Dictan auto de prisión para cuatro policías

En una maratónica audiencia inicial, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó ayer auto de prisión en contra de cuatro agentes de la policía acusados por el crimen de dos universitarios.

La resolución judicial se decretó en contra de los policías de escala básica Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo Mancía Hernández y Wilson Roberto Córdova, todos estaban asignados al distrito 1-6 del barrio La Granja.

El auto de prisión se dictó por asesinato y abuso de autoridad en perjuicio de los universitarios Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora Julieta Castellanos.

Igualmente, el juez dictó un sobreseimiento provisional por robo agravado, informó la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce. La audiencia inicial comenzó el pasado jueves con la aportación de pruebas que propusieron los fiscales y defensores; debido a la abundante evidencia que se evacuó, la misma se prolongó hasta la 1:00 de la madrugada.

Por la extenuante jornada, el juez suspendió la audiencia y convocó a las partes para que comparecieran ayer a las 11:00 de la mañana para dar a conocer su resolución.

La resolución del auto de prisión fue aparejada con la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que los cuatro imputados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional.

Las partes tienen tres días para apelar. Ponce dijo que el MP está conforme con el fallo, no apelará el sobreseimiento provisional por el robo. En caso de ser declarados culpables cumplirían una pena mínima de 30 años de prisión.

Hechos

La Fiscalía de Derechos Humanos y de Delitos Comunes logró probar ante el juez que los cuatro agentes participaron a título de autores en el hecho acontecido en la madrugada del pasado 22 de octubre.

"Se encontraron evidencias de que al menos una de las víctimas estuvo en el vehículo que ellos tenían asignado", indicó.

Hasta ahora el MP estableció la participación de las patrullas M1-30 y la M1-92, que tripulaban estos agentes y en donde se encontraron muestras del joven Rafael Alejandro Vargas Castellanos.

Estos acompañaban a los otros cuatro policías que fueron liberados por la misma Policía Nacional y están prófugos.

La declaración de seis testigos protegidos, las pruebas científicas, como el análisis de ADN, e inspecciones fueron fundamentales. Por razones técnicas no se pudo presentar el video que llevó la Fiscalía, lo que no incidió en el fallo.

Más acusaciones

En la audiencia, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó al juez que pida a las autoridades penitenciarias la aplicación de medidas que garanticen la seguridad e integridad personal de los encausados.

La petición se hizo en vista de que el MP sospecha que hay más oficiales y agentes involucrados, por lo que continúa la investigación para deducir responsabilidades a la red criminal conformada por policías.

"No descartamos que, además de los ocho imputados, haya más participantes; este caso tiene características de una operación a través de una organización", dijo Ponce.

"Esta organización no la forman solamente estos ocho elementos de la policía, las investigaciones apuntan a establecer hasta dónde llegan los tentáculos, a qué otras actividades ilícitas", añadió.

Por ello la fiscal dijo temer por la vida de los policías acusados.

Frustrados e impotentes

El defensor privado Héctor Durán y los tres defensores públicos no lograron desvanecer los argumentos del MP.

"Nos sentimos frustrados e impotentes", dijo Durán, cuando comunicó a los familiares de los agentes la resolución, quienes se plantaron en las afueras del Juzgado Penal.

Lamentó que dos testigos propuestos, policías, no comparecieron a declarar a la audiencia, quizás por temor o amenazas.

Anunció que la defensa apelará el fallo y denunció que recibió amenazas por este caso.

En las afueras del Juzgado se vivió un drama: la tristeza, el llanto y la desesperación se apoderaron de los familiares de los policías. Muchos llegaron a la capital procedentes de Choluteca y El Paraíso, todos aseguraron que los agentes son inocentes, que fueron utilizados para encubrir a los verdaderos responsables.

"Son inocentes, no pueden hacer eso, es una injusticia", dijo Glenda Velásquez, esposa de Martín Ortez, quien sostenía a su pequeño hijo.

"Es injusto, es inocente, otros son los culpables, los que huyeron, los que se presentaron no tienen nada que ver", dijo el predicador José Fúnez, padre de José Fúnez.

En la mira tres oficiales por fuga de cuatro policías

El nuevo director general de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez, presentó una denuncia formal en contra de tres altos mandos de la institución por permitir la fuga de un oficial y tres policías acusados de asesinar a dos estudiantes universitarios.

El subinspector Carlos Geovanny Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa Velásquez, Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo fueron liberados el viernes 28 de octubre tras darse a conocer que eran investigados por el crimen cometido en contra de los universitarios.

La denuncia pretende deducir responsabilidades a los tres oficiales que tenían la guardia y custodia de los cuatro policías a quienes se les supone responsable del asesinato, informó el portavoz de Seguridad, Silvio Inestroza.

No reveló los nombres de los tres oficiales que están en un proceso de investigación, aclaró que estas personas no han sido dadas de baja, pero se encuentran en condición de disponibilidad. "Se están haciendo unos arreglos personales, ajustando alguna documentación", dijo.