Andi pierde primera batalla legal contra salario

Aunque conocerán el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia hasta este jueves, los industriales estiman que la primera lucha legal en contra del salario mínimo “está perdida”.

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) interpuso hace casi un mes ante la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del salario mínimo.

Los empresarios pretendían con esta acción legal invalidar la vigencia de un histórico incremento del sueldo de subsistencia de 5,500 lempiras para los obreros de la zona urbana y de 4,055 para los de la rural.

¿Derrotados?

Es casi un hecho que la Corte fallará en contra de este recurso, expresó el asesor legal de la Andi, Santos Gabino Carvajal.

El abogado explicó que los actuales magistrados no correrán el riesgo de confrontar a las centrales obreras.

De manera reciente, el presidente Manuel Zelaya, solicitó en un acto público que los nuevos magistrados no fallaran en contra de los intereses de los obreros.

El nuevo salario mínimo “beneficia” a unos 600,000 obreros, pero su aplicación ha contribuido con el despido de unos 100,000 trabajadores en todo el país.

También se habla del cierre de empresas y de actividades productivas diversas, porque los empresarios no pueden cancelar este pago.

Carvajal expresó que la Corte emitirá, este jueves, la referida resolución y que existen indicios razonables de que será negativa a los intereses de la Andi.

Amparos

El asesor legal de la Andi expresó que el fallo, para los casi 400 recursos de amparo, de la Corte podría ser positivo si se analizaran los motivos que se tienen para no poder pagar el nuevo salario mínimo, “en este caso existen las causales justificadas de pérdidas económicas y el cierre potencial de unidades productivas, porque las empresas no pueden cancelar este nuevo salario”, indicó Carvajal.

La Corte Suprema, a través de un comunicado, indicó que se manifestará al respecto hasta la segunda quincena de marzo del presente año.

Para Carvajal es un tiempo considerable, porque son muchas las empresas que ante la imposibilidad de efectuar este pago, tienen que despedir personal y otras están amenazadas con cerrar operaciones.

“Creemos que sería suficiente que resolvieran por lo menos uno de los recursos, y no esperar hasta que se falle por el total de los 400”, aspiró Carvajal.