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MP acusa a ocho policías por crimen de universitarios

Cuatro fueron capturados y enviados a la PN, los otros continúan prófugos con orden de captura
31.10.11 - Actualizado: 31.10.11 09:36pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

El Ministerio Público (MP) acusó formalmente a ocho policías activos por el asesinato de los universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez.

El requerimiento fiscal se interpuso ayer en el Juzgado de Letras Penal, a eso de las 3:00 de la madrugada.

Fue admitido y se libró la orden de captura contra los ocho sospechosos, informó la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera, en una rueda de prensa. Los acusados son los agentes de policía Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colíndrez, Gabriel Donato Mancía Hernández y Wilson Roberto Córdova Rodríguez.

El MP los acusa de suponerlos responsables, a título de coautor, de los delitos de abuso de autoridad, robo y asesinato agravado en perjuicio de los jóvenes universitarios.

La Policía delineó un plan para concretar la captura de estos agentes, que se ejecutó en la jurisdicción que corresponde al distrito policial de La Granja.

Los cuatro fueron trasladados al Comando de Operaciones Especiales (Cobra) donde estuvieron bajo la supervisión del nuevo jefe de la Policía Metropolitana, subcomisionado Rony Flores.

En horas del mediodía fueron puestos a la orden del Juzgado Penal, en una audiencia de declaración de imputado les dictaron la detención judicial, por lo que fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional, de Támara. La audiencia inicial se celebrará el jueves, cuando se definirá si les dictan un auto de prisión o un sobreseimiento.

Más acusados

Asimismo, el MP, a través de las Fiscalías de Delitos Comunes y Derechos Humanos, acusó por los mismos tres delitos al subinspector Carlos Geovanny Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez, Santos Arnulfo Padilla Rodríguez y José Rubén Pozo López.

Estos habían sido puestos bajo custodia en la Policía Metropolitana, sin embargo, jefes policiales los liberaron el viernes a las 12:00 del mediodía.

El Juzgado les libró orden de captura y alerta migratoria.

El delito de abuso de autoridad se imputa por emprender una persecución en dos patrullas contra el vehículo en que se transportaban los universitarios, el asesinato por planificar la ejecución y el robo porque sustrajeron varias prendas a los occisos, como celulares.

La sorpresa que anunció el fiscal general, Luis Rubí, eran los ocho y no cuatro los acusados, como lo apuntaba la Policía.

Relación de hechos

En el requerimiento, registrado con No. 33770, se detalla que se emprendió una persecución por parte de patrullas de la Policía asignadas al Distrito de La Granja.

En una patrulla se conducían cuatro policías que fueron ayer capturados, en otra los que fueron liberados de la Jefatura Metropolitana.

Luego dispararon en contra del vehículo en que se conducían los dos jóvenes, lo que ocasionó la herida de muerte al hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.

Enseguida los sacaron de la camioneta y los montaron en una patrulla rumbo a la carretera que conduce al sur del país, en donde, a la altura del kilómetro seis, les dieron ejecución. La investigación considera que Pineda fue trasladado a ese sector aún con vida, indicó la fiscal.

A última hora

El requerimiento fue acompañado de un desfile de pruebas, especialmente la científica.

Explicó que la acusación se interpuso en horas de la madrugada por ser el momento cuando tuvieron todos los elementos probatorios que permitían incoar una acción penal.

Afirmó que se logró interponer por la "ardua" labor de fiscales, analistas y forenses.

Ferrera admitió que en efecto desde el pasado viernes el MP sabía, de manera informal, del resultado positivo de ADN que vinculaba a los cuatro policías que fueron liberados.

Sin embargo, aclaró, el resultado se dio de manera verbal, que requerían el documento que validara la información para efectos legales.

A la 1:00 de la madrugada, de ayer, el MP recibió cuatro análisis de laboratorios criminalísticos y los dictámenes de autopsia, lo que permitió interponer la acusación dos horas después. Entre ellas dio resultado positivo un cabello encontrado en las patrullas, que pertenecía a una de las víctimas; y la prueba de ADN de una muestra de sangre encontrada en una patrulla.

El análisis de tierra y otro material orgánico recabado en la escena dio positivo, con la comparación de muestras encontradas en las patrullas. Por su lado, la Policía remitió su informe documentado hasta el domingo a las 10:20 de la noche.

La directora dijo confiar que los policías imputados serán condenados en un juicio oral y público.

Rectora acude al MP

La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, acudió ayer por la tarde al Ministerio Público (MP) a prestar colaboración en el proceso incoado contra ocho policías por la muerte de su hijo, Rafael Vargas, y el también universitario Carlos Pineda.

"Vengo a personarme como víctima en la muerte de mi hijo y a dar poder a un abogado privado para que dé seguimiento a la acusación penal", expresó a EL HERALDO.

El abogado criminalista, quien no reveló su nombre, fungirá como acusador privado y coadyuvará con los fiscales. Castellanos se reunió con la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera, quien le dio la versión de la actuación del MP en las investigaciones y la acusación.

Tras conocer de la acusación interpuesta por el MP, la rectora espera respuestas concretas tendientes a deducir responsabilidades.

"Espero que el trabajo sea serio, como tiene que ser, que sea responsable y comprometido. Además de castigar a los culpables debe haber una depuración, cambios y una reestructuración en la Policía", dijo.

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Los cuatro policías capturados fueron llevados esposados de pies y manos al Juzgado Penal, donde en una audiencia se les dictó la detención judicial y fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional.
Los cuatro policías capturados fueron llevados esposados de pies y manos al Juzgado Penal, donde en una audiencia se les dictó la detención judicial y fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional.

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