Confirman red de policías corruptos que operaba en el sur de Tegucigalpa

Tal como lo publicó EL HERALDO, oficiales de la Policía Nacional confirmaron ayer la existencia de una red criminal integrada por agentes de la institución que se ha dedicado a innumerables delitos en el sector sur de la capital.

El comisionado José Ricardo Ramírez del Cid, director estratégico de la Policía Nacional, confirmó que manejaban una hipótesis primaria de que algo sucedía en el escuadrón policial del barrio La Granja, por lo que habían iniciado una investigación.

Los detalles de la forma en que estos policías corruptos operaban en ese distrito fueron revelados ayer en exclusiva por EL HERALDO.

Según los informes de inteligencia, el patrón criminal de los hechos delictivos en la zona sur de la capital apuntaba hacia policías que salían a delinquir en sus días libres, es decir, cuando estaban de franco.

Para el caso, llamaba la atención que el robo de vehículos se daba día de por medio y fin de semana de por medio.

Los delitos se cometían en su totalidad dentro de los límites del distrito, ya que estos policías usaban los radiocomunicadores para saber dónde se ubicaban los retenes o dónde estaban estacionadas las patrullas en sus labores de rutina.

Crimen de universitarios

Ramírez también confirmó la participación de un oficial y tres agentes de la escala básica asignados al distrito policial del barrio La Granja en el crimen de los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez.

Los dos jóvenes aparecieron ejecutados la mañana del pasado sábado en el desvío a la aldea Villa Real, kilómetro 12 de la carretera que conduce al sur del país.

El vehículo, marca Toyota Rav 4, apareció en la entrada a la colonia Santa Rosa. Los jóvenes fueron interceptados en la colonia América. Esto significa que los responsables del crimen nunca salieron de los límites del distrito de La Granja.

Fiscales del Ministerio Público, técnicos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y de los derechos humanos llegaron al lugar a realizar varias diligencias.

En la acción decomisaron 10 patrullas, pistolas y fusiles para ser analizados en Medicina Forense con el fin de establecer la participación o no de los elementos policiales en el hecho criminal.

Los implicados

El jefe de la unidad policial reveló que los investigados son el subinspector Carlos Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y Rubén Pozo.

Según los informes de inteligencia, policías corruptos estarían vinculados al sicariato, robo de vehículos, cobro de "impuesto de guerra", asaltos a mano armado y hasta narcomenudeo.

En ese contexto, Ramírez del Cid reveló que tenían conocimiento de algunas actividades ilícitas ejecutadas por policías.

El dedo sobre la llaga

El oficial confirmó ayer que "ya estábamos poniendo el dedo sobre la llaga" y que tenían bajo investigación al personal asignado a la estación policial.

Afirmó que por esa razón nombraron como jefe al comisario Ronmel Martínez, un oficial con una trayectoria limpia, honorable y con capacidad en estudios superiores agradable.

Cabe señalar que Ronmel Martínez llegó al distrito en sustitución del comisario Moncada Martínez. Curiosamente, de los siete distritos que hay en la Metropolitana, solo en La Granja se efectuó el cambio.

Las autoridades también daban seguimiento a los constantes robos en viviendas y extorsiones.

Era tal la inseguridad, que el programa Barrio Seguro de la Alcaldía, que permite cerrar calles para evitar el ingreso de delincuentes, ha tenido mayor aceptación en colonias como América, Las Hadas, Las Uvas, Loarque, Satélite y Río Grande.

Producto de las pesquisas de los investigadores, se procedió a separar personal, pero "la contaminación llegó tan alta que sucedió el hecho lamentable, el crimen de los dos jóvenes".

Confirmó que los cuatro policías están plenamente identificados, pero la captura se hará con todos los procedimientos científicos recopilados para sustentar el caso ante el tribunal competente.

"Si nosotros no hacemos bien los procesos nos botan los casos en los tribunales", expresó.

Ramírez del Cid garantizó que los implicados en el crimen no se van a ir y, según lo revelado por una fuente, se encuentran bajo custodia en la Jefatura Metropolitana 1.

Respecto al rapto de un oficial de policía (la madrugada del lunes), que se lanzó del vehículo para evitar que lo mataran, señaló que este fue testigo de los hechos.

Este oficial habría reforzado la hipótesis de que los policías abrieron fuego cuando los jóvenes pasaron un retén.

Los informes en poder de EL HERALDO establecen que los jóvenes probablemente huían de dos policías corruptos que los asediaban desde una motocicleta con el afán de robarles el carro.

Reveló que al hacer la investigación hay un policía que desea declarar, pero la Fiscalía no lo quiere tomar como testigo protegido.

"Nosotros no queremos proteger a nadie, lo que queremos es resolver el hecho de la manera más rápida y que se castigue a los culpables", dijo.

Por su parte, el comisionado César Augusto Somoza, inspector general de la Secretaría de Seguridad, aceptó que los policías violentaron las reglas de actuación policial en forma flagrante al haber procedido violentando los derechos humanos de los dos muchachos, que al final murieron.

Confió que han investigado infinidad de denuncias contra policías que en motocicletas o en carros particulares detienen y despojan de sus pertenencias y hasta de sus vehículos a muchos ciudadanos.

Sobre la situación de delincuencia que se vive en el sur de la capital, el diputado Antonio Leva denunció que la noche del jueves maleantes uniformados como policías que se conducían en dos motocicletas lo interceptaron a unos 500 metros del aeropuerto de Toncontín y le robaron una camioneta.

Ambiente hostil contra periodistas y fiscales

Desde el día en que fiscales del Ministerio Público incautaron patrullas, armas y el libro de novedades en el distrito policial de La Granja, periodistas, fiscales y hasta policías comenzaron a vivir un ambiente hostil.

La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, madre de uno de los jóvenes fallecidos, denunció amenazas de policías en contra de los fiscales.

El gremio periodístico no ha sido la excepción de las expresiones casi amenazantes de parte de policías de la estación.

Algunos agentes, no solo del distrito de La Granja, se han dado a la tarea de investigar los nombres de periodistas de los diferentes medios con el fin de intimidarlos.