TSC deducirá responsabilidades a funcionarios

La contratación de energía eléctrica con carbón mineral a importarse de Colombia sigue en la agenda de los órganos contralores del estado.

Moisés López Alvarenga, director ejecutivo del Tribunal Superior de Cuentas, lamentó ayer que el Poder Ejecutivo no haya tomado en consideración las objeciones en contra de la compra de emergencia para evitar futuras sanciones.

El contrato fue firmado por Arístides Mejía Carranza, en su condición de presidente de la junta interventora y representante legal de la ENEE, y por Leonel Eliseo López Rodas, como presidente de la Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras (CECHSA).

Agregó que en su momento el TSC hizo una serie de recomendaciones a la contratación directa, hasta pedirle al Congreso Nacional que se abstuviera de aprobar los contratos -150 MW a CECHSA y 55 MW a Vetasa- porque habían una serie de irregularidades, que eran perjudiciales al estado.

López Alvarenga aseguró que su sorpresa ha sido que las enmiendas que las autoridades de la ENEE prometieron incorporar no fueron incorporadas al contrato.

La gerente de la estatal eléctrica, Rixi Moncada, compareció la noche del martes 9 de septiembre de 2008 en el Congreso Nacional, en donde dijo a los diputados que el fideicomiso sería eliminado del contrato, después que esta figura fuera objetada por una serie de sectores, entre ellos el Tribunal Superior de Cuentas.

Además, la funcionaria dijo a los congresistas que se garantizaría la protección al medio ambiente.

Según el director ejecutivo, el TSC acaba de concluir una nueva auditoría en la ENEE, en donde se establece el costo que puede sufrir El estado y la población con los contratos de energía con carbón.

Además se ha aplicado una auditoría en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y hasta la fecha no se ha obtenido información sobre la autorización de las licencias ambientales para la construcción de las plantas en Trujillo, Colón y Puerto Cortés.

Moisés López Alvarenga dijo que si los contratos son amañados y en contra de las leyes, el TSC al final se verá obligado a realizar los reparos, ya sean civiles o penales, en contra de funcionarios, que quizás en su momento ya no estén en el estado.

No obstante, subrayó que la “responsabilidad no la podrán evadir -los involucrados-, no prescribe antes de los 10 años en el caso penal y antes de los cinco años cuando es de carácter administrativo”.