CCIT negoció cobros de otros servicios que se prestan gratis

Además de la tasa disfrazada de impuesto por la emisión del registro vehicular, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) negoció con el Instituto de la Propiedad (IP) cobrar por otros servicios que en la actualidad reciben gratis los propietarios de automotores.

Entre esos se mencionan la inspecciones de nuevas importaciones en agencias y distribuidoras de carros usados, así como en el parque automotor existente.

Por esos servicios, el IP en contubernio con la CCIT fijó un cobro de 300 lempiras, el que personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) realiza sin costo alguno.

Además, el valor de otros servicios fueron aumentados, por ejemplo, los cambios físicos tienen un valor de 20 lempiras, pero con las nuevas tasas, el propietario pagaría 500 lempiras.

El cobro por constancias o certificados aumentaría de 150 a 300 lempiras.

Expertos en la materia consultados por EL HERALDO manifestaron que era difícil cuantificar los ingresos por esos servicios, pero consideraron que las recaudaciones serían millonarias.

Todas esas tasas están contempladas en el acuerdo firmado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y el Instituto de la Propiedad, el que fue suspendido después del rechazo por la exagerada tasa por el certificado vehicular, el que oscilaría entre 500 y 3,000 lempiras.

Jugoso negocio

Solo el registro público de vehículos -más de 800,000 unidades- generaría unos 1,200 millones de lempiras durante 2009, de los que 950 millones serían para el IP y 250 millones para la CCIT.

El anterior presidente de la Cámara de Comercio, Amílcar Bulnes, quien en la actualidad es el titular del Cohep, dijo a varios funcionarios que las tasas fueron aprobadas por el Instituto de la Propiedad y que al haber muchos cuestionamientos por los cobros, lo mejor era suspender su aplicación y someter a concertación las tasas con varios sectores.

Sin embargo, en el acuerdo, principalmente en las facultades de la CCIT, los empresarios capitalinos eran los responsables de proponer, en base a un estudio de costo, los precios de los servicios que se deriven de la actividad de registro vehicular.

Una de las responsabilidades del IP fue aprobar las tasas por los servicios a cobrar por el registro automotor en el ámbito de sus atribuciones.

La primera fase del contrato expira el 27 de enero de 2010 y de no existir manifestación de ninguna de las partes de dar por terminado el acuerdo, se prorrogaría automáticamente por el término de cuatro años.

Mario Bustillo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, dijo que la aplicación de las tasas quedaba suspendida hasta que no se llegue a un nuevo acuerdo con las autoridades del Instituto de la Propiedad y el Congreso Nacional.

EL HERALDO denunció que los propietarios de automotores y motocicletas pagarían una tasa disfrazada de impuestos, ya que ese servicio generaría una utilidad, la que sería compartida por el IP y la CCIT, lo que contraviene la Constitución de la República.

Bustillo dijo que los ingresos por esa actividad sumarían unos 600 millones de lempiras, pero no precisó qué cantidad le correspondería a la Cámara, la que de acuerdo con su opinión ha invertido unos 100 millones en la adquisición de una solución informática para la emisión del certificado y de otros servicios que prestarían.

Tiran la toalla

Además de la suspensión del cobro por el registro automotor, la junta directiva de la CCIT comunicó al titular de la DEI, Armando Sarmiento, que no asumirían el manejo de las oficinas de matrícula de vehículos, la que habían anunciado administrarían a partir de este año.

El funcionario confirmó ayer esa información y dijo que personal de la DEI continuará prestando los servicios de inscripción y registro de automóviles en las oficinas que operan en las cuatro regiones del país.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos tiene oficinas regionales en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, Juticalpa y Danlí.

Sarmiento lamentó la decisión de los empresarios capitalinos, ya que la intención con el traspaso de la inscripción de vehículos era mejorar el servicio al público mediante la compra de un sofisticado equipo de informática.

La Cámara de Comercio ya había seleccionado el personal que sustituiría a los empleados y funcionarios de la DEI que trabajan en las 10 oficinas y realizado inversiones en soluciones informática.

La inscripción es el registro obligatorio que realizan los propietarios de autos, remolques y motocicletas en las oficinas de matrícula de vehículos, la que procede después de presentar toda la documentación obligatoria, tanto de la unidad como la del propietario, y de la investigación en los órganos policiales, en donde se verifica que no tenga reporte de robo.

Funcionarios y empleados de las oficinas de Matrícula de Vehículos han sido despedidos por estar ligados al blanqueo de carros robados con bandas organizadas a esa actividad ilegal en el país.