Empresas rechazan “intromisión” de Zelaya

La idea de revisar los costos de producción de las empresas hondureñas ha causado un total rechazo dentro del sector empresarial.

El titular de Industria y Comercio, Fredys Cerrato, aseguró que esta decisión fue tomada por el presidente Manuel Zelaya en Consejo de Ministros.

Para lo cual se formó una comisión especial integrada por autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Secretaría de Finanzas, Industria y Comercio y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

“Aquellos sectores empresariales que se están excediendo de las utilidades y que no trasladan las rebajas a los consumidores tendrán que ser penalizados de acuerdo con la ley”, dijo Cerrato.

El gobierno comenzará la revisión de costos en las empresas molineras, cementeras, avícolas, cárnicas y de concentrados, entre otras.

En relación al tema del cemento, el gobierno busca el análisis de las cifras para comprobar, de acuerdo con Cerrato, que los costos por flete se han venido a bajo, luego de la caída en el precio de los combustibles.

“El precio de la bolsa de cemento debería bajar por la rebaja que se ha producido en flete”, aseguró el funcionario.

Agregó que “ha disminuido ostensiblemente la construcción y que el poder adquisitivo del pueblo también se va perdiendo, entonces los cementeros deben hacer sus ofertas, disminuir utilidades para vender más barato y de esa manera inyectarle un costo a la motivación que puede tener una persona para poder construir”.

Rechazo

Por su parte, el sector empresarial ha sido claro, en que no aceptarán esta revisión de costos, que significa para ellos “una intervención del Estado”.

Mario Bustillo, gerente de la Cámara de Comercio e Industria y Tegucigalpa (CCIT) manifiesta que “esa es una intromisión del Estado en algo que no le compete, existe información confidencial que manejan las empresas y no puede estar totalmente abierta al mercado”.

Los empresarios compararon esta iniciativa del gobierno con algunas actuaciones realizadas contra la empresa privada en países de Suramérica, “sería una intervención como en los países autoritarios, porque solo en el caso de monopolios u oligopolios el gobierno tiene que tomar medidas, pero siempre bajo una investigación de mercado”, recalcó Bustillo.

Otros empresarios, como Alejandro Álvarez, vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), declararon esta medida, como “terrorismo”, de parte del gobierno.

“Están dañando sobre todo el concepto que se tiene de la libre empresa en Honduras y esto afecta directamente la inversión”, comentó Álvarez.

Amílcar Bulnes, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), prefirió no referirse al tema ni a las recientes declaraciones del titular de la SIC, donde expuso la necesidad del gobierno de conocer los costos reales de las industrias.