Oscuro contrato energético deja desprotegido a Estado y a consumidores

Los costos para la construcción de plantas de almacenamiento y la logística para el acarreo del gas natural licuado no son contemplados en el contrato de arrendamiento suscrito por la ENEE con la empresa Westport, que venderá al Estado de Honduras casi 100 megavatios de energía por 16 años.

En consecuencia, el Estado de Honduras, particularmente la ENEE, deberá realizar una inversión de 100 millones de dólares, unos 1,900 millones de lempiras, en los próximos 14 meses, según los análisis hechos por técnicos especialistas.

El decreto que autoriza la compra de los cien megavatios de energía sucia para cubrir el déficit energético en los departamentos del occidente de Honduras, en la región del bajo Aguán y en Olancho ha sido el más cuestionado, pero también el más debatido en la historia legislativa.

A raíz de ello, ha quedado evidenciado que no es la panacea que pintan las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en el sentido de que este contrato vendrá a desplazar el parque térmico debido a que se trata de una producción a base de gas natural, en vista de que las inversiones para crear la infraestructura de almacenamiento de ese químico ni siquiera están contempladas en el Plan Operativo de la ENEE para los próximos años.

Los diputados de la Alianza Parlamentaria Nacionalista, se opusieron a la aprobación del contrato para la compra de 100 megavatios de energía térmica por 16 años, porque dicho contrato encarecerá más el costo de la energía.

El vocero de ese grupo, Antonio Rivera Callejas, lamentó que no se agregó en el decreto una disposición para proteger al Estado y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tampoco a los consumidores.

Rivera Callejas dijo que la generación de energía con diésel es más cara y en el contrato existe la posibilidad de cambiar la producción y hacerla en base a gas licuado.

"Lo que nosotros pretendíamos era apoyar el contrato, pero con dos salvaguardas, con dos candados o garantías", reveló el congresista.

Explicó que "la primera de ellas era que si al decimocuarto mes no se emigraba de diésel a gas licuado, que se rescindiera el contrato automáticamente, sin perjuicio para el Estado y para la ENEE, y la otra, que la compañía Westport apenas solo tiene dos años de fundación y no tiene experiencia en este rubro, por lo tanto, que la compañía Wartsila fuera el aval o garante".

Esos dos términos fueron los planteados por la alianza, "nosotros queremos que haya energía eléctrica, pero barata, porque de no ser así el costo de la energía se encarecerá aún más", sostuvo.

El parlamentario se preguntó ¿qué va a pasar si el día de mañana los habitantes de Puerto Cortés rechazan esa planta de almacenamiento de gas licuado por razones ambientales, qué va a pasar con los 16 años y a un precio muy alto?

"Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se cambie la matriz eléctrica de diésel a gas licuado, pero queríamos las garantías para que no pase lo de LatinCom o con la estación de carbón", continuó.

Olancho, sin emergencia

Por su parte, el jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, reveló que el departamento de Olancho ya no será una zona con déficit energético, por tanto, sale de la declaratoria de emergencia.

Saavedra explicó que el problema de energía que padece Olancho será solventado este fin de semana ya que la subestación de Catacamas será conectada al Sistema de Interconexión Centroamericano.

Igual ocurre con la subestación de la Entrada, Copán, –incluida en el decreto de emergencia-, que solo espera conectarse al mismo sistema.

Saavedra dijo que con esto queda demostrado que el contrato ENEE-Westport no viene a resolver la crisis sino que "es un buen negocio para grupos interesados y no para el pueblo hondureño".