en serio, Martínez y sus niños -aún entre sollozos- comenzaron a preparar sus maletas. No eran muchas, su pobreza extrema era chocante y contrastaba bruscamente con la riqueza en ganado que debían cuidar.

Lo único que los esposos Bonilla Martínez poseían, aparte de sus diez hijos, eran únicamente tres cerdos, un gallo viejo, cuatro gallinas y una manada de patos, “una fortuna” valorada en unos 4,000 lempiras.

Después de media hora, Martínez y su prole abandonaban la vivienda, cargando lo más indispensable, para un camino al que nunca regresarán. Tras 15 minutos por un sendero lodoso y luego de cruzar dos veces un mismo río, ayudados por los militares y policías, llegaron al campamento militar.

Luego de este desalojo, las autoridades se dirigieron a la vivienda de Jesús Bonilla, quien no se encontraba en el lugar. Ante la ausencia, los soldados y policías obedecieron la orden de ingresar a la casa, retirar las pertenencias del agricultor y proceder a la destrucción.

Traslado

Las órdenes eran que los capturados fueran trasladados vía aérea al Aguacate, Catacamas, y que de ahí fueran llevados por tierra a los tribunales de justicia de Trujillo. Mientras que las familias desalojadas, junto con sus pocas pertenencias, serían trasladadas al lugar conocido como La Colonia, situado en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. La primer familia en ser trasladada a La Colonia fue la de Isaí Martínez, el predicador del lugar.

Cuando Martínez llegó al campamento militar no se sintió sola en su infortunio, pues ya estaban ahí Enriqueta Romero y su familia, quienes desalojaron sus dos casas en forma voluntaria.

En La Colonia, las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), esperaba a los desalojados con una brigada médica, con colchonetas y piñatas para los niños.

A pesar de las atenciones militares, las madres expulsadas miraban con incertidumbre el futuro de su familia, ya que ninguna autoridad gubernamental les había aclarado si serían reubicadas en otro sitio o serían indemnizadas por las tierras que por varios años ocuparon ilegalmente en la zona núcleo de la Biósfera.

De acuerdo con el coronel Marco Antonio Leiva Puerto, jefe del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de las Fuerzas Armadas, la operación en marcha, además de capturar a 24 personas acusadas de delitos contra el ambiente, tenía como objetivo desalojar 14 familias, equivalente a 82 personas, entre ellas 42 son niños.

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