Honduras
La política energética del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales se resume en cinco palabras: crónica de un fracaso anunciado.
La contratación de emergencia de 205 megavatios de energía con carbón -CECSA con 150 MW y Vetasa con 55 MW- está a punto de ser declarada desierta por los problemas que enfrentan esas empresas para obtener financiamiento para construir dos plantas en Trujillo y en Puerto Cortés.
EL HERALDO denunció que esos contratos, adjudicados el 28 de diciembre de 2007 por la junta interventora que presidió Arístides Mejía, fueron otorgados a empresas de maletín, ya que no tenían experiencia en la generación de energía, muchos menos los 400 millones de dólares requeridos para la construcción de las dos centrales que cubrirían la demanda de electricidad.
En Honduras se estima que el consumo de energía aumenta entre 80 y 90 megavatios anuales.
Oscuro panorama
Cubrir el déficit energético previsto para 2009 y para los años venideros es incierto, ya que la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, aún no tiene claro si CECSA y Vetasa cumplirán con los contratos aprobados por el Congreso Nacional en octubre anterior.
El cronograma establecía que 12 meses después de la publicación de los contratos en La Gaceta, las mencionadas empresas se comprometían con una generación temprana de 105 megas en un año, o sea finales de 2009.
La funcionaria subraya que la intención del gobierno es asegurar la prestación del suministro de energía a través de un “sobre seguro”, o sea que CECSA demuestre su capacidad financiera, técnica y operativa, para evitar que esta trafique con la licencia de la concesión por 20 años.
Agregó que para fines de este año esperan una respuesta de la mencionada empresa para saber si construyen o no la planta.
Moncada dejó entrever ayer en una entrevista con la emisora Radio Cadena Voces que ante el incumplimiento de las mencionadas empresas, se han visto obligados a gestionar el apoyo con empresas de Venezuela y Corea (sin precisar si las negociaciones son con Surcorea o Norcorea) para que participen en la generación de energía Eléctrica.
Además, existe la posibilidad de importar energía de El Salvador y Nicaragua.
La gerente de la ENEE aseguró que cuentan con un plan “B” para evitar los racionamientos, o sea opciones como la creación de empresas mixtas con Venezuela.
La gestión más reciente es con la compañía coreana Detco, con la que han compartido información como la demanda requerida de eléctrica.
El presente gobierno no ha contratado un solo megavatio en casi tres años de gestión.
Abonados esperan que Fiscalía logre la rebaja
Reclamos. A pesar de que cada día aumenta el número de personas que piden que se trasladen las rebajas del bunker a las tarifas eléctricas, la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, insiste en que no es factible porque esa empresa aún se encuentra en una difícil situación económica.
Ante esa negativa del gobierno, la Fiscalía de Protección al Consumidor ha citado al presidente de la Comisión Nacional de Energía, Isaías Aguilar, y a la gerente de la ENEE.
Moncada respondió que han proporcionado la información solicitada por la Fiscalía sobre el manejo de la fórmula del ajuste por combustible. Los abonados de la estatal eléctrica han reclamado que se reduzca el ajuste por combustible, ya que en aquellos casos que el consumo supera 500 kilovatios, ese cargo es de 120%.
Los que facturan entre 150 y 300 kilovatios, el ajuste es de 53%, mientras los que están en el rango de 301 y 500 Kw/h, ese cobro es de 80%.
El reclamo se fundamenta en la drástica caída del bunker, el que se cotiza abajo de 28 dólares el barril de 42 galones, con el que se genera el 65% de la electricidad consumida en el país.