¿Quién ordenó aprobar fideicomiso a carbonera?

La compra directa de energía con carbón sigue contaminando a la presente administración.

Ahora surge un nuevo elemento que aporta más polémica a ese tema: ¿Quién ordenó que se aprobara el fideicomiso para garantizarle los ingresos a CECHSA?.

EL HERALDO denunció que la empresa ganadora del bloque de 150 megavatios, la Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras SA (CECHSA) fue favorecida al crearse un fideicomiso, lo que garantizaba los ingresos por espacio de 20 años.

Así quedó establecido en el Decreto 159-2008, publicado en La Gaceta 31,818 del 22 de enero de 2009.

La constitución del fideicomiso en el Banco Central de Honduras (BCH) ha generado controversias, ya que se está favoreciendo a uno de los tantos proveedores que tiene la estatal eléctrica.

Proyecciones de expertos en la materia revelaron que la mencionada “carbonera” recibiría unos 180 millones de lempiras mensuales por la venta de energía o 2,160 millones anuales, los que serían cobrados mediante un fideicomiso constituido en el BCH.

El fideicomiso

La cláusula 9.6 del Decreto 159-2008 contempla que “El comprador -ENEE-, a más tardar 30 días calendario después de la publicación en La Gaceta de este contrato y para el resto de la vigencia del mismo, deberá a su propio costo, constituir y mantener un fideicomiso en el Banco Central de Honduras o en un banco (el fiduciario) aceptable en forma y sustancial al vendedor -CECHSA-, en el cual el fideicomisario será el vendedor, y el fideicomitente será el comprador”.

Agrega que el objeto del fideicomiso es constituirse como la primera garantía para honrar las obligaciones de pago del comprador al vendedor de acuerdo a lo aquí pactado.

Cuestionamientos

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través de un informe brindado por su director ejecutivo Moisés López Alvarenga, denunció que el fideicomiso iba en detrimento de la ENEE y del gobierno de Honduras, ya que les quita flexibilidad financiera, en el momento de establecer la prioridad de pagos, según sus necesidades operativas.

Además, otras contratistas pueden reclamar ese derecho, lo que empeoraría las finanzas de la estatal eléctrica.

Basado en los razonamientos jurídicos, el TSC pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional suprimir el fideicomiso del contrato, sin embargo, López Alvarenga dijo que la recomendación no fue tomada en consideración.

El entrevistado aclaró que el Tribunal Superior de Cuentas tiene entre 5 y 10 años para proceder por la vía administrativa o penal en contra de aquellos funcionarios que violaron las leyes correspondientes.

Junta Interventora

El ex presidente de la junta interventora de la ENEE, Arístides Mejía, en una nota enviada a este rotativo, aclara que el fideicomiso fue una figura solicitada por las tres empresas ganadoras de los contratos, argumentando que la situación de alto endeudamiento de la ENEE y el incumplimiento de los pagos a las térmicas -Lufussa y Emce-Enersa- hacía necesario la constitución para que los bancos pudieran prestar el dinero que se necesita para desarrollar los proyectos.

Agrega que “por recomendación del TSC, en el Ejecutivo tomamos la determinación de solicitar a las empresas a ser contratadas -CECHSA, Vetasa y Envasa- que renunciasen al fideicomiso, cosa que hicieron dos de las empresas cuyas notas adjuntamos”.

Mejía subraya que “tomando en cuenta que el fideicomiso solo podía tener vigencia legal por medio de la aprobación del Congreso Nacional, hizo llegar notas (verlas impresas) al ministro de la Presidencia (Enrique Flores Lanza) y este al Congreso Nacional y desconocemos la razón por la cual no fueron tomadas en consideración al momento de aprobar los contratos”.

Añade que “suponemos que se trata de un error, en cuyo caso, el señor ministro de la Presidencia, que ahora es el presidente de la junta interventora de la ENEE, tendría que solicitar al Congreso Nacional que se enmiende ese contrato”.

“Debido a que la situación de la ENEE ha mejorado, los fideicomisos ya no son necesarios y de cualquier forma lo que se había planteado anteriormente había sido sustentado por la Comisión Nacional de Energía como una propuesta al Congreso Nacional, órgano que en definitiva es el que toma las decisiones finales para todos los avales del Estado”, concluye la carta enviada por Arístides Mejía.