Oficina de superintendencia atenta contra estado de derecho

La ley que se pretende aprobar en el Congreso Nacional, para crear una oficina que controle y supervise a los operadores de justicia, es desde ya calificada por fiscales como un atentado al estado de derecho, además de atentar contra la institucionalidad del Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En la próxima semana se pretende presentar en el Poder Legislativo el proyecto de la ley denominada Superintendencia Nacional de Investigaciones Internas para Operadores de Justicia, orientada a crear una oficina de superintendencia con facultades para vigilar el accionar de policías, jueces y fiscales.

Ante esta situación, la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) emitió ayer un pronunciamiento donde advierte que, de aprobarse la ley, "el poder Legislativo pone en riesgo la seguridad jurídica del Estado al perjudicar la institucionalidad del Ministerio Público, que ya no tendría independencia funcional, por injerencia de otro poder del Estado".

"De la simple lectura de la ley se determina que es atentatoria contra el estado de derecho, contra la institucionalidad del Ministerio Público, no digamos así del Poder Judicial", expresó Leonardo Orellana, presidente de la Asojmah.

Argumentó que esta ley es atentatoria porque establece procedimientos que vulneran derechos humanos.

Para el caso, si un funcionario es investigado, la ley dice que debe ser suspendido inmediatamente de sus funciones, a petición de las autoridades de la superintendencia. No se hace prevalecer la presunción de inocencia ni el derecho de defensa, citó.

Igualmente, la ley faculta aplicar métodos que han sido condenados a nivel internacional, como es el uso de polígrafos y pruebas antidopaje, además de otros métodos que organismos de derechos humanos han declarado totalmente ilegales.

MP sí procede

Explicó que el MP es la única o de las pocas instituciones que tiene un proceso especial de selección de ingreso a la carrera fiscal. El MP tiene una oficina de Supervisión Nacional y Fiscalías Especiales que han procedido en contra de fiscales.

"El MP nunca ha dejado de actuar en contra de aquellos servidores, tanto fiscales como personal administrativo, que infringen la ley o faltan al deber de las funciones que establece la legislación aplicable", resaltó.

Es así que el MP cumple al interponer, en los casos en que amerita, varias acusaciones contra fiscales, hasta llegar a condenarlos en los tribunales.

Paralizaciones

Ante la posible aprobación de esta ley, los fiscales anuncian medidas de presión.

"De ser necesario la AFH, los fiscales a nivel nacional, estaríamos pronunciándonos y ejerciendo las acciones correspondientes, desde manifestaciones con paralizaciones de los fiscales a nivel nacional", expresó.

Igualmente, de ser aprobada, la Fiscalía de Defensa de la Constitución interpondría recursos de amparo o de inconstitucionalidad ante la CSJ, para que la normativa se declare sin valor ni efecto.

Denuncia

La AFH cree que el Legislativo impulsa esta oficina de superintendencia a raíz de los cuestionamientos de sectores sobre el papel de los fiscales.

Para el caso, destacan las aseveraciones del ministro de Defensa, Marlon Pascua, quien aseguró que hay fiscales y jueces coludidos con el crimen organizado.

El calificar la existencia de narcofiscales, sin revelar nombres, la AFH exige la responsabilidad en cuanto a estas declaraciones.

Por tanto, los fiscales exigen a Pascua que comparezca ante las instancias correspondientes, como el MP, a presentar las denuncias con los medios de prueba pertinentes, útiles y suficientes para acreditar tales extremos e individualizar a los fiscales que, presuntamente, hayan cometido delitos.

"De no hacerlo únicamente estaríamos frente a declaraciones sin fundamento, con el único propósito de llamar la atención de la sociedad hondureña y ocultar la verdadera realidad de los problemas de nuestro país", cita el pronunciamiento.

Otro cuestionamiento que se hace es que el MP no interpuso a tiempo las acusaciones contra los responsables del crimen de dos universitarios.

Al respecto, la AFH se pronunció así: "los fiscales actuaron con la debida diligencia, con mucha responsabilidad".

Es así que en una semana la Fiscalía recabó pruebas científicas necesarias para interponer los requerimientos, sin ayuda de la DNIC.

"El MP actuó con objetividad, como lo manda el Código Procesal Penal; los fiscales no son irresponsables como para presentar un requerimiento fiscal sin contar con todos los elementos de prueba", sentenció Orellana.