Suspenden "trancazo" de registro vehicular

La tasa disfrazada de impuesto que pagarían los propietarios de automotores -carros particulares y de alquiler, motocicletas, maquinaria agrícola y de construcción- a partir de 2009, por la emisión de un certificado vehicular, ha sido suspendida.

Así lo confirmó ayer el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Mario Bustillo, organización privada que será responsable de emitir el certificado.

La decisión de ese organismo responde al malestar por el exagerado trancazo por la emisión de ese documento público, el que oscilaría entre 500 y 3,000 lempiras, dependiendo de la antigüedad de la unidad o del año de introducción al país.

Expertos en la materia manifestaron a EL HERALDO que una tasa es un cobro por un servicio prestado y no tiene como fin generar utilidad, y en este caso específico el registro vehicular generará alrededor de 1,250 millones de lempiras, de los que 250 millones serían para la CCIT, que actúa como centro asociado, y 1,000 millones serían trasladados al Instituto de la Propiedad (IP).

Además, los profesionales consultados manifestaron que esa tasa es inconstitucional y el Estado de Honduras está incurriendo en un “enriquecimiento indebido”.

El contrato de gestión y operación del registro público de vehículos automotores, publicado en La Gaceta 31,620 del 30 de mayo de 2008, fue suscrito por el entonces vicepresidente, Elvin Santos Ordóñez, quien fungió como presidente del Consejo Directivo del IP, y por Amílcar Bulnes, presidente de la CCIT.

El convenio fue firmado el 9 de octubre de 2007.

Empresarios molestos

A raíz de la publicación aparecida ayer en EL HERALDO, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, se defendió de los señalamientos en una entrevista concedida a la radioemisora HRN.

“La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, a raíz de toda una campaña mediática en la cual también estuvieron involucrados algunos políticos en relación al tema, mucha desinformación, más la crisis económica que está ahorita, ha tomado la decisión de reevaluar el proyecto y suspenderlo por ahora”, subrayó Bustillo.

Agregó que el cobro por la emisión del registro vehicular se analizará con todos los sectores, con el Instituto de la Propiedad e inclusive con el Congreso Nacional para ver la factibilidad del proyecto.

“Hay que recordar también que entramos en un año político, continuó, empezamos hablar del tema de las tasas, entonces creo que lo prudente es dejarlo en ‘stand by’ como se ha decidido y vamos a evaluar si vamos a continuar nosotros como Cámara en este proyecto”.

Según el director de la CCIT, “nosotros estamos evaluando eso, tenemos que tomar una decisión pronto, si la Cámara de Comercio va a continuar con este proyecto o no, de momento, está parado, las condiciones no han sido favorables para poderlo implementar, vamos a un año político y esto puede ser utilizado también por políticos como una bandera de lucha”.

Millonarios ingresos

Estadísticas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) revelan que en el país hay registrados más de 800,000 automotores.

Tomando como promedio el cobro por el certificado, el que oscila entre 500 y 3,000 lempiras, los ingresos por esa tasa rondarían 1,250 millones de lempiras.

Mario Bustillo sostuvo que se había previsto más o menos unos 600 millones de lempiras, pero en cinco años.

Agregó que la CCIT no recibiría entre 200 y 250 millones de lempiras por ese servicio, tal como lo han denunciado expertos en el tema, pero tampoco precisó una cantidad real.

Los empresarios capitalinos han anunciado una inversión de 100 millones de lempiras en la adquisición del software para la emisión del certificado, así como en la capacitación del personal por parte de expertos de México y Colombia, quienes han asesorado a la Cámara sobre el registro vehicular.