Gobierno amenaza con multar a empresarios

La nueva página que se escribe en la novela del salario mínimo es la advertencia de la secretaria de Trabajo, Mayra Mejía, de aplicar multas e interponer acciones legales en contra de los empresarios que incumplan el pago del salario mínimo de 5,500 lempiras a los trabajadores de la zona urbana y de 4,055 en la rural.

Un contingente de empleados integrados de la Inspectoría y Procuraduría de la Secretaría del Trabajo será desplegado a partir del lunes 2 de febrero del presente año para verificar e imponer sanciones de hasta 25,000 lempiras a las empresas que violenten la referida normativa.

“Las admisiones de los recursos de amparo, interpuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), son sin suspensión del acto reclamado y tienen carácter obligatorio. Le pedimos al Cohep que cumpla con la ley”, indicó la funcionaria.

La ministra considera que el inicio de las inspecciones será un reconocimiento a varias llamadas telefónicas efectuadas por empresarios responsables y cumplidores de esta normativa.

Las visitas iniciarán en las grandes empresas y luego se supervisarán a la mediana así como a la pequeña empresa.

Multas

La funcionaria advirtió que impondrán a los empresarios que incumplan esta normativa multas hasta por 25,000 lempiras mensuales.

Además calificó como erróneo el llamado del Cohep hacia las empresas de incumplir con la ley. Los empresarios saben, continuó, que cualquier vulneración a los derechos del trabajador es nula, por eso tampoco pueden pactar un salario básico inferior al establecido.

Anunció que se generarán los antecedentes y el informe que fue solicitado por la CSJ, para que pueda fallar de manera pronta sobre los recursos de amparo interpuestos por el sector privado y así traer la paz social a los empresarios y trabajadores del país.

La funcionaria expresó que el Departamento Legal de Cáritas y el Consultorio Jurídico Gratuito asesorará a los obreros en demandar a las empresas por el incumplimiento al pago del salario mínimo.

Reacción

El presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, expresó que la ministra Mayra Mejía efectuará su trabajo y que los empresarios harán el propio.

El asesor legal del Cohep, Armado Urtecho, dijo que esperan el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de los más de 260 amparos interpuestos y que hasta conocer esta resolución, entonces, pagarán el nuevo salario mínimo.

Urtecho dijo que la Ley del Salario Mínimo establecida en el Decreto 103, Artículo 40, dice que a toda falta laboral se le aplicará una multa que oscilará entre 100 y 1,000 lempiras y la reincidencia tendrá un recargo de un 50%.

“El sector privado no está en contra de sus trabajadores... No sé de dónde sacaron esa multa de 25,000 lempiras por trabajador”, recalcó.

Una reserva

La diferencia entre el salario mínimo vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 y el autorizado por el gobierno para el presente año, debe considerarse como una provisión para ser cancelado por los empresarios a sus trabajadores a partir de los próximos días.

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ), trascendió que la próxima semana se pronunciarán respecto a más de 160 recursos de amparo con solicitud de suspensión del acto reclamado interpuestos por las empresas en contra del Acuerdo Ejecutivo 374-STSS-08.

El abogado laborista, German Leitzelar recomendó a los empresarios crear una provisión económica en las empresas que determinaron seguir cancelando el nuevo salario mínimo vigente hasta el 31 de diciembre del año anterior.

Una asamblea de presidentes del Cohep sugirió el pasado miércoles 28 de enero a la industria y el comercio que postergue el pago al salario mínimo a los trabajadores de la zona urbana, fijado en 5,500 lempiras y el de los obreros del área rural en 4,055 lempiras.

En contraposición, se recomienda continuar pagando el sueldo básico vigente hasta el 31 de diciembre de 2008.

“Recomiendo a los empresarios que no pagarán este nuevo salario, que efectúen una reserva económica y que la depositen en los bancos y que conversen con sus trabajadores respecto a este tema y esperar que en la Corte Suprema de Justicia resuelva este recurso”, dijo Leitzelar.

El asesor legal del Cohep, Armando Urtecho, ha expresado en reiteradas oportunidades que los plazos establecidos en la ley difícilmente se observan en el sistema de justicia del país y que la resolución de los amparos en la Corte podría ser antes del 31 de enero o mucho tiempo después.

En el marco de reuniones sostenidas en el Cohep y en la cámara de industria y comercio de San Pedro Sula y Tegucigalpa, se ha evaluado el impacto económico en las empresas que posterguen el pago de este derecho laboral, si la Corte Suprema falla a favor del gobierno.

Algunos empresarios temen la creación de una represa económica generada porque no se canceló en tiempo y forma la diferencia entre el salario mínimo del 2008 y el vigente. “Una situación así nos podría mandar a la quiebra”, temen algunos hombres de negocio.