Honduras
Los militares llegaron aquí para quedarse por tres años, tiempo suficiente para la recuperación de la capa forestal de unas 2,200 hectáreas de bosque dañado solamente en la zona núcleo.
El costo del operativo solo para las Fuerzas Armadas (FF AA) representa 5.8 millones de lempiras. En esta millonaria cantidad está incluido el sostenimiento de un destacamento por 36 meses en esta zona, informó el coronel Marco Antonio Leiva Puerto, jefe del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de la institución militar.
El centro de manejo de la operación se montó en La Colonia, comunidad de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. El operativo se puso en marcha con la infiltración de las autoridades militares y policiales en el sitio. Un contingente de 19 policías -13 preventivos y 7 de investigación-, 29 elementos del Décimo Batallón y otros del 16 Batallón fueron enviados por tierra. Mientras que por otro lado una avanzada compuesta por una veintena de soldados del 16 batallón arribó vía área.
Aquí no había nadie que diera la bienvenida a los militares; por el contrario, desde la llegada la gente comenzó a verlos con recelos, pues no les auguraban buena suerte.
Mientras las personas desde sus casas seguían el movimiento militar, un helicóptero iba y venía cargado soldados y provisiones. Ya en Musín se instalaron a la par de la capilla evangélica, ubicada a seis pasos de la casa del pastor Isaí Martínez.
Minutos después de la llegada, los visitantes -poco deseados- sudaban. El descombro y los extensos pastizales generan un ambiente desesperante que obliga a cualquier forastero a zambullirse en las aguas del río Musín.
En este sector la temperatura varía de un momento a otro. Al amanecer, un manto blanco y frío abraza la floresta. De las 9:00 de la mañana en adelante el ambiente empieza a arder; luego el calor desaparece con las tormentas eléctricas vespertinas.
Si los constantes cambios ambientales de esta jungla, en destrucción, desesperan a los marchantes, la plaga de mosquitos se encarga de sacarles carrera.
Después de dos días de camino, los soldados y policías enviados por tierra llegaron al campamento el lunes a las 6:40 de la mañana.
"Allá vienen los pocholos", dijo un soldado al ver llegar a los cocineros. "Esos son conocidos: caminan con una colchoneta en el hombro y con unas ollas", dijo riéndose el militar.
Desde la llegada de este contingente el ambiente en el campamento cambió. Ahora había disparos y canciones.
El soldado Mario Orlando Antúnez, más conocido como "el cantante", puso las notas de alegría con su canciones inventadas, mientras que su compañero Ubal Saí Juárez lo seguía con la guitarra.
“Nosotros estamos aquí como apoyo de la policía”, dijo el teniente coronel Marco Antonio Valladares, responsable del contingente militar en este lugar.
De acuerdo con el oficial, era la policía la que debía ejecutar los desalojos y capturas, tal como lo establece la ley.
Abandono
Desde la llegada de los policías a la zona selvática, el ambiente silencioso cambió con los constantes disparos de sus armas.
Situados a unos 500 metros del campamento militar, descargaban sus fusiles sin ningún control. Actuaban como si por fin podían usar un juguete que les han prestado con restricciones.
Los jefes “nos han dicho que disparemos para desentumir los dedos”, bromeó un policía de investigación ante la inquietud de los militares por tantos disparos.
Ya el miércoles se mostraban desesperados y amenazaban con dejar la misión. Unos ensillaron unas mulas y simularon su marcha.
Sin embargo, el jueves 1 de septiembre, tras incinerar la choza donde se habían instalado, los siete agentes de investigación y diez policías preventivos abandonaron el operativo a las 5:00 de la mañana.
En Musín solo quedaron el subinspector de la policía Luis Antonio Martínez y dos elementos preventivos.
Con el retiro de los policías llegaron las denuncias contra ellos. Que se habían llevado un caballo propiedad del pastor Isaí Martínez y que también habían ingresado a la vivienda del señor Jesús Bonilla y le habían sacado y comido una olla de montucas.
Los pobladores calificaron estos actos como abuso de autoridad. El retiro de los policías rápidamente fue informado a los mandos superiores, tanto militares como policiales.
Cuando el juez ejecutor teniente coronel McDonal Ferrufino, acompañado del también teniente coronel Klaus Werner Korte, del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y ambiente de las FF AA, y las demás autoridades llegaron a este lugar solo había tres agentes preventivos para llevar a cabo la operación.
Con las limitaciones policiales, la Fiscalía y el juez ejecutor comenzaron a ejecutar las capturas, los desalojos y la destrucción de las viviendas ubicadas en la zona núcleo.