Honduras
Una serie de contradicciones entre la Policía y el Ministerio Público (MP) en la investigación del crimen de contra los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez deja al descubierto cierto grado de descoordinación.
En horas de la mañana, los oficiales César Augusto Somoza y Ricardo Ramírez, el primero inspector general y el segundo de Estrategia y Planificación, de la Secretaría de Seguridad, revelaron a medios de comunicación situaciones que casi de inmediato fueron desmentidas desde el MP.
En sus intervenciones aseguraron que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) ya había remitido el informe del caso al MP, donde las Fiscalías de Delitos Comunes y Derechos Humanos coordinan las pesquizas.
Igualmente, Somoza reveló que son cuatro los policías responsables del crimen.
Por su lado, Ramírez lamentó que un fiscal de Derechos Humanos, por temor, no le quiso tomar declaración testifical a un subinspector de policía vinculado al caso. Tras concluir la investigación urgieron al MP presentar las acusaciones contra los responsables.
Aclaraciones
En el MP se negaron las versiones de los oficiales y lamentaron que adelanten avances de la investigación.
En primer lugar, el portavoz del MP, Melvin Duarte, aclaró en horas del mediodía que "hasta en este momento no tenemos un informe de investigación presentado por los agentes (de la DNIC)". Los fiscales han acudido a la DNIC a solicitar el informe, el cual no les fue entregado porque se adujo que no estaba concluido.
Por otro lado, el portavoz aseguró que no existió temor del fiscal para tomar declaración a un subinspector, del que no se reveló el nombre ni su vinculación en el caso.
"Es rotundamente falso, los fiscales están trabajando aunados internamente, igualmente con los agentes de investigación, todas las diligencias investigativas que se están practicando están siendo coordinadas y dirigidas técnicamente por los fiscales, tal como corresponde y dice el Código Procesal Penal", apuntó.
EL HERALDO conoció que autoridades policiales pretendieron que se tomara la declaración al subinspector, a lo que el fiscal se opuso porque el oficial no tenía apoderado legal. Se exigía defensor porque la fiscalía lo considera sospechoso y no testigo protegido.
Al respecto, Duarte, quien no quiso entrar en controversia, refirió que lo que se busca es que a futuro no se vayan a considerar evidencias como prueba ilícita.
Si los agentes de investigación consideran necesario tomar declaración de testigos, tienen la responsabilidad de presentarlos a los fiscales.
"Si hay algún tipo de información que debe salir de manera pública debe ser en el momento oportuno, lamentamos que en este momento se estén de alguna forma ventilando algunos detalles de esta investigación de manera pública, a través de los medios de comunicación, esperemos un poco, estamos en muy buen camino, la investigación está avanzada", aseguró.
Por lo tanto, recomendó "abocarse a quienes están coordinando y dirigiendo la investigación, no a personas ajenas". Sobre el particular, los fiscales ya no brindan declaraciones.
Recta final
El MP cree que los agentes de la DNIC trabajan responsablemente en conjunto con los fiscales para resolver este caso y deducir responsabilidades.
"Es importante aclarar ante la opinión pública que la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Delitos Comunes realizan una labor responsable", expresó.
Por tanto, en el MP y Seguridad aseguran que el doble crimen no quedará en la impunidad. La Fiscalía interpone los requerimientos fiscales en base a los informes que les remite la DNIC.
Dicho informe es anexado al expediente investigativo, junto con las evidencias recabadas, para elevarlo a los tribunales a través de un requerimiento fiscal.
El vocero expuso que el MP "interpondrá el requerimiento fiscal en su momento, para eso es importante y fundamental recibir el informe de investigación de la DNIC". Igualmente, hasta ayer el MP esperaba resultados de pruebas científicas encomendadas a Medicina Forense.