Medidas que se adopten no deben ser demagógicas ni oportunistas

Las acciones que acuerden realizar el Ejecutivo y el Congreso Nacional (CN) no deben ser populistas.

En el Legislativo se aprobó una ley orientada a vigilar acciones de operadores de justicia y policías como una medida de depuración. Igualmente, se anunciaron otras medidas como instalar el Conasin y el nombramiento de una comisión que vigile el accionar de los operativos policiales.

Al respecto, la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, instó ayer a que las medidas "no sean demagógicas, que no sean oportunistas, que no sean para salir ganando, sino que realmente atiendan un problema de fondo que sabemos que existía".

El proceso de adopción de medidas buscará el propósito de recuperar la institución policial y la confianza de la ciudadanía en esta entidad. Las medidas extremas deben estar orientadas a un fin. "Deben de tomarse decisiones de fondo, una de las primeras tiene que ser, sin duda, despolitizar el sistema de justicia", expresó Ponce.

Según sus valoraciones, la impunidad no obedece, exclusivamente, a falencias en el sistema normativo o legal, "sino por el enorme conflicto de intereses que existe porque la ley no se aplica", dijo.

Este conflicto de intereses obstruye que el estado de derecho prevalezca.

"Históricamente quienes escapaban a la aplicación de la ley eran las personas que tenían influencia política o económica".

"La clase política debe tomar una decisión que es importante y es, definitivamente, despolitizar el sistema de justicia", indicó. Esta despolitización incluye la Policía Nacional, puesto que es uno de los operadores claves del sistema.

"Esas son las decisiones que, a mi juicio, deben de tomarse, deben de dejarse de lado los juegos de poder y encarar una verdadera reforma institucional que nos dé instituciones que cumplan (los objetivos) que tienen encomendados, para satisfacción de la ciudadanía", manifestó. La despolitización de instituciones implica que existan verdaderos sistemas de carrera en el nombramiento del personal que cumplan con la ley.

"No debemos soslayar la corresponsabilidad que tenemos por la impunidad que concierne a los tres operadores de justicia. El servicio público implica una permanente rendición de cuentas", admitió la fiscal.

EL HERALDO, de una forma valiente, ha puesto al descubierto la existencia de carteles en las postas de La Granja y Belén y develó un robo de armas del escuadrón Cobras, las que habrían sido vendidas a los Zetas en Guatemala.