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Unos 8,000 capitalinos perdieron ya su empleo

La ANDI señala que se violenta el principio de igualdad ante la ley, porque los trabajadores de la maquila fueron exceptuados para la aplicación del nuevo salario mínimo.
14.01.09 - Actualizado: 14.01.09 05:56pm - Iván Vásquez: kelssin.vasquez@elheraldo.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

Mañana 15 de enero será un día de alegría para ciertos trabajadores que recibirán un alza salarial y de tristeza para unos 8,000 capitalinos que ya perdieron su trabajo ante la imposibilidad de las empresas de pagar el impugnado salario mínimo de 5,500 lempiras mensuales.

El presidente Manuel Zelaya anunció el 24 de diciembre en cadena nacional que el salario mínimo para las empresas situadas en la zona urbana del país asciende a los 5,500 lempiras y en el área rural a 4,055.

En la publicación del Diario Oficial La Gaceta del 27 de diciembre se determina que el ajuste salarial es de estricto cumplimiento en todo el país y entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2009.

Bajo la estructura del salario mínimo se encuentran unos 600,000 trabajadores, de los cuales unos 12,000 fueron despedidos en el transcurso del presente año de diferentes empresas del territorio nacional.

Daños

El asesor económico de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Cándido Amaya, manifestó que un estudio preliminar que será presentado durante los próximos días a la opinión pública indica que se perdieron a la fecha unos 8,000 empleos solo en la capital. Además existe la posibilidad de que estos recortes de personal sean apenas la punta del iceberg, que impacte la economía de las empresas y del país.

La CCIT efectúa, también, una encuesta respecto a la posibilidad de la liquidación de empresas y otros problemas que deterioren más las relaciones armónicas entre el capital y el trabajo.

Impugnaciones

El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Benjamín Bográn, lamentó que de aquí en adelante las personas despedidas son los que "no tienen una representación legal, los sin rostros y los que trabajaban en la micro y pequeña empresa".

El ejecutivo solictó al gremio empresarial agilizar la documentación necesaria para totalizar las 200 impugnaciones en contra del salario mínimo vigente, que es desproporcionado, porque hasta diciembre de 2008, tomaba en cuenta las diferencias de región geográfica, cantidad de empleados y tipo de trabajo, entre otras especificaciones.

El asesor legal del Cohep, Jhon Padgett, informó que este día a las 3:30 de la tarde interpondrán entre 30 y 40 recursos adicionales de amparon en contra del alza salarial.

Otras acciones

En base a una publicación de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ya se habla que además de la interposición de los recursos de amparo, se presentarían ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) varios recursos de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Ejecutivo STSS374-STSS-08 que fija el salario mínimo.

Algunos abogados de las empresas coinciden que la Constitución de la República establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.

En el presente caso, previo estudio del departamento legal de la ANDI, se asegura que el referido acuerdo ejecutivo, mediante el cual se fijó el salario mínimo para todos los sectores es absolutamente ilegal y por tanto nulo, pues violenta normas constitucionales y legales vigentes en el país.

Según la ANDI, este acuerdo es inconstitucional porque fue impuesto de manera unilateral por el presidente Zelaya, no observa las condiciones de las regiones, labor y costo de vida, y violenta la Ley de Municipalidades que determina qué comunidades del país son urbanas y cuáles son rurales.

La ANDI señala que se violenta el principio de igualdad ante la ley, porque los trabajadores de la maquila fueron exceptuados para la aplicación del nuevo salario mínimo.

En el referido acuerdo también se crea una partida presupuestaria para la Secretaría del Trabajo, por lo que se violenta el sistema financiero del sector público, porque la Secretaría del Trabajo no tiene las capacidades legales de crear o modificar el Presupuesto General de la República.

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