Nadie sabe dónde están 3,000 armas decomisadas

El paradero de unas 3,000 armas, muchas de ellas AK-47, presuntamente en custodia de la Policía, ahora es incierto.

Ni la Fiscalía ni el comando Especial Cobras ni la Secretaría de Seguridad ni la Policía de Fronteras pudieron contestar una simple pregunta que hace EL HERALDO: ¿Dónde están alrededor de 3,000 armas que fueron decomisadas durante el registro balístico impulsado en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006)?

Durante esa gestión se aprobó una ley con efecto temporal para que los portadores de armas ilegales las entregaran a la Policía a cambio de una recompensa de mil lempiras.

En ese entonces se lograron recolectar, de manera voluntaria, 3,000 armas de ese tipo y fueron almacenadas en las instalaciones de los Cobras y de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), más conocida como Policía de Fronteras.

Fuentes de entero crédito de la Secretaría de Seguridad confiaron a EL HERALDO que es muy probable que estas armas de uso prohibido se hayan extraviado.

Y es que tampoco las autoridades han querido mostrar los archivos en los que conste que todas esas armas fueron destruidas.

De haberse "extraviado", eso se sumaría a la lista de armamento hurtado de los almacenes de la Secretaría de Seguridad.

En 2007 se registró el robo en el comando Cobras de 186 armas, entre fusiles Galil, pistolas Pietro Beretta y lanzagradas, así como pistolas CZ.

Entre julio y agosto de este año, la Unidad de Investigación de EL HERALDO denunció el robo, siempre de los Cobras, de 300 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL) y 300,000 municiones calibre 5.56.

Se presume que estas pudieron haber sido traficadas a Guatemala, donde se entregaron al cartel de Los Zetas.

Este cartel compra armas en Centroamérica, según un comunicado emitido la semana pasada por la Secretaría de Defensa de México.

El 2 de noviembre, EL HERALDO expuso a la opinión pública otro escándalo de robo de armas, pero está vez en el Instituto Técnico Policial (ITP) con sede en La Paz, de donde sustrajeron 40 pistolas, 20 Pietro Beretta y 20 marca CZ.

Asimismo, se reveló el robo de 32 pistolas del Centro Integrado del Ministerio Público.

La última acción que sorprende es que ninguna autoridad ha podido contestar una nueva pregunta que hace EL HERALDO: ¿Dónde están todas las armas decomisadas?

En ninguno de estos hechos (públicos) de robo de armas se ha encontrado a algún culpable. Ante eso, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, nombró una comisión que investiga todos estos hechos.

La impunidad que impera en estos casos solo evidencia la profunda crisis que abate en estos momentos a la Policía.

La población en general y varios sectores en particular han solicitado una verdadera depuración de esta institución, en especial cuando se ha confirmado que varios de sus elementos participaban en carteles que robaban, asesinaban y hasta cobraban "impuesto de guerra".

Uno de los últimos hechos que han conmovido a la sociedad fue el asesinato de Carlos Pineda y Alejandro Vargas, hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos. Esto ocurrió el pasado 22 de octubre y se identificó la participación de unos ocho policías en el acto criminal.

Pudieron haberse destruido

Consultada sobre el posible paradero de las AK-47, la viceministra de Seguridad, Coralia Rivera, dijo que "lo único que le puedo decir es que cualquier AK-47 en poder de la Policía Nacional es parte del decomiso de armas que se ha hecho en el pasado".

En ese sentido, "esos decomisos se han basado en la aplicación de la ley ya que la portación y tenencia de esas armas son prohibidas y la Policía era la responsable de retenerlas como decomiso".

La funcionaria dijo que la Policía "ha tenido la potestad de destruirlas si lo estima conveniente. Yo, como directora, hice una operación en la que destruimos cualquier cantidad de AK-47 porque estaban en depósito nuestro y la ley nos facultaba para proceder a hacer esa acción".

Sin embargo, Rivera dijo que no tenía el detalle de la información del destino de las 3,000 AK-47 que la administración del expresidente Maduro logró sacar de circulación.

EL HERALDO realizó consultas en la DNSEI, donde se supone también fue depositado parte de este lote de armas y allí se dijo que a esta unidad no ha llegado ningún armamento. Pero los reportes de una fuente de Seguridad revelan que unas 600 AK-47 se almacenaron en contenedores del Comando de Operaciones Especiales Cobras y las 2,400 restantes fueron embodegadas en la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación.

Investigarán paradero

El vocero de la Secretaría de Seguridad, Silvio Inestroza, declaró que hay un proceso de investigación sobre las armas robadas en agosto de los Cobras y del ITP, e independientemente de quién salga involucrado y del grado que tenga, va responder ante la autoridad correspondiente.

"Se está en ese proceso, hay que esperar los resultados, y hay otras instituciones que están agilizando las investigaciones, como el Ministerio Público, para determinar la responsabilidad que pudieran tener miembros de la Policía", amplió Inestroza.

Sobre las AK-47, el vocero dijo que "en efecto en el gobierno del expresidente Maduro se daba una recompensa a los ciudadanos que entregaban esas armas prohibidas".

El comisionado comentó que "se incluirán estas armas (las AK-47) en el proceso de investigación porque fue una gran cantidad de armas que la ciudadanía puso a disposición de la Policía Nacional".

Luego de que se recolectaron estas armas se consideró llevarlas a Comayagua para incinerarlas en un horno especial, pero por cuestiones económicas y por la oposición de la Fiscalía de Derechos Humanos no se destruyeron.

Se le consultó a Inestroza por qué no fueron destruidas y respondió que "esas son situaciones que habría que preguntarles a las autoridades policiales en ese momento, si recibieron alguna instrucción para no proceder a destruirlas".

Mil lempiras por arma

El lote de armas prohibidas recuperadas en la administración del expresidente Ricardo Maduro, mediante el pago de 1,000 lempiras, debe ser parte de los inventarios de la Policía Nacional, ya que no existen informes sobre su destrucción.

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia que afectaba en aquel entonces, el Congreso Nacional emitió un decreto legislativo en 2003 otorgando una amnistía y una compensación económica a quienes entregaran las municiones y armas prohibidas por la ley.

Según el decreto, Seguridad procedería a recolectar en un plazo de noventa (90) días las armas de guerra que estuvieran en poder de civiles, como fusiles AK-47 y M16, FAL, subametralladoras UZI y ametralladoras M60. Con base en esa ley, las autoridades iniciaron una especie de compra de las armas mediante el pago de los 1,000 lempiras y al final se recogió una cantidad considerable.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, admitió en conferencia de prensa, el lunes pasado, que en efecto heredó un caos en el inventario de armas.