Amplían investigación por las 3,000 AK-47

El Ministerio Público (MP) resolvió ampliar la investigación por el tráfico de armas en el que estarían involucrados oficiales y agentes de la Policía Nacional.

En la Secretaría de Seguridad nadie rinde cuentas por las cerca de 3,000 armas prohibidas que fueron decomisadas durante el registro balístico impulsado en el primer período de gestión de Óscar Álvarez al frente de la Secretaría de Seguridad, 2002-2006.

En este gobierno se aprobó una ley orientada a incautar todas las armas prohibidas. Para ese efecto la normativa, de vigencia transitoria, facilitó a los portadores de armas AK-47 que las entregaran a la Policía a cambio del pago de mil lempiras por cada fusil.

Unas 3,000 armas, la mayoría AK-47, entregó la ciudadanía; a la fecha nadie sabe qué destino se le dio a este arsenal.

Lo único que se sabe es que estas armas iban a ser destruidas. El proceso se detuvo debido a la oposición de la Fiscalía de Derechos Humanos, que argumentó que las AK-47 no habían sido periciadas y posiblemente con unas de ellas se había dado muerte a alguna persona. Por tal motivo, autoridades policiales instruyeron levantar el inventario de las armas con apoyo de la agencia ATF, de Estados Unidos.

Luego fueron puestas en depósito en dos unidades policiales, para su resguardo: unas 600 se almacenaron en contenedores del Comando de Operaciones Especiales Cobras y las 2,400 restantes fueron embodegadas en la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI).

En estas unidades policiales no saben nada de las armas, solo que un lote se había enviado a Medicina Forense para periciarlas.

Investigación

El MP está decidido a esclarecer este caso conduciendo una investigación orientada, de encontrar méritos suficientes, a deducir responsabilidades.

Hace dos semanas, a raíz de una denuncia de EL HERALDO, la Fiscalía contra el Crimen Organizado abrió un expediente por el robo de 300 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL) y 300,000 municiones calibre 5.56.

También se investiga la sustracción de 40 pistolas, 20 Pietro Beretta y 20 marca CZ, del Instituto Técnico Policial, con sede en La Paz.

Ahora, la Fiscalía contra el Crimen Organizado amplió el expediente investigativo anexando la denuncia del extravío de las 3,000 AK-47. La denuncia de EL HERALDO ya es del conocimiento del MP. "Esta es una información que ya ha sido trasladada a nivel de consulta a la Fiscalía contra el Crimen Organizado y a la propia Dirección de Fiscalía", expresó Melvin Duarte, portavoz del MP.

"Todo lo que ha tenido que ver con el trasiego, tráfico de armas y todas estas vinculaciones son expedientes que están abiertos en la Fiscalía especial contra el Crimen Organizado, a través de su unidad correspondiente", agregó.

Estas investigaciones se están vinculando con una información recopilada en 2008, cuando se dio un inventario de armas por parte de esta Fiscalía.

Entre las diligencias a realizar están solicitar un informe a Seguridad, hacer citaciones de oficiales y agentes de policía, personal administrativo y forense, y realizar inspecciones en las unidades donde se encontraban las armas almacenadas. También confirmar si las armas fueron vendidas en Guatemala, al grupo armado Los Zetas.

Armas destinadas al crimen organizado

El saqueo de armas de unidades policiales tendría como propósito equipar al crimen organizado o grupos guerrilleros.

Los fusiles de reglamento como los FAL, las armas de uso prohibido decomisadas, entre ellas las AK-47, y pistolas que se encontraban almacenadas en la Policía Nacional podrían estar ahora en manos de narcotraficantes, grupos armados en el Valle del Aguán o en el cartel de Los Zetas.

Se presume que algunas armas, como los FAL, pudieron haber sido traficadas a Guatemala, donde se entregaron a Los Zetas.

Este cartel compra armas en Centroamérica, según un comunicado emitido la semana pasada por la Secretaría de Defensa de México. El MP investiga la veracidad de una denuncia que refiere a unos oficiales de policía que se encargarían de vender armas en Guatemala.