Bajo estrictas medidas de seguridad, ante juez cuatro policías investigados

En una kilométrica audiencia inicial y bajo estrictas medidas de seguridad, el Juzgado de Letras Penal analizaba anoche las medidas judiciales a tomar contra cuatro policías acusados por el asesinato de los jóvenes universitarios Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora Julieta Castellanos.

Los investigados son: Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo Mancía Hernández y Wilson Roberto Córdova, todos estaban asignados al Distrito 1-6 de La Granja y se transportaban en la patrulla M1-103.
Estos son acusados por el Ministerio Público por suponerlos responsables de abuso de autoridad, robo y asesinato en perjuicio de dos universitarios.

La audiencia inicial estaba prevista para las 8:00 AM, pero inició tres horas más tarde.

Según la resolución, de acuerdo al análisis de las pruebas aportadas se encontró el indicio racional suficiente para acreditar la comisión de los delitos y la responsabilidad de los imputados de los mismos.

Desde tempranas horas acudieron a las afueras del Juzgado Penal de La Granja, donde se realizó la audiencia, decenas de familiares y amistades de los agentes para plantarse con carteles exigiendo justicia.

Eran las 10:10 de la mañana cuando en la sede judicial apareció la unidad 001 de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos que trasladó a los policías a la sede judicial.

Los imputados comparecieron esposados de pies y manos, con sus rostros cabizbajos, fríos, incrédulos de lo que el futuro les deparaba, a pesar de los gritos de ánimo de sus familiares y amigos. Dos policías: Martín y Manfredo, fueron representados por un defensor privado, mientras Wilson y Donatilo por cuatro defensores públicos.

Inusual audiencia

La audiencia inició a las 11:00 de la mañana, bajo medidas de seguridad que incluyó impedir el acceso a los medios de comunicación para proteger la identidad del juez con jurisdicción nacional.

En las afueras de la sede judicial una docena de policías resguardaba el lugar.

De entrada, la defensa de los imputados expuso una estrategia. Los cinco defensores presentaron un escrito de excepción cuestionando la competencia del juez con jurisdicción nacional, argumentando que por la naturaleza del caso incumplía los requisitos para conocerlo y emitir una resolución.

Pedían que el requerimiento fiscal retornara donde un juez penalista ordinario. El juez con jurisdicción nacional suspendió la audiencia para estudiar el escrito y dar una resolución, que dio a la 1:30 de la tarde, declarando sin lugar la petición.

Fue a partir de esa hora cuando la audiencia inició con la aportación de las pruebas de la Fiscalía de Derechos Humanos y Delitos Comunes.

Entre ellas la declaración de seis testigos protegidos, cuatro de estos: dos policías y dos civiles, se aportaron como prueba anticipada la noche del pasado martes. Algunos relataron la persecución que inició en centro comercial Millenium, a eso de las 2:00 de la madrugada.

Igualmente, la prueba científica, como los análisis criminalísticos de ADN, balística y autopsia. Finalmente, aportó prueba documental decomisada en la posta de La Granja. Por su parte, la defensa aportó como prueba la declaración de cuatro testigos que aseguran que los imputados no tuvieron participación en los hechos, que no se transportaban en la unidad patrulla M1-103, la que, según la Fiscalía, apoyó la acción delincuencial de los otros cuatro policías acusados por los mismos delitos y que se encuentran prófugos de la justicia.

Tras presentar las pruebas, el MP solicitó el auto de prisión en contra de los cuatro agentes de policía, con la medida cautelar de prisión preventiva. Por su parte, los cinco defensores solicitaron el sobreseimiento.

Por el MP asistieron los fiscales de Derechos Humanos Sandra Ponce y Juan Carlos Grifin. Como acusador privado acudió Félix Ávila.
“Si el MP acusó es porque existen indicios de participación (de los imputados en los delitos)”, dijo Ávila. Por su lado, el defensor privado Héctor Durón denunció que recibió amenazas por defender a dos policías.

Expuso que un colega escuchó que podían existir represalias en contra de defensores de esta causa, aunque confía que no es nada concreto.

Aseguró que de parte de su defensa, el policía Juan Carlos García, asesinado antenoche en la capital, no era un testigo en este caso. El expediente de este caso se mantiene en secretividad.

25 años de trayectoria

Los parientes de los policías se mantuvieron en las afueras de los juzgados.

"Me han traído a mi esposo quien es inocente, pedimos justicia y que quede libre para poner una contrademanda", manifestó Glenia Lourdes Velásquez, esposa de Martín Ortez (48). Llegó acompañada del pequeño hijo procreado por ambos, de cinco años.

Relató que en la noche del crimen su esposo estaba en un operativo en el bulevar Kuwait. El fin de semana tuvo libre, la sorpresa fue que cuando se presentó a trabajar el lunes porque fue aprehendido en La Granja. "Mi esposo es una persona humilde, decente, no se mete con nadie, no tiene enemigos ni nada, es una persona correcta", así describió Glenia a su esposo Martín, con 25 años de servicio en la Policía, sin manchas en su hoja de vida.

"Con esto le pagan, solo tenía tres meses de haberlo trasladado a esta posta, al perro más flaco se le pegan las pulgas", dijo con suma indignación.

No se meten con nadie

Luz Argentina Zambrano, esposa de José Manfredo Fúnez (35), permaneció triste por las circunstancias que enfrenta.

"Él (José Manfredo) es inocente, no ha hecho nada, no se mete con nadie, no debe nada", dijo, quien junto a otros familiares procedente de la aldea Concepción, Pespire, Choluteca, donde son originarios.

Relató que cuando aconteció el asesinato de los universitarios su esposo trabajó hasta las 11:00 de la noche, que ese fin de semana tuvo libre y cuando retornó a esta posta lo detuvieron.

Igualmente, José Fúnez, padre de José Manfredo, aseguró que su familia es "cuna de gente honrada, eso nos identifica". A su juicio, los verdaderos "hechores del crimen andan prófugos, los que no se presentaron y se fueron, no ocupamos anteojos para ver las cosas, pido que busquen a los verdaderos culpables", dijo el sexagenario.

José Manfredo sumó 13 años de servicio en la Policía, casado, con tres hijos menores de edad, quienes no llegaron porque estaban clausurando su año lectivo.