Atentados a libertad de prensa amenazan al estado de derecho

La Fiscalía de Derechos Humanos abrió un expediente investigativo en torno a las denuncias de atentados y amenazas que están recibiendo varios periodistas en el ejercicio de su profesión.

El diario La Tribuna, denunció ayer graves amenazas contra el personal de redacción de ese periódico, a raíz de publicaciones de denuncias relacionadas al involucramiento de policías en diversas acciones delictivas. La fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, confirmó ayer el inicio de las indagaciones para deducir responsabilidades.

"Se va a abrir una investigación de oficio una vez que sea vista la información por la Fiscalía de Derechos Humanos, en razón de que estas amenazas y estos presuntos hostigamientos ocurren producto de las investigaciones que se están haciendo sobre toda la crisis derivada en la organización policial a partir del asesinato de los jóvenes universitarios", expresó Ponce.

Agregó que la Fiscalía va a analizar la información vertida en los diferentes medios de comunicación al respecto de este tema, de conformidad a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

La investigación se inicia de oficio, para comprobar de dónde provienen los atentados y actos de hostigamiento", indicó. Para la fiscal no existe duda que las amenazas provienen de policías vinculados a actividades ilícitas.

"Si esto es resultado o tiene como propósito disuadir a los periodistas para que no sigan el trabajo que han venido realizando es lógico que provenga de las personas que se sientan afectadas por ese trabajo", apuntó.

A criterio de la fiscal, esto confirma que existe un aparato organizado dentro de la Policía que actúa paralelamente a la institucionalidad, infringiendo la ley.

En precario democracia

Ponce lamentó que los atentados y amenazas contra periodistas, derivado por la corrupción policial, pone en precario el sistema democrático por impedir la libertad de prensa.

"En razón a que este tipo de actos que tratan de impedir el ejercicio del periodismo, que tanto ha contribuido a develar la crisis, definitivamente impactan en el funcionamiento del estado de derecho", expresó. "Los hechos son definitivamente condenables", expresó.