“Paquetazo” del CN causará fuga del ahorro al exterior

La aprobación de cargos o tarifas sobre las transacciones financieras no ha generado buenos resultados en países donde esas medidas fueron aprobadas por los gobiernos.

Así concluye un documento de trabajo preparado por el Fondo Monetario Internacional y denominado "Domiciliación bancaria de impuestos en América Latina: un análisis de las tendencias recientes", que fue elaborado por los expertos Isaías Coelho, Liam Ebrill y Victoria Summer.

El documento hubiese sido de mucho valor para evitar que el Congreso Nacional de Honduras aprobará la aplicación de un cobro sobre las operaciones financieras para recaudar fondos para financiar la Tasa de Segurida Poblacional, promulgada mediante decreto 105-2011, el que está pendiente de la sanción o el veto del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.

El cobro de una tarifa de cero punto tres por ciento (0.3%) sobre los retiros de cuentas de ahorro con saldos arriba de 120,000 lempiras ha provocado un enorme rechazo de muchos sectores productivos y de la sociedad en general, por considerar que esa medida es confiscatoria y que desincentiva el ahorro.

Para el Fondo Monetario Internacional, "la conclusión de la política general es que el uso de estos impuestos se debe evitar" por los efectos negativos que tiene sobre la economía.

Experiencias

Uno de los organismos que ha criticado la aprobación de esos impuestos sobre las operaciones financieras es el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el documento, la aplicación de estos cargos se han introducido en Latinoamérica para responder a una crisis económica y una administración fiscal débil en estos países (a excepción de Brasil) y es por un corto plazo (a excepción de Colombia, que lo hizo permanente en 2000).

Entre 1998-2001, Argentina lo aprobó porque tenía una economía deprimida y una disminución de la recaudación fiscal por evasión. En 1989, Perú lo hizo por una disminución en la recaudación fiscal por una crisis económica.

El gobierno de Colombia, en 1998, declaró una emergencia económica. Ecuador, en 1999, tomó esa medida por la crisis en la banca y la moneda. Venezuela (1994, 1998-1999, 2001) por la disminución en los ingresos.

En Honduras, el Congreso Nacional aprobó recientemente la Ley de Seguridad Poblacional con el objetivo de combatir la delincuencia y para esa finalidad se crearon una serie de tasas e impuestos que vendrán a golpear varios sectores de la sociedad.

No obstante, una de las medidas que mayor polémica ha generado es la aplicación de un cobro sobre los retiros de cuentas de depósito, lo que expertos nacionales han coincidido que puede provocar un desicentivo en el ahorro y, por ende, algunos cuentahabientes pueden tomar acciones para evitar el pago de ese nuevo tributo.

Para la aprobación del decreto 105-2011 no se solicitó la opinión del Banco Central de Honduras (BCH), que constitucionalmente es la responsable de dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia de Honduras.

Tampoco se consultó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que es la responsable del sistema financiero nacional.

Lo anterior ha profundizado la preocupación de los ahorrantes por las repercusiones negativas que puede tener el cobro de esa tarifa sobre las transacciones financieras. Las últimas reformas fiscales aprobadas en el país han contado con la asesoría de expertos fiscales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM), pero en esta ocasión el Poder Legislativo no solicitó la asistencia de los profesionales de esos organismos financieros internacionales para que expusieran algunas experiencias de otros países donde ellos tienen acreditadas oficinas de representación.

Desventajas

Para el FMI, el cobro de un impuesto sobre las operaciones financieras conlleva una serie de desventajas. Una es la desintermediación financiera, o sea que van a tratar de hacer las transacciones financieras usando otras vías.

Las implicaciones de la desintermediación financiera pueden ser mucho más graves que los beneficios obtenidos por este impuesto, ya que se dirige a un sistema económico que está funcionando bien y que es un factor crítico para el desarrollo del país.

La segunda es la sustitución por efectivo, por ejemplo: en Brasil, Colombia y Ecuador, el porcentaje de dinero fuera de la bancos versus el dinero en sentido estricto se ha incrementado de 15% a 150%.

Otro de los señalamientos son las cuentas offshore; en Argentina, la gente abría cuentas en Uruguay y los ecuatorianos en una ciudad fronteriza con Perú. Una vez que la gente empiece a transar en el exterior va a ser muy difícil que vuelva a transar localmente.

Otro hallazgo del estudio son las nuevas prácticas; en Colombia, la cantidad de cheques compensados bajó un 47%. La gente empezó a intercambiar mercadería. Todas esas experiencias han sido objeto de análisis de los expertos del Fondo Monetario Internacional, quienes han elaborado una serie de recomendaciones para evitar que sus países miembros caigan en la aprobación de esas prácticas, por los efectos negativos que pueden tener en las economías.

Repercusiones

Un estudio realizado por el Fondo Monetario revela que por cada dólar generado por este impuesto se perdió por intermediación financiera 28 centavos de dólar en Venezuela, 41 centavos de dólar en Colombia y 47 centavos en Ecuador.

"Habiendo desintermediación financiera, la recaudación proyectada por este impuesto baja, ya que la base baja".

El FMI sugiere evitar la aplicación de este impuesto, ya que no es una fuente eficiente de ingresos, crea intermediación financiera y el impacto puede ser mayor de lo estimado, especialmente el efecto contrario de otros impuestos, si la actividad económica baja.

Las consecuencias de la desintermediación financiera sobre la salud económica del país son importantes y variadas, concluyen una serie de estudios internacionales. Sin embargo, existen tres que resulta importante mencionar.

Primero, condiciona los mecanismos de transmisión monetaria y en dicha medida restringe la capacidad del banco central de llevar adelante su política monetaria. Segundo, encarece el crédito, ya que caen los fondos disponibles para préstamos.

Si bien la holgada posición de liquidez de los bancos mitigaría este efecto en el corto plazo, hay que estar atentos a la velocidad con que la caída de depósitos pueda producirse.

Tercero, reduce la eficiencia en el proceso de asignación de recursos corrientes (entre agentes que ofertan y demandan recursos) e intertemporales (entre los mismos agentes, dada su preferencia por adelantar o posponer sus decisiones de consumo e inversión).

Ante las consecuencias que pueda tener la aplicación de esa ley, organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa (Cohep) han advertido que al momento de publicarse el decreto en La Gaceta se procederá a presentar un recurso de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia.

El sector privado nacional ha venido cuestionando los constantes cambios en la política tributaria y fiscal del país, lo que genera incertidumbre en la inversión nacional y extranjera por la incertidumbre que genera saber que en cualquier momento el gobierno puede recurrir a reformas para cubrir su excesivo gasto corriente.